Patronales y entidades presionan a los partidos para que dejen tramitar en el Parlamento la ley de dirección pública profesional

• El Foro de entidades (FERA) teme que la oposición haga decaer la tramitación del texto
• El proyecto impone procesos selectivos basados en "el mérito, la capacidad y la idoneidad"
• Las empresas y otras organizaciones piden debatir la norma "sin excusas y con generosidad"

Inquietud entre las patronales, colegios profesionales, cámaras de comercio y otras entidades ante la posibilidad de que el proceso de modernización de la administración catalana quede paralizado. El Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), constituido hace casi dos años, reclama a los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña que permitan tramitar el proyecto de ley de dirección pública profesional, aprobado por el gobierno de Salvador Illa. La alarma ha sonado porque este viernes termina el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad del texto, el PP ya ha promovido una y se teme que otras fuerzas como ERC o Junts den el mismo paso, lo que haría decaer la tramitación.

"No entramos en el contenido, si la proposición del ejecutivo es buena o no, sino que queremos que, como mínimo, se pueda tramitar y que después los partidos y entidades implicadas puedan decir la suya", explican fuentes empresariales. El FERA teme que una suma de enmiendas a la totalidad evite poder iniciar la discusión de una norma encaminada a modernizar la administración. "Todos los partidos lo defienden. No se entendería que ahora evitaran avanzar y desaprovechar la coyuntura política", añaden.

El proyecto de ley se aprobó el pasado julio y el FERA lo aplaudió, no por considerarlo perfecto, sino porque significaba el inicio del proceso de profesionalización de los directivos públicos en la Generalitat y, por tanto, de la reforma de la administración catalana. La norma, tal como está redactada, afectaría a más de 700 personas con altos cargos, entre directores generales y subdirectores generales, de los más de 260.000 empleados públicos que tiene la Generalitat.

Mérito, capacidad e idoneidad

El texto prevé, por ejemplo, procesos de selección para estos cargos "mediante criterios objetivos de mérito, capacidad e idoneidad; la evaluación y rendición de cuentas del personal directivo de tal manera que la permanencia en las posiciones directivas dependerá del cumplimiento de los objetivos establecidos en acuerdos de gestión, garantizando un seguimiento continuo y una evaluación periódica de su rendimiento".

Es el momento de debatirlo "sin excusas y con generosidad", porque "si decae en el Parlamento por la incapacidad de llegar a un consenso político o por la aprobación de una enmienda a la totalidad (que comportaría que el texto del proyecto quedara rechazado íntegramente y se devolviera al Gobierno, y que el proceso legislativo se detuviera) habremos perdido una ocasión única para modernizar nuestra administración", destaca el FERA en un comunicado.

"La incorporación de un modelo de dirección pública profesional es una pieza clave de la reforma de la administración y no se puede aplazar más. Precisamente, la demanda de profesionalizar a los directivos públicos fue una de las 10 reclamaciones que más de 300 entidades hicieron en noviembre de 2024 en la Llotja de Barcelona y que se recogieron en el Acuerdo de la Sociedad Civil para la reforma de la administración", recuerdan.

Los grupos políticos que afirman estar de acuerdo con la apuesta por una dirección pública profesional "no pueden ahora dar largas ni tampoco excusarse en el argumento de que ya se discutirá a través de la ley de la ocupación pública catalana", argumentan desde el Foro. De hecho, la reclamación no es que se mantenga el texto del proyecto de ley tal como es ahora, porque lo consideran "mejorable", sino que "se debata sin más dilaciones, y que se hagan los cambios que convengan". Recuerdan que "no puede haber un buen país sin una buena administración", y que "difícilmente habrá una mejor administración sin la profesionalización de la dirección pública."

Forman parte del FERA entidades como la Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP), la Asociación Catalana de Profesionales, la Cámara de Comercio de Barcelona, la patronal vallesana Cecot, los colegios catalanes de Economistas, de Ingenieros Industriales y de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología, el Club de Dirección Pública ESADE Alumni, la entidad empresarial FemCat o la Mesa del Tercer Sector Social. Se define como "un espacio de encuentro de entidades de la sociedad civil catalana que defienden la necesidad de abordar, de forma constructiva y exigente, la largamente reclamada reforma de la administración pública; que en el contexto económico, social y político actual del país resulta imprescindible y urgente."

En Cataluña, los últimos años, se han producido numerosos debates y propuestas sobre esta materia, que van de los congresos catalanes de gestión pública al Libro Blanco de la Función Pública Catalana o el Informe sobre Buen Gobierno y Transparencia Administrativa, entre otros.