Huelga, jóvenes y respuesta política
La jornada de huelga de este miércoles 11 de noviembre, con un seguimiento importante en sectores clave –como el transporte o la gran industria– y que ha ido acompañada de una movilización considerable en la calle, sobre todo juvenil, ha estado centrada en la falta de vivienda asequible, pero también en la precariedad salarial. Es una protesta que da salida a un malestar social cronificado que podemos remontar al crac global de la burbuja inmobiliaria de hace más de tres lustros, un descalabro que entonces dio lugar a la crisis financiera y a los recortes en sectores públicos esenciales.
Desde aquel momento, tanto en el conjunto del Estado como especialmente en Cataluña, donde se ha producido un gran aumento de la presión demográfica, la tensión social se ha mantenido con crecientes capas de la población en situación de fragilidad, y con una mayoría de jóvenes carentes de un horizonte económicamente digno. Tiene toda la lógica, pues, que el protagonismo de la huelga y la protesta haya venido del mundo juvenil, y en concreto de la entidad Sindicato de Inquilinas, que ha arrastrado y ha conseguido la implicación –y la cobertura legal y organizativa– de los sindicatos mayoritarios. Además, el problema de la vivienda, tan transversal, ha permitido sumar a ciudadanos diversos más allá de adscripciones políticas y de cortes generacionales.
Lo que está por ver, sin embargo, es si el grito social en la calle tendrá una traducción política a corto y medio plazo. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así. Aunque el gobierno del socialista Pedro Sánchez, en caída libre por los casos de corrupción y por la tragedia ferroviaria de la alta velocidad, haya aprovechado el llamado momento Maricarmen para decretar nuevas medidas legales de corte social y para convocar elecciones, intentando capitalizar la protesta, no queda nada claro que pueda frenar el auge de la ultraderecha, ahora mismo disparada en las encuestas.
Se trata de una ultraderecha que, como está pasando en la mayoría de las democracias occidentales, es la que hasta ahora ha capitalizado el descontento popular de unas clases medias empobrecidas. Este fenómeno se está produciendo en el marco de una involución ideológica acelerada y en paralelo a la pérdida de peso estructural de las organizaciones que tradicionalmente hacían la intermediación y canalizaban las demandas entre ciudadanos y poder –partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación–, superadas por la nueva realidad de las redes sociales en manos de grandes plataformas tecnológicas.
Nos podemos encontrar, pues, que las legítimas y necesarias demandas de acceso a la vivienda y de mejoras salariales topen pronto con un nuevo gobierno de coalición PP-Vox que directamente desregule otra vez el mercado inmobiliario. De hecho, la misma movilización podría tener el efecto de fortalecer la respuesta reaccionaria en las urnas: el hecho de que ayer, una vez más, la protesta acabara por la noche con disturbios no hace sino dar argumentos a la posición de orden y mano dura de la derecha y la ultraderecha. A partir del 29-N por la noche sabremos qué tipo de traducción política inmediata habrá tenido la movilización de esta huelga en pleno proceso electoral.
