El fin de la represión
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BarcelonaEste martes ha sido un día muy importante en la lucha por borrar los efectos de la represión judicial que se puso en marcha al día siguiente mismo del 1-O contra dirigentes políticos y ciudadanos anónimos por defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La decisión del Tribunal Constitucional, que finalmente ha ordenado al Tribunal Supremo aplicar la amnistía también a los acusados del delito de malversación, abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y a dejar sin efecto la inhabilitación para cargo público que sufren Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Será el final de un proceso que ha durado muchos años: que comenzó con los indultos, continuó con la derogación del delito de sedición y ha culminado finalmente con la aplicación total de una amnistía que la justicia ha intentado torpedear por todos los medios.
La amnistía es producto de dos factores. Por un lado, la persistencia de los partidos independentistas y de la sociedad civil, que paso a paso han ido doblegando las resistencias de los socialistas y los han forzado a ir por este camino. Por otro, también es justo admitir que el PSOE y, en especial, su líder, Pedro Sánchez, han asumido un coste político y personal muy elevado para hacer posible la amnistía. La persecución judicial y mediática que sufre el presidente español, y que antes sufrieron los independentistas, no se entiende sin esta decisión. También el PSC y Salvador Illa supieron rectificar y han remado a favor.
La consecuencia más visible de la aplicación total de la amnistía será el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña después de nueve años en el exilio. Puigdemont y el resto de líderes exiliados o que pasaron años en la prisión también han pagado un precio muy elevado, y se les debe reconocer. Concretamente, la vuelta de Puigdemont a Cataluña será una gran noticia que debe servir para cerrar heridas y normalizar la vida pública, en el sentido de poner fin a las excepcionalidades y a las limitaciones para hacer política en igualdad de condiciones. Ahora bien, tienen razón él y también Oriol Junqueras cuando advierten que las razones de fondo que provocaron el proceso independentista continúan intactas y el conflicto político entre Cataluña y España, irresoluto.
Pero también es cierto que la Cataluña de 2026 no es la de 2017. El tiempo no pasa en vano y el país afronta múltiples crisis (de vivienda, energética, de infraestructuras, educativa, etc.) que reclaman soluciones urgentes; en definitiva, hacer política. ¿Y qué es hacer política? Pues debatir, acordar y gestionar. Durante el Procés se hablaba de gestionar el "mientras tanto", pero ahora el "mientras tanto" nos ha pasado por encima. El momento actual pide rehuir el populismo, la demagogia y el "no a todo" que proclaman algunos, y arremangarse y trabajar para mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Porque si no, los discursos de odio que intentan dividirnos como pueblo crecerán y harán imposible el proyecto de país que el catalanismo ha construido en los últimos 150 años.