Brasil aplaza dos horas el cierre de los colegios electorales

São PauloLa segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas ha derivado en un caos inédito por culpa de la reducción deliberada de la flota de autobuses –el día de las votaciones son gratuitos– por parte de una serie de alcaldías gobernadas por la extrema derecha, aliadas del candidato Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). La medida buscaba castigar el desplazamiento de los sectores populares, que dependen del transporte público porque no tienen vehículo privado, y que constituyen la base electoral del candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores).

A petición de la candidatura de izquierdas, el juez del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, que era el abogado de Lula y que esta legislatura ha accedido al tribunal, ha determinado que se prorrogue dos horas el cierre de los colegios electorales, hasta las siete de la tarde, horario de Brasilia. La decisión ha llegado minutos antes de las cinco de la tarde, lo que ha provocado un desconcierto generalizado, porque algunos de los centros de votación ya habían cerrado la urna electrónica y habían enviado los resultados a la Justicia Electoral.

Todo se ha originado en Salvador, capital del estado de Bahía, uno de los bastiones de la izquierda brasileña, a pesar de que su alcalde es un aliado de Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores (PT) ha denunciado, ya por la mañana, que la flota de autobuses circulaba con menos vehículos de los habituales. Después de que se confirmara que 252 vehículos permanecían en las cocheras para dificultar el desplazamiento de los electores, la Justicia Electoral ha decretado la detención del secretario de Movilidad. Solo dos horas antes del cierre de los colegios electorales, toda la flota ha comenzado a circular en la capital del estado de Bahía.

Problema generalizado

A partir de aquí, se ha sabido que el problema se extendía en una especie de efecto dominó, porque la misma situación se estaba repitiendo en São Paulo, la principal ciudad del país, con 9,4 millones de electores, cuyo alcalde, Ricardo Nunes, es un aliado del clan Bolsonaro. Según la denuncia del PT, solo circulaba el 60% de la flota de autobuses y, en algunos barrios periféricos, con una mayoría de electores de izquierdas, la proporción era incluso inferior a la de un fin de semana sin votaciones.

Lula da Silva ha hecho una comparecencia pública dos horas antes del cierre de los colegios electorales en São Bernardo do Campo, donde tiene su residencia y donde ha votado, para pedir que se extendiera el horario de votación. “No permitiremos que haya robos, bandolerismo ni alcaldes delincuentes. No toleraremos el bandolerismo ni la falta de honradez de alcaldes, gobernadores y empresarios del transporte”, ha dicho en un tono muy duro. El presidente ha denunciado que la misma situación se estaba repitiendo en ciudades de todo el país.

El intento de boicot organizado ha recordado al que hubo hace cuatro años, con Jair Bolsonaro en la presidencia, cuando la Polícia Rodoviária Federal (PRF) llevó a cabo controles en las carreteras del noreste para frenar el voto lulista. Según determinó el Supremo, la acción formaba parte de la fase inicial del intento de golpe de estado que el presidente y una parte de la cúpula militar llevaron a cabo.

La indignación de Lula da Silva

Antes, por la mañana, Lula da Silva se había mostrado muy duro con su adversario cuando ha ido a votar al área metropolitana de São Paulo, donde empezó su trayectoria sindical. “Nunca me habría imaginado tener que disputar unas elecciones con una persona descalificada moralmente, ética y personalmente, un miliciano [que es como se denominan en Brasil a los paramilitares] que no hace el más mínimo esfuerzo por decir la verdad”, ha afirmado.

El veterano dirigente ha destacado las históricas movilizaciones protagonizadas por la izquierda durante las últimas semanas, que han reunido a miles de manifestantes por todo el país y le han permitido recuperar la calle, un escenario que la extrema derecha y los golpistas habían dominado completamente desde el impeachment de Dilma Rousseff, en 2016. Las últimas grandes concentraciones tuvieron lugar el sábado –en Brasil no hay jornada de reflexión–, entre las cuales destacó la de la avenida Paulista, en São Paulo, la principal urbe del país.

“Lo que he visto en esta segunda vuelta ha sido casi inexplicable desde el punto de vista sociológico. No ha sido un partido político, no ha sido un sindicato, ni la Iglesia ni yo, ni mi vicepresidente, Geraldo Alckmin. Ha sido el pueblo que ha salido a la calle para defender los derechos conquistados”, ha señalado.

Por su parte, Bolsonaro hijo ha votado en su ciudad natal, Río de Janeiro, donde ha destacado la voluntad de cambio definitivo por parte de la población. “Brasil no aguanta cuatro años más de esta manera, porque la vida de todo el mundo ha empeorado. No podemos persistir en el mismo error. La esperanza se ha convertido en miedo: miedo de caminar por la calle por la noche, de que te roben el móvil o la moto, de tener la nevera vacía o de no poder pagar las facturas”, ha indicado. También ha defendido que “la campaña electoral ha sido limpia”, obviando las acusaciones de parcialidad contra las grandes tecnológicas estadounidenses –principalmente Meta y X–, recogidas por la Justicia Electoral, por haber favorecido su candidatura en detrimento de la de Lula.

La democracia, en riesgo

En caso de que se confirme el triunfo de la extrema derecha, Bolsonaro hijo, que vería cómo se archivan todas las investigaciones por presunta corrupción que tiene abiertas, gobernaría con el viento a favor, con un Senado y un Congreso bajo control –tras el triunfo de los extremistas en las legislativas del 4 de octubre–, en las que formarían un bloque mayoritario con los partidos bisagra del Centrão, hecho que le permitiría llevar a cabo la llamada "agenda de venganza".

El primer paso sería decretar el indulto de su padre, con quien pretende subir la rampa del palacio de Planalto el 5 de enero, durante la toma de posesión, hecho que supondría un embate directo con el Supremo, que es el tribunal que lo juzgó y condenó. Acto seguido, cuando se constituya el poder legislativo, podría comenzar el proceso de impeachment de integrantes del Supremo: el primero sería el ministro Alexandre de Moraes, que dirigió todo el proceso judicial sobre el intento de golpe de estado.

Integrantes de la candidatura bolsonarista ya han expresado durante la campaña electoral que no descartan una reforma constitucional, que podría ir desde el aumento del número de magistrados del Supremo –cosa que permitiría a la extrema derecha conseguir la mayoría absoluta– hasta la ampliación de los años de mandato presidencial. El sistema institucional de la Nueva República, nacida de la Constitución de 1988, está en peligro, según la advertencia reiterada de Lula.

La agenda bolsonarista incluye la promesa hecha a los mercados financieros de aplicar un ajuste fiscal que podría superar los 35.000 millones de euros y se inspira en la motosierra de Javier Milei en Argentina. Los platos rotos del aumento del déficit público, que en esta legislatura ha pasado del 74,3% del PIB al 82,9% en agosto, los pagarían los sectores más pobres, con la desindexación de las pensiones respecto a la inflación y el recorte de programas sociales, del gasto en educación y de la sanidad pública.

Paralelamente, Flávio Bolsonaro ya ha anunciado su voluntad de alinearse con la administración Trump, como han hecho todos los gobiernos extremistas elegidos en Latinoamérica en los últimos años. Brasil entraría a formar parte del Escudo de las Américas, una alianza política y militar que Trump ha puesto en marcha en 2026 y que, en teoría, es un instrumento para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región, pero que, en la práctica, pondría al territorio brasileño, de dimensiones continentales, al servicio de los servicios de inteligencia de Washington.