El gobierno español entra en el accionariado de Openchip para impulsar el proyecto catalán de microchips
El ejecutivo invierte 115 M€ procedentes de fondos europeos a través de la empresa pública SETT
BarcelonaLa catalana Openchip, especializada en el diseño y comercialización de chips de alto rendimiento, recibe una nueva inyección de fondos públicos para impulsar su proyecto. Este lunes, la compañía con sede en Barcelona ha recibido 115 millones de euros del gobierno español a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la también llamada SEPI tecnológica del ejecutivo central.
Según han informado a ARA fuentes de la compañía, la operación –autorizada hoy por el consejo de ministros– implicará la entrada del gobierno español en el accionariado. La representación que tendrá el ejecutivo dentro de la empresa, sin embargo, todavía queda por definir.
La SETT ha llevado a cabo la operación a través de la iniciativa Next Tech, impulsada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el gobierno español y financiada con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En un comunicado difundido este lunes, la empresa subraya que la inversión permitirá a Openchip "acelerar el diseño de chips de alto rendimiento" y alcanzar una mejor "eficiencia energética" para aplicaciones de inteligencia artificial y computación de otras prestaciones.
Soporte público
El apoyo del ejecutivo central se suma a los préstamos que ha entregado la Generalitat a lo largo de estos últimos meses al proyecto encabezado por Francesc Guim. En dos operaciones, el gobierno catalán proporcionó hasta 35 millones de euros a la empresa: en marzo, el ejecutivo le concedió 25 millones de euros, mientras que en junio añadió 10 millones más. Este mismo junio, el ejecutivo catalán autorizó la conversión de los préstamos en acciones para pasar a controlar el 5% de la compañía.
Si bien Openchip no ha dado detalles del porcentaje exacto que controlará el gobierno español, la operación permite hacer cálculos aproximados. Teniendo en cuenta la inyección llevada a cabo por la Generalitat, el ejecutivo central pasaría a tener una participación del 16,5%, aproximadamente. Del mismo modo, la compañía estaría valorada en unos 700 millones de euros por el 100% de sus títulos.
Desde las instituciones señalan que la posición de los gobiernos catalán y español "busca consolidar un proyecto estratégico" para el desarrollo de una industria europea de semiconductores, así como "la generación de conocimiento tecnológico y la creación de empleo cualificado en el territorio".
