Trump: la corrupción como política de estado
En la mayoría de países democráticos se ha tendido en los últimos tiempos a endurecer las leyes que vigilan la corrupción política. Es decir, el enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios como de cargos electos cuando utilizan la información o el poder que tienen gracias a su gestión o toma de decisiones para su beneficio personal. Este enriquecimiento se puede conseguir de muchas formas. Aceptando sobornos, aprovechando la información privilegiada, utilizando su influencia para conseguir tratos o contratos para sus empresas particulares, etc. La lista sería larga y sin duda se encontrarían muchas variantes en el conjunto de actuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato. Fiel al convencimiento de que es impune y la falta de respeto por las leyes y el derecho internacional que ha demostrado en otros casos, también en cuanto a su enriquecimiento personal ha actuado con sus propias normas. Es cierto que, según las leyes de EE.UU., el presidente y el vicepresidente están exentos de las normas de ética federales que afectan a la mayoría de funcionarios y empleados públicos. Sin embargo, en los últimos cuarenta años la mayoría de presidentes, de ambos partidos, habían decidido ceder la gestión de sus empresas y propiedades a un fideicomiso ciego administrado de forma independiente para evitar, precisamente, el conflicto de intereses. Trump decidió no hacerlo y mantiene la propiedad y el control de sus negocios sin ninguna vergüenza.
El resultado es que en el año que lleva al gobierno su fortuna se ha multiplicado de forma escandalosa. Todo ello lo hace a la vista y sin pudor alguno. Según la revista Forbes, Trump tenía en septiembre una fortuna de 7.300 millones de dólares, 3.000 millones más que el año anterior en el mismo período. Según las fuentes, sus ganancias serían de entre 1.500 y 3.000 millones de dólares en ese primer año. Pero, ya avisan, son cifras bajistas porque no es fácil rastrear los tentáculos de los negocios que tiene el presidente. La mayoría de las ganancias, en esto hay coincidencias, vienen de las criptomonedas: ha pasado a ser su principal defensor porque le permiten recibir "donaciones" sin control alguno. A esto se suman los negocios inmobiliarios, que ha expandido también a nivel internacional, los campos de golf y los negocios de comunicación. Todo ello ha supuesto que su conglomerado de empresas haya multiplicado por 17 sus ingresos en el último año.
En otros momentos y en un país normal, esto generaría un gran escándalo. Ahora mismo, sin embargo, no pasa nada e incluso parece que no le afecta en la popularidad tanto como, por ejemplo, el escándalo sexual de los papeles de Epstein. El problema lo tienen los estadounidenses, que de momento se ven impotentes a la hora de intentar endurecer las leyes o incluso aplicar las que ya tienen, pero de rebote lo tiene todo el mundo. Su enriquecimiento personal va de la mano del enriquecimiento de los magnates, muchos de ellos tecnológicos pero también energéticos, que le han pagado la carrera electoral y lo sostienen. Gente como Elon Musk o Jeff Bezos, que han invertido mucho dinero en llevarlo a la Casa Blanca y que también reclaman su corte del pastel. La recompensa a estos superricos llega muchas veces en forma de regulaciones. O, mejor dicho, de desregulaciones. Salir de los acuerdos climáticos, apoyar las energías fósiles o desregular lo controla de la IA y de las redes sociales –y presionar a Europa para que no les ponga barreras– son exigencias que es difícil no ver más relacionadas con los intereses espurios de los millonarios que con una razón ideológica. La UE aquí debe ser firme y no dejar pasar ni una.