Patronal y lobby de la propiedad hacen presión por el no al decreto de vivienda
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusa al gobierno español de "invadir" la propiedad privada
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MadridLa patronal catalana Pimec se mostraba este miércoles favorable a los decretos de vivienda del gobierno español, si bien apelaba a un "acuerdo amplio y duradero". En cambio, en la patronal española CEOE –Foment del Treball forma parte de ella– el tono ha sido bien distinto. Su presidente, Antonio Garamendi, ha reconocido públicamente que él votaría en contra y hasta ha puesto las propuestas y a sus impulsores en el lado malo de la película: "Algunos piensan que van de Robin Hood y no son conscientes de que representan al sheriff de Nottingham", ha dicho Garamendi durante su intervención en la Asamblea General de la CEOE de este jueves, en la que ha sido reelegido presidente por cuatro años más.
De los dos decretos, se sabe que el texto que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos no prosperará, mientras que el decreto con las medidas de protección a los más vulnerables, como la moratoria temporal de algunos desahucios, está en manos de Junts y Coalición Canaria, que este jueves por la tarde todavía no habían revelado el sentido de su voto.
Desde la CEOE no se ha dudado en denunciar que las normas del gobierno español dejan "sobre las espaldas del ahorro privado [los propietarios] la responsabilidad del Estado [de encontrar una solución] al problema de la vivienda". "Lo tiene que resolver la administración y no derivar en una invasión de la propiedad privada", ha reiterado Garamendi. El presidente de la CEOE le ve de hecho "más carácter electoral que político".
No es la primera vez que Garamendi se pronuncia sobre las políticas de vivienda del gobierno español. La última vez fue el mes de marzo, cuando se planteó la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Para la patronal es una "vergüenza" que se presenten decretos escritos horas antes de su aprobación y a contrarreloj para "solucionar un problema tan complejo y real" como el de la vivienda. El Banco de España pedía esta semana "afinar" con las medidas.
Las cámaras denuncian "inseguridad"
Quien comparte la tesis de la CEOE son las Cámaras de la Propiedad de Cataluña, que consideran que con los decretos se "corre el riesgo de agravar" el problema. En un comunicado difundido este jueves, las cámaras avisan que el marco regulador es "cada vez más complejo, restrictivo e inestable", con una creciente "inseguridad jurídica" que consideran que hará reducir la oferta de vivienda de alquiler. Las entidades defienden que hay que abordar "con urgencia" las dificultades de acceso a la vivienda, pero también critican que se pretende "trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas".
Al mismo tiempo, critican que se ponga el foco en la regulación de los alquileres, pero no en el incremento de la oferta, si bien el primer decreto plantea medidas para movilizar vivienda vacía, y también ampliar el parque público. "Si el mismo gobierno reconoce que España necesita cientos de miles de nuevas viviendas, la respuesta no puede descansar fundamentalmente en regular cada vez más las viviendas que ya existen", se recoge en el comunicado.
El segundo presidente más longevo
La vivienda ha eclipsado la proclamación de Antonio Garamendi como presidente de la patronal española CEOE por cuatro años más (hasta 2030). No ha necesitado elecciones porque no ha tenido rival. Con esta reelección, se convierte en el segundo presidente más longevo de la patronal española, por detrás del histórico José María Cuevas Salvador (1984-2007), y superará al catalán Joan Rosell i Lastortras (2010-2018), que introdujo el límite de dos mandatos en la presidencia de la CEOE que hace tres años el mismo Garamendi suprimió.
Garamendi comienza un nuevo mandato marcado por las tensiones dentro del diálogo social, el uso de un tono más elevado con el gobierno español y la ausencia de acuerdos tripartitos, de la cual responsabiliza en primera instancia al gobierno y al ministerio de Trabajo: "Es más aparente que real", ha dicho sobre el diálogo social.