Final de la pesadilla del Tribunal de Cuentas

BarcelonaSi hay una parte de la represión desatada después del 1-O por el Estado español contra el independentismo catalán que era especialmente injusta y arbitraria es la que pivotaba alrededor del Tribunal de Cuentas. Este organismo, que nunca había actuado de forma decidida contra ninguna administración ni ningún partido, actuó imbuido de un ánimo de venganza tal que consideró que toda la política exterior de la Generalitat desde el año 2011, cuando Artur Mas llegó al poder, hasta el 2017 era en realidad gastos impropios e ilegales del Procés que había que resarcir. Esto supuso, de facto, una pena económica a una treintena de cargos de la Generalitat, entre los cuales el mismo Mas y el exconsejero Andreu Mas-Colell, a los cuales se obligó a presentar avales sobre las cantidades que se les exigían a cada uno (sobre un total de 5,4 millones), y que han tenido que vivir la última década con esta espada de Damocles encima.

Este miércoles, finalmente, el Tribunal de Cuentas ha archivado la causa en cumplimiento de la amnistía y ha puesto fin a esta pesadilla. Como establece la sentencia, los avales serán devueltos, así como los 4 millones de euros de la caja de solidaridad que se recaudó y que evitaron que los encausados tuvieran que poner dinero de su bolsillo. Ahora bien, este caso quedará en la historia como una advertencia, como un aviso para navegantes de cómo funciona el Estado español cuando se siente amenazado. Porque aquí ya no solo se buscaba un castigo ejemplar para los principales líderes del Procés, que ingresaron en prisión o marcharon al exilio, sino que se perseguía también a los cargos altos y medios que habían trabajado para difundir la imagen de Cataluña en el mundo. Personas como Albert Royo, Antoni Molons, Amadeu Altafaj y Aleix Villatoro pueden respirar hoy tranquilas gracias a que ERC y Junts facilitaron la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía.

Pero el hecho de que esta pesadilla se acabe hoy no debería hacernos olvidar nada de lo que ha pasado. Lo que se buscaba era lanzar un mensaje muy claro en el sentido de que amenazar la unidad del Estado tendría como consecuencia la ruina económica. Da igual que todo el procedimiento no se sostuviera por ninguna parte. Para que el lector se haga una idea, entre los gastos que se quería obligar a devolver a los encausados estaban todos los viajes al exterior que se hicieron durante aquel periodo, independientemente de cuál fuera su motivación. Da igual que el resto de presidentes autonómicos también viajen con normalidad al exterior e incluso tengan allí oficinas, en el caso de los catalanes eran sospechosos porque el gobierno era independentista o, simplemente, estaba a favor de la celebración de un referéndum.

Entre las asignaturas pendientes para regenerar el estado español, cuando la coyuntura sea favorable, debería haber una reforma profunda de este organismo –que en su día ya fue noticia por los numerosos casos de nepotismo que había– para que una persecución política como esta no se pueda volver a repetir.