Londres exige un salario mínimo de 45.000 euros anuales a los extranjeros para establecerse en Reino Unido

LondresNuevo giro de 180 grados en la política migratoria de Downing Street, que corrige sus propias reglas, y admite así el fracaso en trece años de gobiernos conservadores por mantener las llegadas legales al país en decenas de miles, como prometió el premier David Cameron en el 2010. El nuevo ministro del Interior, James Cleverly, ha anunciado este lunes que sube el umbral del salario mínimo anual para aquellos que pretendan conseguir un visado de residencia como trabajador con una especial calificación de los poco más de 30.000 euros anuales a los 45.000, un incremento de un tercio, casi seis mil euros más que el salario medio del país.

El nuevo paquete de medidas es la respuesta de Rishi Sunak a la alarma causada entre los parlamentarios tories por los datos definitivos de emigración legal conocidos hace diez días, y que el año pasado alcanzaron la cifra récord de 745.000 personas, tres veces más que el número de llegados al Reino Unido en el año del referéndum del Brexit. La sacudida política fue aún mayor porque en primavera se facilitó una estimación provisional de sólo 606.000 inmigrantes. La salida de la Unión Europea debía ser la bala de plata que acabara con lo que algunos ven como una invasión, pero se ha demostrado tener la pólvora mojada.

Ahora, a un año de las elecciones generales, los conservadores caen en la trampa que ellos mismos han creado al demonizar una inmigración más que necesaria para atender servicios sociales básicos, como la sanidad o la asistencia a la gente mayor, en banda de sectores como la construcción. La necesidad en la sanidad y la asistencia a las personas mayores es enorme, pero tanto enfermeras como cuidadores de la tercera edad seguirán manteniendo el umbral del salario en la misma cantidad que hasta ahora: 30.000 euros. Pero estos últimos, a diferencia de que ahora, no podrán establecerse en el país con sus familiares, sean hijos o parejas.

La reacción de los actores implicados no se ha hecho esperar. El sector ha experimentado en 2022 una reducción de empleados domésticos de 53.000 y un aumento de 70.000 procedentes del extranjero. "Con los nuevos cambios, prohibiendo la entrada a las personas dependientes, el gobierno dificultará que los proveedores de atención a las personas mayores puedan contratar a trabajadores extranjeros", ha dicho Martin Green, de la asociación de proveedores de estos servicios. La solución lógica, subir los salarios para los asistentes domésticos, no se considera, sin embargo. Una medida destinada a solucionar un problema puede agravar otro, cree Green. A partir de enero, tampoco podrán llegar con familiares dependientes los estudiantes, a no ser que estén en un programa de investigación de posgrado. El objetivo del ministerio es reducir la cifra a 300.000 inmigrantes anuales, muy lejos de las decenas de miles que prometió Cameron.