Más vivienda, menos desahucios

Lo que ha pasado en Madrid con Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años del piso donde ha vivido toda la vida y que ha pagado religiosamente, no tiene nombre. Aún más dramático es el suicidio de Olga, de 54 años y con dos hijas, que tuvo lugar en Hospitalet de Llobregat. La crisis de la vivienda marca hoy una precariedad que ya no solo afecta a los más vulnerables, sino también a la clase media, con el colectivo joven especialmente sin salidas que vayan más allá de una ayuda familiar. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero la dura realidad es que cada vez hay más gente que no lo tiene garantizado: cuando esto afecta a personas mayores o niños, el problema, como sociedad, nos avergüenza.

Sí, claro, también es fundamental el derecho a la propiedad. Evitar la colisión frontal entre un derecho y el otro debe ser posible. Por eso es importante frenar desahucios tan sangrantes como estos, que violentan el equilibrio necesario entre ambos derechos. Los desahucios que ahora han provocado la indignación popular por desgracia forman parte de una larga cadena de años de despropósitos, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Por fin parece, pues, que los grupos políticos se disponen a moverse para que casos tan extremos como estos no se vuelvan a producir. La alarma social ha empujado al gobierno del Estado a buscar el imprescindible apoyo de Junts, que a su vez también ha cambiado su posición.

Estamos ante la cara más dura de la crisis de la vivienda. La semana que viene sabremos si, en efecto, se encuentra una solución legal –un cambio legislativo– que sirva para frenar desahucios tan dolorosos. El mismo relator de la ONU para estas cuestiones ha advertido de la falta de "proporcionalidad" de la ley española en este asunto. La aproximación entre el PSOE y Junts, un partido que ahora ya habla de poner freno a los fondos buitre propietarios de pisos y que a cambio reclama rebajas fiscales para los pequeños propietarios, deberá contar también, para salir adelante, con el apoyo de los grupos más a la izquierda. Esperemos que, en este asunto crítico, prevalezcan de una vez las ganas de encontrar el punto de acuerdo que a inicios de verano no fue posible.

Existe, ahora mismo, un clamor social por reforzar la protección habitacional, un problema urbano global. De hecho, en grandes ciudades emblemáticas como Nueva York y Berlín el debate va más allá del freno a los desahucios: se está centrando en la posibilidad de abrir la veda a expropiaciones para impulsar la vivienda pública. Los respectivos alcaldes, Zohran Mamdani y Elif Eralp, así lo están planteando como elemento social clave de sus programas. Habrá que ver cómo y hasta dónde aplican políticas de este carácter. La expropiación es un mecanismo constitucional, aquí y en la mayoría de estados liberales, un mecanismo que ejercen las administraciones dando garantías y un precio regulado a los propietarios afectados, y que sirve para hacer obras relevantes, normalmente vías de comunicación, equipamientos, etc. La vivienda pública es hoy en día una necesidad de primer orden, una obra relevante.

Frenar los desahucios e impulsar la ampliación del parque de vivienda (público y privado, nuevo y rehabilitado) se han convertido en prioridades incuestionables.