Los riesgos de la huelga general

BarcelonaDicen que la inflación es el peor veneno para los gobiernos, y en el caso del Estado español ya hace años que se encadenan diferentes crisis (pandemia, guerras internacionales que hacen subir los precios de la energía, etc.) que, combinadas con la subida desorbitada del precio de la vivienda, han provocado una grave pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Como explicaba el ARA el domingo, los sueldos han subido desde 2013 muy por debajo del IPC y de los precios de la vivienda. Esto ha ido gestando un malestar, especialmente entre los más jóvenes, que estalló a raíz del caso Maricarmen y que llevó, por un lado, a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones y, por otro, a los sindicatos a convocar una huelga general a las puertas de la campaña electoral.

Sin cuestionar las razones de fondo, es el calendario el que convierte esta huelga en una protesta insólita en la historia reciente española, ya que es imposible separarla del ambiente preelectoral. Habitualmente, una huelga general se convoca contra el gobierno de turno, en este caso el del PSOE-Sumar, pero la realidad es que son estos partidos, y toda la izquierda en general, los que están más interesados en que sea un éxito. En la práctica, pues, se trata de una protesta contra la oposición del PP y Vox, que tumbaron los decretos sobre vivienda y ahora amenazan con desmontar todas las políticas de control de precios del alquiler y antidesahucios que ha puesto en marcha el ejecutivo.

Esta es la primera vez que se convoca una huelga general no por cuestiones estrictamente de derechos laborales, sino por el precio de la vivienda y la carestía de la vida en general, es decir, por los sueldos bajos. Esto significa que, en la práctica, los grandes sindicatos no son los que lideran la protesta, sino el Sindicato de Inquilinas, una entidad que ha sido capaz de galvanizar socialmente el debate de la vivienda, como en su día la PAH, pero que no está nada claro que tenga la capacidad de forzar un paro generalizado de la actividad económica. Entre otros motivos, porque la misma carestía de la vida provoca que muchos trabajadores no puedan prescindir del salario de una jornada.

Por tanto, hay un primer riesgo para los promotores de esta iniciativa, que es que el seguimiento sea mínimo, cosa que acabaría teniendo un efecto bumerán para la causa que defienden. El segundo riesgo es que se produzcan disturbios y escenas de violencia que acaben empañando la jornada y reforzando así electoralmente a los partidos de derechas. Se trata, por tanto, de una apuesta que puede girarse en contra de sus organizadores y fortalecer a sus teóricos adversarios justo a las puertas de unas elecciones que definirán el rumbo de España para los próximos años.

Sea como sea, el derecho de huelga es constitucional, igual que el derecho a no hacerla, y el escenario óptimo para la salud democrática es que cada uno pueda decidir en libertad y sin coacciones, ni de empresarios ni de piquetes. A partir de aquí lo que hará falta es aprovechar la campaña para debatir las diferentes propuestas para resolver un problema que es bien real y que, como todos en una economía globalizada como la nuestra, no tiene una solución fácil ni mágica.