La provincia petrolera de Alberta rechaza la secesión de Canadá

LondresLa provincia canadiense de Alberta ha votado este lunes a favor de seguir formando parte de Canadá, de acuerdo con las primeras proyecciones hechas públicas por la cadena pública CBC News. Con poco más de un tercio de los votos escrutados, el 76% de los electores se han declarado partidarios de no romper los vínculos con el gobierno federal.

A diferencia de Quebec, una provincia que ha celebrado dos referéndums fallidos (1980 y 1995), el sentimiento independentista siempre ha sido minoritario en Alberta. Aun así, los opositores a la independencia temían que los votantes dieran apoyo a la celebración de un segundo plebiscito para expresar su descontento por la relación de la provincia con la capital federal. La votación ha sido impulsada por Danielle Smith, la primera ministra conservadora de Alberta. Smith asumió el liderazgo del Partido Conservador Unido en buena parte gracias al apoyo de los independentistas, responsables de forzar la destitución de su predecesor, Jason Kenney. El primer ministro canadiense, Mark Carney, había hecho campaña por la unidad del país advirtiendo que una ruptura provocaría años de división e incertidumbre.

A partir de una entrevista con la profesora Tamara Krawchenko, de la Universidad Victoria, de la Columbia Británica, hecha por correo electrónico, resumimos los puntos clave que explican por qué hay un sentimiento independentista en Alberta, aunque sea minoritario.

La sensación de pagar más de lo que se recibe

Uno de los agravios históricos de Alberta es la percepción de que la provincia contribuye más a las finanzas federales de lo que recibe a cambio. Las transferencias entre territorios, destinadas a reducir las desigualdades económicas dentro de Canadá, alimentan la sensación de injusticia entre una parte de la población de la provincia. Pero, según la académica Tamara Krawchenko, esta explicación es “insuficiente” para entender el actual auge soberanista. Más que un perjuicio fiscal directo para los ciudadanos, el agravio tiene un componente simbólico: en otras palabras, existe la percepción de que “la provincia no recibe el reconocimiento que merece”. Los académicos lo llaman western alienation, o alienación occidental, un sentimiento persistente de exclusión respecto a los centros de poder canadienses. Las tensiones energéticas actúan como detonante inmediato, mientras que la alienación occidental es el sustrato histórico que permite entender por qué el conflicto puede convertirse en una reivindicación soberanista.

El petróleo, fuente de prosperidad y motivo de preocupación

La economía de Alberta está profundamente vinculada al petróleo y al gas, sectores que han proporcionado durante décadas buenos salarios, puestos de trabajo estables e ingresos para financiar los servicios públicos. Esta prosperidad ha contribuido a configurar la identidad política de la provincia. Por eso, cuando Ottawa impulsa regulaciones energéticas y climáticas, una parte de la población las interpreta como una amenaza directa a su nivel de vida. Según Krawchenko, “las tensiones con el gobierno federal sobre la política energética son el detonante más inmediato de la actual oleada soberanista”. El conflicto no es solo sobre quién toma las decisiones, sino también sobre el futuro de un modelo económico del cual dependen cientos de miles de personas.

La transición energética y una oportunidad perdida

La dependencia de los combustibles fósiles también refleja las decisiones tomadas por los gobiernos sucesivos de Alberta, que no han aprovechado lo suficiente los periodos de bonanza para diversificar la economía. Esto deja a la provincia más expuesta a los cambios de los mercados energéticos mundiales y a las políticas de descarbonización. Krawchenko subraya, sin embargo, que “Alberta dispone del talento técnico, la experiencia geológica, los recursos renovables y la cultura emprendedora necesarios para tener un papel destacado en la nueva economía energética”. El problema es que el sistema económico y político continúa organizado alrededor de los combustibles fósiles. Sin un plan de transición que reconozca las oportunidades y proteja a los trabajadores y a las comunidades afectadas, “el cambio climático se percibe como una imposición federal”. En este contexto, el soberanismo ofrece una vía para expresar el descontento.

La atracción de una alianza con los Estados Unidos de Trump

Una parte del movimiento independentista no se limita a reclamar más autonomía respecto de Ottawa, sino que ve con buenos ojos una aproximación a los Estados Unidos. El Alberta Prosperity Project –la organización política que promueve la independencia– ha buscado reuniones con representantes de la administración Trump y ha planteado tanto la adopción del dólar estadounidense como una independencia alineada con los intereses energéticos y de seguridad nacional de Washington. Esta orientación conecta con una cultura política conservadora que defiende los impuestos bajos, favorece la explotación de los recursos naturales y se muestra profundamente escéptica ante las políticas climáticas federales. Para estos sectores, el encaje con los Estados Unidos representa una alternativa política y económica más próxima a sus preferencias.

Las Primeras Naciones, un obstáculo decisivo para la secesión

El pasado 12 de marzo, un grupo de representantes de las llamadas Primeras Naciones fueron recibidos en audiencia por el rey Carlos III, nominalmente jefe de estado de Canadá. De la audiencia trascendió que el monarca había expresado su preocupación por el movimiento independentista. Y, más allá del resultado del referéndum celebrado este lunes, cualquier proyecto de independencia tendría que afrontar una cuestión fundamental: los derechos territoriales de las naciones indígenas. Los tratados 6, 7 y 8, negociados entre las Primeras Naciones y la Corona británica, cubren prácticamente todo el territorio de la actual Alberta. Para la profesora Krawchenko, las comunidades indígenas son titulares de derechos y consignatarias de los acuerdos fundacionales que sustentan la legitimidad territorial de la provincia. Por tanto, una eventual secesión no sería solo un conflicto entre Alberta y el gobierno federal, sino que también plantearía interrogantes constitucionales y legales sobre estos compromisos. Tres días antes de la audiencia con el rey, el 9 de marzo, más de una docena de jefes de las Primeras Naciones, junto con consejeros y ancianos, acudieron a la legislatura provincial para expresar su rechazo al separatismo. Los independentistas han sugerido que una Alberta soberana podría establecer relaciones más igualitarias con las naciones indígenas, pero Krawchenko considera que esta posibilidad “no parece probable”.