Sánchez se la juega con el 'decreto Maricarmen'

La presión en la calle para que el gobierno español apruebe el nuevo decreto de vivienda que frene los desahucios se ha incrementado este fin de semana. La movilización ciudadana ha sido un éxito incontestable. Como han dicho los mismos promotores de la manifestación y de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, no se puede comparar con el 15-M de 2011. Hay menos movimiento ideológico de fondo y más reivindicación concreta. En realidad, el grito de ahora tiene un objetivo perfectamente descriptible: resolver el acceso a la vivienda, convertido en el principal motivo de precariedad y desigualdad. Y responde a un malestar muy generalizado que es interclasista e intergeneracional. La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, siendo desahuciada en camilla del piso donde ha vivido toda la vida, ha calado en la opinión pública: muchos ciudadanos de edad avanzada se han imaginado ellos en su situación y muchos jóvenes y adultos han proyectado en ella a la abuela o a la madre.

Con este estado de ánimo instalado en el imaginario social, la presión sobre el gobierno del Estado, y sobre los partidos que le dan apoyo, ha tenido un efecto casi inmediato. El decreto Maricarmen, tal como lo han bautizado los manifestantes, concentra ahora todas las expectativas. El primer movimiento lo hizo Junts, que hasta ahora se había mostrado inflexible en la cuestión y había hecho fracasar el decreto de vivienda en primavera. El cambio de posición de Junts ha reabierto la negociación, que, sin embargo, no será fácil, porque los grupos de izquierdas, aprovechando la presión en la calle, quieren llevar la legislación más allá de lo que es previsible que acepten tanto el PNV como los puigdemontistas, que proponen parar los pies a los fondos buitre a cambio de una rebaja impositiva a los pequeños propietarios. De hecho, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha subido el objetivo: “Queremos contratos de alquiler indefinidos”. Sumar, además, ha amenazado con no presentarse al consejo ejecutivo si no les satisface la propuesta.

El problema de Sánchez es, pues, una vez más, conciliar a Junts y al PNV con Sumar y Podemos en una medida que complazca a todas las partes. La movilización ciudadana y el fecha límite del consejo de ministros del martes no lo ponen fácil. Si lo consigue, una vez más Sánchez habrá convertido un momento crítico en un nuevo impulso, haciendo de la necesidad virtud. Tras la lenta e ineficaz reacción a la crisis migratoria de Ceuta, todavía irresoluta –y con el PP y Vox incendiando el debate y llevándolo también a la calle, como se ha visto el fin de semana–, el presidente español no se puede permitir un nuevo fracaso en otra cuestión social crucial como es la de la vivienda. Una cuestión en la que se debe equilibrar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada, limitando a los grandes tenedores e impulsando la oferta de pisos públicos.

Por tanto, estamos ante un todo o nada decisivo. Si, tal como se quiere, el texto se aprueba como decreto, ya entra en vigor inmediatamente. El Congreso debe convalidarlo sin modificaciones en el plazo de un mes. De ahí la importancia de lo que ahora se negocia. Con el desgaste creciente que afronta un Sánchez presionado por todas partes, su futuro está ligado ahora mismo al decreto Maricarmen.