Irlanda multa a Google con 403 millones por la gestión de los datos de geolocalización

LondresLa Comisión de Protección de Datos (DPC) de la república de Irlanda ha impuesto a Google Ireland Limited una multa de 403 millones de euros por infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) en el tratamiento de la información de geolocalización de sus usuarios. La sanción, una de las más elevadas impuestas hasta ahora por la autoridad irlandesa, es el resultado de una investigación iniciada en febrero de 2020 a raíz de diversas denuncias presentadas por organizaciones de defensa de los consumidores.

La investigación ha analizado el tratamiento de los datos entre el 25 de mayo de 2018 –fecha de entrada en vigor del llamado RGPD– y el 4 de febrero de 2020, y se ha centrado en tres funciones de los servicios de Google: actividad web y de aplicaciones, historial de ubicaciones y precisión de la ubicación.

En el caso de la actividad web y de aplicaciones y del historial de ubicaciones, el organismo de control considera que el tratamiento no estaba suficientemente justificado ni era lo bastante transparente. Con respecto a la precisión de la ubicación, Google no pudo demostrar que cumplía los principios del RGPD a lo largo del periodo objeto de la investigación. La DPC también ha considerado inadecuado el tiempo durante el cual se conservaban determinados datos.

Los datos de localización, en caso de estar activados, pueden permitir reconstruir aspectos muy íntimos de la vida de una persona. Según Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC, las carencias detectadas podían hacer que los usuarios no fueran conscientes de que su localización podía utilizarse, por ejemplo, para fines publicitarios o para inferir sus intereses. La conservación de los datos durante más tiempo del necesario, según la autoridad, agravaba esta pérdida de control.

La puerta de entrada de tecnológicas

La DPC inició la investigación tras recibir quejas de diversas organizaciones europeas de consumidores, entre las cuales se encontraba la Organización Europea de Consumidores (BEUC), que agrupa a 44 entidades de este tipo. Irlanda, además, actúa como autoridad supervisora principal de Google y otras tecnológicas en la UE, en el marco del sistema de cooperación establecido por el RGPD. Esta función convierte al órgano irlandés en un regulador especialmente relevante, ya que muchas grandes empresas estadounidenses tienen sus domicilios jurídicos en la república. Las decisiones de la autoridad irlandesa se someten al mecanismo de cooperación con las demás autoridades nacionales de protección de datos de la Unión.

Además de la multa, la DPC ha ordenado a Google que adapte el tratamiento de los datos de localización para que cumpla el RGPD en un plazo de seis meses. La resolución se añade a una larga serie de expedientes sancionadores de la DPC. Desde la entrada en vigor del RGPD, el organismo irlandés ha impuesto más de 4.000 millones de euros en multas, aunque solo una parte mucho más pequeña se ha cobrado. Las multas se pueden recurrir o deben ser confirmadas judicialmente.

Google ha argumentado que la resolución se refiere a prácticas que corresponden al pasado. La compañía asegura que ha introducido cambios desde 2019, entre los cuales hay opciones de eliminación automática de datos, herramientas más sencillas para gestionar la publicidad personalizada y más información para los usuarios sobre cómo se procesan sus datos. También afirma que actualmente almacena datos de localización menos precisos.

La decisión de la DPC llega más de seis años después de la entrada en vigor del RGPD y pone el foco en uno de los datos personales que permiten obtener una imagen más detallada de los hábitos de un individuo: saber dónde está –y dónde ha estado– puede revelar desde el lugar de trabajo y el domicilio hasta visitas a determinados establecimientos o desplazamientos habituales. La DPC considera que esta capacidad de inferencia hace especialmente importante que el usuario sepa qué información se recoge, con qué finalidad y durante cuánto tiempo se conserva.

En el pasado, las multas europeas a las compañías tecnológicas de los Estados Unidos han provocado no pocas críticas de la Casa Blanca. Donald Trump tiene una obsesión contra la regulación en el sector digital de la Unión Europea. Desde que retornó a la Casa Blanca, insiste en que lo ve como un ataque directo a las grandes tecnológicas norteamericanas, que se hacen de oro en el mercado comunitario, y exige a los dirigentes europeos que rebajen la normativa sobre competencia y transparencia que afecta a los gigantes tecnológicos. A finales del año pasado, Trump amenazó con reiniciar la guerra arancelaria contra todos los aliados que, como la Unión Europea, regularan el sector digital y aplicaran multas contra las grandes tecnológicas que vulneraran la ley. La multa llega en un momento en que también se discuten los límites de la IA.