La destitución de los jueces del Tribunal Constitucional hace estallar la crisis en Polonia
La oposición conservadora acusa al gobierno de golpe de estado y el presidente vuelve de urgencia de un viaje a Senegal
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BarcelonaLa policía antidisturbios se ha desplegado esta noche de viernes en la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia ante una protesta por la destitución de su presidente, que ha terminado en disturbios y que ha abierto una nueva crisis institucional en Polonia. Es el último episodio de la batalla entre el gobierno liberal y proeuropeo de Donald Tusk y la oposición ultraconservadora del antiguo gobierno del partido Ley y Justicia (PiS). Hace diez años que los dos bandos se enfrentan por la independencia del tribunal, y la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski, y del vicepresidente Bartlomiej Sochanski ha vuelto a hacer detonar el choque. Los agentes han acudido al tribunal para proteger a los jueces que estaban en el edificio en protesta por la suspensión de sus colegas.
El jueves, la nueva presidenta provisional del alto tribunal, Anna Korwin-Piotrowska, apartó del cargo a los dos magistrados, lo que desencadenó el choque entre facciones. Korwin-Piotrowska, que fue nombrada por Tusk, acusó a sus antecesores, nombrados a su vez por el gobierno de Mateusz Morawiecki (PiS), de haber obstruido el trabajo de los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria. Después, el ministerio de Justicia anunció que quiere levantar la inmunidad a los dos magistrados y presentar cargos criminales. En el trasfondo está el problema de la democratización del país después de 8 años del gobierno ultraconservador (2015-2023), que se hizo una justicia a medida y puso bajo su control a los jueces del Constitucional con una reforma judicial que la justicia europea consideró contraria al estado de derecho.
Bruselas activó en diciembre de 2017, por primera vez en la historia de la UE, el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea al considerar que existía un "riesgo claro de violación grave del estado de derecho" por el control político sobre el poder judicial polaco. Además, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, que consideraba un instrumento del gobierno para controlar y destituir a jueces a su conveniencia.
Sin embargo, la herencia institucional del PiS —incluida la composición del Tribunal Constitucional— ha llenado de obstáculos legales los planes de Tusk. Así, hace años que el Tribunal Constitucional se encuentra en un punto muerto y en una situación en la que sus miembros se niegan mutuamente la legitimidad, lo que ha dado lugar a una crisis institucional de consecuencias inciertas.
La inesperada victoria de Tusk en las elecciones de 2025 detuvo la reforma judicial, pero los jueces que había nombrado el PiS continuaron en el cargo y bloquearon las iniciativas parlamentarias del nuevo gobierno liberal. El actual gobierno intenta renovar el Tribunal y restablecer su legitimidad, pero ha topado con la resistencia del presidente y de la dirección saliente. Tusk presentó en febrero de 2024 un plan sobre el estado de derecho, la Comisión Europea desbloqueó los fondos europeos retenidos y anunció el cierre del procedimiento del artículo 7 en mayo de 2024, al considerar que ya no existía un riesgo claro de violación grave.
En los últimos meses el Parlamento había elegido a tres nuevos jueces para sustituir a los que tenían el mandato caducado, en algunos casos desde hacía más de una década, pero el presidente del país, Karol Nawrocki, cercano al PiS, rival declarado de Tusk y aliado de Donald Trump, se había negado a designarlos. El avión que trasladaba al presidente a Senegal, donde tenía previsto realizar un viaje oficial, ha dado media vuelta esta noche para regresar a Varsovia.
Centenares de manifestantes, incluidos algunos diputados, se han reunido frente a la sede del tribunal para apoyar a los jueces suspendidos, y la policía ha practicado tres detenciones. Esta madrugada Nawrocki se ha presentado en el lugar, ha cruzado el cordón policial y ha declarado que los magistrados designados por el Parlamento "no son jueces del Constitucional". Ha criticado "la violación del orden constitucional de Polonia" y ha dicho que el tribunal "ha sido tomado por la fuerza", antes de instar a la policía a abandonar el edificio.
Todo apunta a que el choque polarizará todavía más el país, en un acto ya de precampaña de las elecciones legislativas del año que viene, en las que, según las encuestas, la extrema derecha podría volver al poder.