La infantería laborista humilla al primer ministro británico, Keir Starmer

LondresHumillación sin paliativos para el primer ministro británico, Keir Starmer. La semana que iba a ser de la celebración del primer aniversario del regreso del laborismo a Downing Street –se cumple este viernes–, ha supuesto la semana en que el poder del premier quedó poco menos que reducido a cenizas y en el que fue acusado de practicar "recortes dickensianos" a las ayudas sociales para los más desvalidos. En un duro golpe para su autoridad moral y para la legitimidad de la dirección del partido, Starmer ha visto este martes por la noche como la tramitación de la ley de reforma de las contribuciones individuales a los discapacitados (conocida como welfare bill) ha quedado prácticamente descabezada en su núcleo fundamental por una revuelta interna de proporciones hasta ahora nunca vistas, que ha obligado al gobierno a plegarse a la fuerza de los rebeldes con concesiones de última hora minutos antes de la votación. que se han pronunciado en contra.

La reforma inicial del sistema de Ayudas Universales y de los Pagos para la Independencia Personal buscaba más un ahorro de 6.000 millones de euros en la factura social por la necesidad de encontrar dinero para continuar la carrera armamentística que una verdadera modificación de un sistema que, en general –y también lo creen los sublevados–, se considera que no funciona.

La excusa del gobierno para sacarla adelante era garantizar el futuro del sistema de prestaciones y evitar el fraude. En resumen, hacer que aquellos que puedan trabajar trabajen y no vivan de la beneficencia, una visión poco compasiva de lo que son deficiencias físicas y enfermedades mentales, según los críticos con la iniciativa del gobierno.

El debate sobre la reforma se ha vivido en los Comunes a lo largo de la tarde en un clima de gran tensión emocional, con una sesión en la que docenas de diputados laboristas han afirmado que votarían contra el partido porque se debían, en conciencia, a sus electores ya los valores laboristas de igualdad, respeto y apoyo al. Los liberaldemócratas han votado también en contra, y los conservadores, por razones opuestas, igualmente le han rechazado.

Todo ello profundiza en la sensación de desconcierto que empapa el partido, con un líder sin personalidad, servil con los poderosos y débil con los más desvalidos, que ha demostrado una carencia de olfato político sorprendente en la tramitación de un proyecto legislativo muy sensible no ya para la izquierda del partido –prácticamente aniquilada por Starmer y su guardia pretoriana– sino para el grueso de la infantería laborista.

Las concesiones hechas por el gobierno poco antes de la votación de este martes han sido la culminación de un despropósito tras otro. En resumen, el gobierno ha dado una segunda vuelta atrás –ya había hecho una la semana pasada– retirando el aspecto más polémico de la ley. Se trata de la cláusula cinco, que preveía imponer un umbral mínimo de cuatro puntos en cada una de las distintas áreas que se evalúan en las discapacidades para conceder o negar el derecho a las ayudas. Son la habilidad de preparar y comer alimentos, de lavarse y bañarse solo, de vestirse y desnudarse, de controlar los esfínteres, de aprender y recordar información, la capacidad de hablar y comunicarse, y la movilidad dentro del domicilio y en el exterior.

Dos vías de acceso a las prestaciones

Cuando la ley se presentó inicialmente en abril por parte la responsable del departamento de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, los cálculos del gobierno preveían que 250.000 personas caerían en la pobreza debido al endurecimiento de las condiciones y la supresión de los beneficios.

La semana pasada el descontento de los diputados de segundo fila ya era evidente. Pero Starmer, con desdén y sin calcular las repercusiones, calificó las críticas de "puro ruido". Lo cierto es que ciento veintiséis diputados laboristas firmaron una enmienda que se oponía a la segunda lectura del proyecto de ley. La enmienda afirmaba que aceptaban "la necesidad de reformar el sistema de seguridad y beneficios sociales", pero después enumeraban un sinfín de razones por las que se negaban a dar luz verde al proyecto. Muchas de estas razones estaban relacionadas con la citada evaluación del gobierno del impacto de su reforma.

La primera de las concesiones implicaba que las personas que reciben ahora las ayudas no deberían someterse al endurecimiento de los controles para mantenerlas. Con razón, los rebeldes y 138 asociaciones de discapacitados, con la diputada Rachael Maskell al frente, la misma que ha acusado a Starmer de "recortes dickensianos", han argumentado que la propuesta implicaba, a la larga, el establecimiento de un sistema discriminatorio de doble o triple vía, en el que el acceso a las condiciones de las contribuciones no de las contribuciones no la cual habían pedido unos pagos imprescindibles para salir adelante en el día a día de su vida. Unas 150.000 personas quedaban con una mano por delante y otra por detrás, según los 126 rebeldes.

Tras la votación de esta noche, la reforma, en teoría, continúa el proceso parlamentario, y entra ahora en la discusión de las comisiones. Pero el espíritu original de la ley ha quedado tocado de muerte. Porque el secretario de Estado para los discapacitados, Stephen Timms, ha cerrado el debate confirmando en la Cámara que cualquier cambio en los criterios de elegibilidad para recibir ayudas quedará condicionado al resultado de la revisión independiente del sistema que él mismo llevará a cabo –a presentar el otoño del 2026–, en estrecha colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, que ahora no han sido consultadas. a pastel de cumpleaños del primer año en el poder.