El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado este martes un centro de detención de inmigrantes que su administración ha instalado –en un tiempo récord– en una zona remota en los Everglades de Florida. El centro, bautizado como Alligator Alcatraz, se encuentra a unos 60 km de Miami, en un vasto humedal subtropical lleno de caimanes, cocodrilos y pitones, unas imágenes temibles que la Casa Blanca ha utilizado para mostrar su determinación de purgar a los inmigrantes que retendrá en este centro antes de deportarlos. Trump elogió la rápida construcción de las instalaciones mientras examinaba filas de literas vacías encerradas en jaulas, y advirtió claramente de las condiciones amenazadoras que rodean el centro: "Miro hacia fuera y no es un lugar donde quiera ir de excursión. Estamos rodeados de kilómetros de pantanos traidores", y el único. Se calcula que este complejo en el sur de Florida costará 450 millones de dólares anuales y podrá alojar a unas 5.000 personas, según las autoridades. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que enviará 100 soldados de la Guardia Nacional y que la gente podría empezar a llegar a las instalaciones este mismo miércoles, según Reuters. Los mensajes de la administración Trump para anunciar en las redes el nuevo centro incluyen imágenes de caimanes con sombreros de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.
El Senado aprueba el proyecto de ley de Trump que dejará 11 millones de estadounidenses sin cobertura médica
Aún falta la aprobación de la Cámara de Representantes, que no está claro que sea un trámite fácil
WashingtonLa posibilidad de que Donald Trump tenga en sobre la mesa su proyecto de ley fiscal para firmarlo el 4 de julio –el Día de la Independencia– va cogiendo fuerza. Tras una maratoniana votación en el Senado que duró toda la noche y la mañana de este martes, los republicanos lograron los 50 votos mínimos para hacer avanzar el texto hacia la aprobación definitiva, con el voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Ahora el texto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), aumentará la deuda pública en 3,3 billones de dólares y dejará sin cobertura médica a más de 11 millones de estadounidenses, pasará a la Cámara de Representantes para recibir la aprobación definitiva.
Los congresistas de la cámara baja tramitaron inicialmente un texto muy distinto, en el que la deuda pública era de 2,4 billones de dólares, y ahora se encontrarán con la nueva cifra de 3,3 billones. Actualmente, la deuda pública de Estados Unidos es de 29 billones de dólares.
Precisamente, son estas cifras las que provocan la discordia entre los legisladores republicanos. Mientras hay una serie de congresistas, como la representante de Alaska, Lisa Murkowski, que se oponen a la estocada monumental contra programas sociales como el Medicaid, los halcones fiscales del partido querrían recortes de impuestos aún mayores y minimizar aún más las ayudas sociales.
La Big Beautiful Bill –el nombre oficial con el que se ha registrado– prevé prorrogar las rebajas de impuestos para las empresas que se aprobaron en el 2017; implementar nuevos requisitos para acceder al Medicaid y otros programas sociales; retirar incentivos para las inversiones que promueven la lucha contra el cambio climático, y destinar una mayor partida a la militarización de la frontera. De hecho, la reducción de fondos federales que se hará para las prestaciones sociales será una de las mayores que ha vivido el país desde la década de los 90. En total, se prevé que el gasto público en esta área se reduzca en más de un billón de dólares.
Todo el dinero que se dejará de recaudar con la rebaja de impuestos deberá salir de algún sitio. El gran temor era que Trump pasara la tijera por los tres principales programas de salud pública (Medicaid, Medicare y Obamacare). Aunque el presidente ha prometido repetidas veces que no tocaría el Medicaid, la propuesta del Senado dejará en el 2034 a 11,8 millones de estadounidenses sin cobertura médica.
El Medicaid da cobertura a más de 78,5 millones de personas, cerca del 20% de la población de Estados Unidos. El Medicare, que está orientado a las personas mayores de 65 años, a principios de año tenía alrededor de 68,5 millones de beneficiarios, mientras que el Obamacare –cuyo nombre oficial es Affordable Care Act (ACA)– da cobertura a unos 24 millones, casi el doble de los 12 millones que se acogieron al año 2010. Bill, el gasto público para el Medicaid, el Medicare y el Obamacare se reduciría en más de 1,1 billones de dólares. El Medicaid sería el que sufriría el mayor recorte.
Recortes y más requisitos para acceder a las ayudas
Más allá de la asistencia pública para la salud, otra de las grandes víctimas será el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que da servicio a más de 40 millones de estadounidenses con ingresos bajos.
El recorte que propone el proyecto de ley a los programas sociales será indirecto: se aumentarán los requisitos para poder acceder a la ayuda, de modo que cuando haya que volver a renovar muchas de las personas que antes eran receptoras quedarán fuera. De esta forma, al haber menos usuarios se destinarían menos fondos a los programas.
En el caso del Medicaid, se exigiría que los adultos sin discapacidades y con hijos mayores de 15 años trabajaran un mínimo de 80 horas al mes a partir de diciembre de 2026. Los beneficiarios también deberían aportar verificaciones adicionales de ingresos y residencia.
Además también se plantea la reducción de los impuestos a los proveedores de servicios médicos –que los estados utilizan para financiar su parte del coste del Medicaid– del 6% al 3,5% para el año 2031. El impacto de este recorte sería devastador para las zonas rurales, ya que muchos estados lugares. Por eso, algunos republicanos de estos estados pidieron al Senado incluir un fondo de 25.000 millones de dólares para estos centros médicos.
Aparte de la representante de Alaska, senadores con poblaciones pobres y rurales han expresado su oposición a la magnitud de los recortes, como es el caso de los senadores Susan Collins, de Maine; Josh Hawley, de Missouri, y Thom Tillis, de Carolina del Norte. Por el contrario, los halcones fiscales republicanos aún querrían recortar más.