Los cinco puntos más controvertidos de la 'ley Meloni' de la Unión Europea
El bloque europeo abre la puerta a hacer redadas, deportar y detener migrantes fuera del territorio europeo de manera indefinida
BruselasLa Unión Europea pasó de mirar con recelo la llegada al poder de Giorgia Meloni a abrazar su discurso y sus medidas contra los inmigrantes que viven en el bloque comunitario. El último paso que ha confirmado este giro de guion en las instituciones europeas es la reforma migratoria acordada esta semana, que en varios aspectos se inspira en las políticas de la primera ministra italiana, especialmente los campos en países terceros para deportar migrantes que viven en la UE de manera irregular. Se trata de una normativa que ha levantado mucha polvareda entre las ONG y partidos de centro e izquierda europeos. Hacemos un repaso de los puntos más controvertidos de la nueva ley.
Los centros de detención
la justicia italiana y la británica ya han tumbado los intentosLa experta también pone en duda la eficiencia de estas medidas y aboga por poner más esfuerzos en reducir las llegadas, que ya han bajado de manera "drástica". "Las deportaciones continuarán siendo muy complicadas. [...] Ahora solo se ejecutan poco más de un 20% de las previstas", apunta. Además, Garcés asegura que la normativa europea plantea dudas legales –tal como defendía hasta hace pocos años la Comisión Europea–, y recuerda que la justicia italiana y la británica ya han tumbado los intentos de los gobiernos de Italia y del Reino Unido de implementar estos centros de migrantes. Aun así, ya hay un grupo de países de la UE –Austria, Dinamarca y Grecia, entre otros– que pretenden seguir los pasos de Meloni.
La duración de las detenciones
Fuentes diplomáticas de diversos estados miembros admiten a l'ARA que uno de los puntos que más se han discutido es el tiempo que se permite tener detenida a una persona en los campos de fuera de la Unión Europea. A pesar de que algunos países, como España, presionaban para que la duración fuera de seis meses o un año como máximo, finalmente el bloque europeo ha acordado que sea de 24 meses y, además, se puede aplazar de manera indefinida cada seis meses. "Una detención indefinida deja de ser una medida de último recurso, y esto choca frontalmente con los requisitos y las necesidades de detención", apunta en una conversación con este diario Olivia Sundberg, responsable de migración y asilo en la UE de Amnistía Internacional.
La inseguridad de los menores
Otro de los puntos que más se han discutido en las negociaciones es hasta qué punto se incluyen los menores en el endurecimiento de las políticas migratorias de la UE. "Casi no se les excluye de nada", critica Sundberg. Concretamente, los menores pueden ser detenidos y deportados a países de fuera del bloque europeo con los que Bruselas tenga un acuerdo. La única excepción es que los estados miembros no podrán enviar y encerrar a menores no acompañados en los campos en países terceros.
La lista de países 'seguros'
La Unión Europea también amplía la lista de países que considera seguros y, por tanto, legaliza deportar allí a inmigrantes que viven de forma irregular en estados miembros europeos. Bruselas ya ha cerrado acuerdos con alguno de estos socios terceros, como Egipto o Túnez, y se podrán enviar migrantes, aunque sean originarios de otras zonas y no tengan ningún tipo de vínculo emocional o familiar con estos países. Tanto Garcés como Sundberg critican que no hay garantías de que estos países respeten el derecho humanitario e internacional, y recuerdan que ya ha habido casos en el pasado en los que se han denunciado malos tratos a los migrantes.
Redadas contra inmigrantes
La nueva normativa también abre la puerta a que los estados miembros lleven a cabo redadas para localizar inmigrantes que viven de forma irregular en la UE o migrantes con órdenes de deportación. De esta manera, Sundberg avisa que "Europa cada vez se parece más a los Estados Unidos" en materia migratoria, y que esta normativa "abre la puerta a prácticas como las del ICE" de la administración de Donald Trump. Así, las autoridades de los estados miembros europeos podrán investigar, y requisar documentos y objetos personales de quienes consideren que pueden ser inmigrantes irregulares. "No lo quiero equiparar al 100% a lo que pasa en los Estados Unidos, pero se pueden llevar a cabo prácticas discriminatorias", avisa la portavoz de Amnistía Internacional.