Los viticultores tienen derecho a ganarse la vida

Las leyes se debaten y se aprueban para ser aplicadas. No tiene sentido publicarlas y que se conviertan en papel mojado. La ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en enero de 2014, se reformó en 2021 con el fin de restringir las prácticas comerciales abusivas. El texto establece que el precio de compra fijado en el contrato debe cubrir siempre el coste efectivo de producción del productor primario, en este caso el agricultor o el ganadero. Se prohíbe expresamente comprar por debajo de lo que ha costado producir el alimento. Es una norma que el campo exigió durante mucho tiempo que se aplicara.

En los últimos meses, los costes del gasóleo agrícola (B) y de los fertilizantes se han disparado en porcentajes de más de dos dígitos. Esto ha llevado a la administración a poner en marcha medidas de compensación para evitar el ahogo del campo. Estos son factores que ya dificultan que los productores puedan no solamente cubrir sus costes sino también obtener un legítimo margen o beneficio, como los distribuidores. Si a todo esto se añaden unos precios de compra inferiores a los mínimos legales, se produce un efecto perverso. El sector ha comenzado a movilizarse para denunciar estas situaciones en el sector primario y está prevista ya una tractorada en Barcelona el próximo día 14, que rememora la vivida en febrero de 2024.

Por eso hay que aplaudir, en este contexto y en una vendimia en la que el precio de la uva ha sido un eje central, la iniciativa de la consejería de Agricultura de la Generalitat de investigar un total de 50 contratos de compra de uva susceptibles de infringir la ley de la cadena alimentaria. Esta actuación del departamento que dirige Òscar Ordeig comenzó el agosto pasado a raíz de denuncias de agricultores, organizaciones u otros profesionales del sector, y, en algunos casos, de oficio. Se trata de comprobar si los contratos han retribuido a los productores por debajo de los 53 a 56 céntimos por kilo, que es el precio de referencia establecido por el Instituto Catalán del Vino (Incavi). Las investigaciones sobre el sector del vino son responsabilidad del CadeCAT, la unidad dependiente de Agricultura.

En agosto, las principales organizaciones de viticultores del país hicieron un frente común ante los precios de compra "abusivos" que se preveían en la vendimia de este año. En un comunicado, estas organizaciones, entre las cuales se encuentra Unió de Pagesos, denunciaban que las compensaciones previstas por el sector por parte de grandes bodegas y otros elaboradores bordeaban los 30 céntimos el kilo de uva, una cantidad que se sitúa casi a la mitad del coste de producción de referencia de entre 0,53 y 0,56 euros por kilo establecido por el Incavi. Pero los denunciantes iban más allá. En este sentido, advertían que algunos grandes compradores se planteaban fórmulas para maquillar el precio real percibido por el productor. Una de ellas consistiría en el hecho de que, en algunos casos, solo un 70% de la uva se pagaría al precio anunciado, mientras que el 30% restante se podría llegar a pagar a 12 céntimos por kilo.

Tal como establece la reforma que se hizo de la ley de la cadena alimentaria, las comunidades autónomas también tienen competencias inspectoras y sancionadoras en esta materia y la Generalitat ha decidido ejercerlas. Los productores tienen todo el derecho a ganar un legítimo beneficio, a ganarse la vida, como los distribuidores y otros agentes de la cadena, que están obligados a cumplir la ley.