La liberación de los presos políticos en Venezuela, ni masiva ni completa

CaracasEl anuncio oficial de la liberación de los presos políticos tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela abrió los barrotes no tanto a los detenidos del régimen de Nicolás Maduro como sí a mayores tensiones colectivas en un entorno incierto. La segunda semana del gobierno interino de Delcy Rodriguez estuvo azuzada por las contradicciones entre las declaraciones oficiales del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien el pasado 8 de enero dijo que “un importante número de detenidos” sería liberado y la comprobación efectiva de que la amnistía, lejos de ser masiva, sería un tortuoso proceso a cuentagotas.

Esta semana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUC) apuntaba que hasta ahora había podido "verificar la excarcelación de 170 presos políticos", poco menos del 20% del total. También da cifras similares Caleidoscopio Humano. Ambas organizaciones han registrado las detenciones por motivos políticos desde años antes del fraude electoral de 2024, episodio clave de la larga crisis venezolana.

No se trata sólo de una promesa gubernamental bajo la inédita tutela estadounidense. La liberación de los presos políticos se ha convertido en un punto de inflexión en Venezuela post-Maduro, una condición sine qua non para abrir camino hacia la transición democrática. Así lo remarcan expertos, líderes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (cuyo yerno, Rafael Tudares, recibió una condena expreso de treinta años de cárcel y fue liberado este jueves), e incluso algunos sectores oficialistas. De hecho, la liberación también forma parte del programa propuesto por Estados Unidos para gestionar el país tras la caída de Maduro.

En cuanto se confirmaron las primeras liberaciones, entre ellas la de la activista venezolano-española Rocío San Miguel (detenida desde febrero del 2024 por presunta conspiración), cientos de familiares de los detenidos se reunieron a altas horas de la noche ante los centros la esperanza de volver a abrazarlos.

Pero la esperanza se estrelló contra el muro de la frustración. La semana pasada, mientras el país presenció atónito como María Corina Machado entregaba la medalla del premio Nobel de la Paz a Donald Trump y cómo Delcy Rodríguez se reunía con el director de la CIA, John Ratcliffe, los hermanos Rodríguez insistían en que se habían liberado más de 200 presos políticos, pero sin ninguna lista con nombres y apellidos. Una cifra que no se corresponde con las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos, que se situaban entonces entre las 130 y las 150 personas.

Es evidente que la excarcelación se ha hecho con cuentagotas y que la libertad no ha estado plena: todos salen con medidas cautelares y con la prohibición de declarar sobre su situación, especialmente los que se quedan en el país.

Vigilancia permanente

La protesta social se ha instalado en los centros de detención en forma de víspera permanente, mientras las redes sociales no han dejado de dar cara y voz a cientos de casos de personas que permanecen entre rejas. Incluso han aparecido nuevos presos políticos, completamente desconocidos hasta ahora, que nunca habían sido denunciados por el miedo a represalias de los familiares o por la esperanza de que, guardando silencio, pudieran conseguir una rápida excarcelación.

Las liberaciones en Venezuela se tratan con opacidad. Nadie sabe con certeza cuántas personas permanecen en los calabozos. El Helicoide, considerado el mayor centro de torturas de América Latina, y el Internado Judicial de El Rodeo, en el estado de Miranda, a unos 50 kilómetros de la capital, son dos de los centros de reclusión más conocidos. Pero, según denuncias de los defensores de derechos humanos, existen unas 90 instalaciones policiales y militares en todo el país donde permanecen personas privadas de libertad en violación de los derechos humanos.

Así lo ha denunciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas, que ha documentado ampliamente el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión. En su informe, la Misión de la ONU detalló que "de un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta ahora sólo unas 50 parecen haber sido liberadas", incluidas algunas registradas en anteriores informes. Exhortan a la "liberación inmediata e incondicional" de todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria.

Los presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, se han convertido en una herramienta política de represión bajo el régimen de Maduro. Han servido como modelos ejemplificantes y como moneda de cambio en negociaciones, según observan los analistas. De ahí que la denominada "puerta giratoria" se mantenga activa para garantizar la continuidad de este esquema: mientras se liberan algunos, se arrestan a otros. Así ocurrió con el exconcejal de la oposición Alfredo Márquez, detenido el lunes 12 de enero en el estado de Trujillo, en los Andes venezolanos, por orden del gobernador de esa entidad. La presidenta interina no confirmó si esta vieja práctica se inscribe en la "Venezuela que se abre a permitir el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad político-ideológica", tal y como proclamó Rodríguez el pasado 14 de enero.