El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2030: con más vivienda pública, asequible y de calidad

Casi la mitad de la población de Catalunya -unos 3,4 millones de personas- viven concentradas en el área metropolitana de Barcelona. Esto hace que, en los 636 kilómetros cuadrados de los 36 municipios que forman parte, el mercado de la vivienda esté muy tensionado. En los últimos años, los precios de la vivienda han crecido muy por encima de lo que pueden asumir la mayoría de hogares. El resultado es evidente: cada vez más familias tienen dificultades para acceder a una vivienda digna y mantenerla.

Ante este escenario, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha intensificado las acciones para remediarlo. Si desde el 2019 ya ha impulsado cerca de 5.000 viviendas sociales, de ahora hasta el 2030 prevé sumar otras 6.000 a través de los diferentes organismos metropolitanos. En total, cuando acabe la década, la administración metropolitana habrá impulsado unas 11.000 viviendas públicas en diez años.

En paralelo, también ha centrado esfuerzos en la rehabilitación: 6.809 viviendas se han renovado gracias a los fondos Next Generation. Además, los nuevos programas previstos -como el Plan social para el clima y el Plan nacional de rehabilitación- permitirán ampliar su cifra aún más en los próximos años.

El objetivo es claro: fortalecer un modelo metropolitano de vivienda pública asequible, innovador y de calidad. Un sistema pensado para reducir desigualdades, reforzar la cohesión social y mejorar la vida cotidiana de las personas. Para el AMB, la vivienda no es sólo un bien de mercado: es una infraestructura social que debe responder a las necesidades de hoy y resistir durante más de ciento cincuenta años. Todo ello, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.

¿Cómo se hace la vivienda pública?

Para garantizarlo, el AMB participa en todo el ciclo de la vivienda pública. Ordena el territorio para generar suelo, impulsa nuevas promociones asequibles, construye equipamientos para los municipios y asume las competencias en vivienda que le marca la ley o recibe por convenio o vía consorcial. Lo hace, sobre todo, a través de tres organismos que articulan esta labor.

Por un lado, se encuentra el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), que se encarga de la promoción propia: urbaniza, produce suelo y construye vivienda protegida tanto de compra como de alquiler. Por otra, Vivienda Metrópolis Barcelona (HMB), el operador público-privado que crea parque de alquiler asequible a partir de una sociedad mixta entre el AMB, el Ayuntamiento de Barcelona y el sector privado. Y, por último, el Consorcio Metropolitano de la Vivienda (CMH), que impulsa la rehabilitación de edificios con un modelo integral trabajado conjuntamente con la Generalitat y los municipios.

Viviendas de calidad, innovadoras y sostenibles

El IMPSOL es el organismo que vertebra buena parte de la política de vivienda protegida del AMB. Entre 2019 y 2025 ha impulsado 3.000 viviendas sociales en diferentes fases, desde proyectos en redacción hasta obras en ejecución o ya finalizadas. Desde ahora y hasta el 2030, prevé doblar esta capacidad promoviendo entre 500 y 600 viviendas anuales hasta alcanzar otras 3.000.

Sus proyectos parten de una idea clara: la vivienda pública debe generar ciudad y responder a criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad. Por eso incorporan estrategias bioclimáticas, ventilación cruzada, dobles orientaciones y materiales que estabilizan la temperatura interior. También apuestan por espacios flexibles, luminosos y no jerarquizados, diseñados con perspectiva de género, y por comunidades que se vertebran a través de patios y espacios comunes bien resueltos, que mejoran el confort y reducen el consumo energético.

El alquilero asequible metropolitano

Una parte decisiva de la actividad reciente del IMPSOL se ha desarrollado a partir del protocolo que el AMB, la Generalitat y el Ministerio de Transportes (el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) firmaron en diciembre de 2020. El acuerdo fijaba un objetivo concreto: impulsar vivienda de alquiler asequible en todo el territorio1).

Desde entonces, el despliegue ha sido sostenido: en 2021 se entregaron 327 viviendas en ocho promociones; en el 2022 se ejecutaron otros 300 en cinco municipios; en 2023 se impulsaron 254 viviendas adicionales, ya en fase de licitación; y en 2024 se han proyectado 265 viviendas en Hospitalet, Viladecans y Tiana. De cara al 2025, el protocolo se ha prorrogado con 243 viviendas nuevas, y el AMB trabaja ya en un nuevo acuerdo con el Gobierno para dar continuidad a esta línea de promoción de alquiler asequible.

Vivienda Metrópolis Barcelona (HMB) es el operador metropolitano creado para impulsar vivienda de alquiler asequible tanto en Barcelona como en los municipios del entorno. Funciona como una sociedad mixta pionera en el Estado, participada al 50% por el sector público (AMB y Ayuntamiento de Barcelona) y al 50% por el sector privado (Nicrent Residencial, integrado por Neinor Homes y Cevasa). El objetivo es ambicioso: construir y gestionar un parque de 4.500 viviendas asequibles -2.250 en Barcelona y 2.250 en el conjunto metropolitano- con una inversión prevista de 600 millones de euros. Una apuesta que, para el ente metropolitano, es necesaria en un contexto en el que sólo el 1,8% del parque de vivienda del territorio es de alquiler social, lejos del 15% recomendado por la Ley del derecho a la vivienda.

Para ello, HMB ya trabaja en 1.964 viviendas en diferentes fases, desde proyectos en redacción hasta obras en ejecución. Su adhesión al Plan 50.000 de la Generalitat permitiría rebajar hasta un 18 por ciento el coste final para las familias -gracias a una reducción del precio de alquiler y de los gastos asociados- y mantener la vocación social con la que fue creado. Las nuevas promociones incorporan calidad arquitectónica, flexibilidad de usos, accesibilidad universal y criterios de resiliencia urbana, así como una mirada integral sobre el ciclo de vida de los edificios y el ahorro energético. Todo ello, con un claro objetivo: frenar la escalada de precios y reforzar la respuesta pública ante la emergencia de vivienda.