Vivienda: demasiado precio para tan poco sueldo

La semana que viene se vivirá la primera huelga general bajo el mandato de Pedro Sánchez en el gobierno español. Por cuestión de días, la convocatoria formará parte de esta legislatura. La protesta tiene como fondo un incremento del coste de la vida muy vinculado a los conflictos en Ucrania y en el golfo Pérsico, y que afecta especialmente a la alimentación. Y los ciudadanos lo perciben cuando van a hacer la compra. Pero el otro motivo que ha hecho estallar el descontento tiene un origen más lejano, y tiene que ver con la diferencia entre el aumento de los salarios y el de un elemento que es un derecho básico recogido en la Constitución española. En concreto, en el artículo 47, que defiende el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.

Según el análisis que recoge el ARA, entre 2013 y 2024 –último ejercicio con datos disponibles– el salario mediano –una cifra que no queda distorsionada por las rentas más altas– ha crecido un 30,7% de media. Mientras tanto, el alquiler medio, según la Generalitat, ha aumentado casi el doble, un 55,7%, aunque plataformas como Idealista elevan el encarecimiento hasta el 73%. El precio de la vivienda de compra, por su parte, ha crecido todavía más: un 78,7%. Además, entre 2024 y 2025 el precio se disparó 20 puntos, de manera que en 2025 el metro cuadrado prácticamente doblaba el de 2013. Y a esto hay que añadir que la cesta de la compra se ha encarecido un 43,1%.

La cuestión es que o bien los salarios no han crecido lo que habría hecho falta para poder vivir como es debido o bien las viviendas, por diferentes motivos, tienen un precio que no se adecúa al nivel económico general del país. Y estos motivos van desde la falta de suficiente oferta para satisfacer la demanda hasta la presión de los pisos turísticos o las habitaciones, es decir, todo lo que se escapa del tope de precios de la ley de la vivienda. Sin olvidar que las administraciones han estado muchos años dejando la vivienda en manos del mercado. Es un elemento que ahora parece que quieren corregir los gobiernos catalán y español.

Aunque los sueldos en los últimos años, en términos generales, han superado la inflación y, por tanto, se puede decir que los ciudadanos han ganado poder adquisitivo, el encarecimiento de los gastos básicos (vivienda, energía y alimentación) se come un trozo cada vez mayor de los ingresos del 25% de la población con menos renta. En cambio, los precios de lo que consumen más las rentas más altas (salud, educación o información y comunicación) no han subido tanto, y los gastos esenciales no les implican una parte tan grande de su presupuesto. La cuestión es que, a diferencia de otras etapas, la asfixia causada por el encarecimiento llega también a las rentas medias.

El 11 de noviembre no resolverá el problema –seguramente los convocantes de la huelga tampoco lo esperan–, pero quizás sí que despertará el ingenio de los partidos políticos, o de algunos. En realidad empieza a ser hora de que nos expliquen qué planes tienen o qué piensan hacer si llegan a la Moncloa para resolver un problema que, teniendo en cuenta la frustración creciente de muchos ciudadanos, puede ir a más y acabar complicando la convivencia.