El Reino Unido también sufre la falta de vivienda asequible

LondresAl oeste de Londres es habitual pagar más de 4.000 libras al mes –unos 4.700 euros– por un piso de tres habitaciones. Con mucha suerte, compartir un piso de cuatro habitaciones puede permitir rebajar la factura hasta poco más de 3.000 libras –unos 3.500 euros–. En Edimburgo, un piso de cinco habitaciones, también para compartir generalmente entre estudiantes, a veinte minutos a pie de la Royal Mile –el centro histórico y turístico de la ciudad–, no baja de las 3.000 libras: a menudo se trata de viviendas sin ventanas dobles, una carencia grave porque los inviernos en Escocia son largos y duros.

La vivienda en cifras

Se mire por donde se mire, el Reino Unido, como también ocurre en el estado español, tiene un enorme problema de acceso a la vivienda. A menudo, no es solo una cuestión de precios prohibitivos. Según la National Housing Federation (NHF) –la entidad que agrupa a las asociaciones de vivienda social, que ofrecen pisos asequibles y sociales sin ánimo de lucro–, 8,5 millones de personas en Inglaterra no pueden acceder al hogar que necesitan. Entre ellas hay dos millones de niños que viven en casas o pisos "masificados, inasequibles o inadecuados", denuncian. Según sus datos, más de 310.000 niños comparten cama con otros miembros de la familia por falta de espacio.

Jonathan Webb, investigador principal del Centre for Regional Economic and Social Research (CRESR) de la Universidad Sheffield Hallam y especialista en los mercados y las políticas de vivienda, pone otras cifras al drama, en una entrevista con el ARA: "Hay más de 1,3 millones de hogares en lista de espera para una vivienda social y 1,6 millones de hogares de alquiler privado reciben el subsidio local de vivienda, una especie de ayuda para hacer frente al pago de la renta mensual". Mientras los alquileres han continuado subiendo, sin embargo, "los ingresos reales se han mantenido prácticamente estancados", remacha Webb.

El parque de vivienda social es una pieza central del sistema. Las asociaciones de vivienda y las administraciones locales proporcionan 2,7 millones de viviendas asequibles a más de 6 millones de personas, también según la NHF. La organización calcula que este parque permite a sus residentes ahorrar 18.000 millones de libras anuales respecto a lo que tendrían que pagar si tuvieran que acudir al mercado privado. Pero no es suficiente: se calcula que faltan unas 90.000 viviendas sociales al año para cubrir el déficit actual a lo largo de un período de diez años. "En un sentido más amplio –asegura Webb–, haría falta un ritmo total de construcción de 300.000 viviendas de todos los regímenes de tenencia [propiedad, alquiler privado y alquiler social] en una década para ayudar a reducir la brecha entre la oferta y la demanda".

¿La raíz del problema?

Uno de los problemas estructurales del mercado de la vivienda británico se remonta a 1980, cuando Margaret Thatcher impulsó el "derecho a la compra" de los pisos sociales (council houses) construidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre 4 y 5 millones desde 1945 hasta 1980. Como resultado de esta política, en el periodo 1980-1997, 1,7 millones de viviendas salieron del parque público, en general vendidas a sus ocupantes con grandes descuentos. La consigna política del thatcherismo era construir "una democracia de propietarios". En la España franquista, en un contexto económico del todo diferente, el eslogan del ministro falangista José Luis Arrese a finales de los años cincuenta era: "No queremos una España de proletarios, sino de propietarios". El beneficio que obtuvieron los councils o distritos no lo pudieron utilizar para hacer más pisos.

Webb apunta el efecto que todo esto ha tenido a largo plazo: "La falta de vivienda social presiona el parque existente y aboca a los hogares con menos ingresos a buscar techo en el sector privado, que es más caro". No hay datos, sin embargo, de cuántas de las viviendas que ahora forman parte de este mercado privado provienen de los antiguos pisos sociales.

Los datos del gobierno británico muestran que la propiedad continúa siendo, de largo, el régimen de vivienda mayoritario en Inglaterra. Un total de 16,2 millones de hogares (el 65%) son de propiedad, ya sea pagada o bajo hipoteca. El alquiler privado agrupa a 4,7 millones de hogares (19%). Desde comienzos de los años 2000, el número de hogares en este régimen se ha más que duplicado. Finalmente, hay 4,1 millones de hogares (16%) de alquiler social.

La asociación Generation Rent, que se presenta como la voz de los inquilinos privados del Reino Unido, asegura que el alquiler medio de una vivienda de dos habitaciones se sitúa en 1.243 libras mensuales (1.466 euros), una cifra que se eleva hasta las 2.166 libras mensuales (2.555 euros) cuando se alquila en Londres. Una pareja debe destinar el 40% de su sueldo conjunto para tener un techo. En general, se considera que una economía familiar sana es la que no debe destinar más del 30% de los ingresos a la vivienda.

Para reforzar la protección de los inquilinos, el gobierno laborista de Keir Starmer impulsó una reforma profunda del mercado privado. La ley de los inquilinos, el Renters’ Rights Act, aprobada en octubre de 2025 y en vigor desde el 1 de mayo, pone fin a los desahucios sin causa justificada, elimina los contratos de duración fija y limita a una vez al año las subidas del alquiler. No se vinculan, sin embargo, al IPC –solo es el caso de los alquileres sociales–, aunque existe algún mecanismo para denunciar aumentos abusivos. La ley también prohíbe que los propietarios o las agencias acepten ofertas superiores al precio anunciado, una práctica que alimentaba la competencia entre candidatos para conseguir una vivienda, convirtiendo el mercado en una selva bajo la ley del más fuerte o, en este caso, la del más rico.

La reforma refuerza los derechos de los inquilinos, pero, en la práctica, no resuelve el problema de fondo: la escasez de viviendas asequibles en un mercado en el que los precios continúan muy por encima de la capacidad económica de muchas familias, como ha apuntado ya el profesor Webb. De hecho, como ocurre en España, las condiciones de acceso a la vivienda son el primer factor de desigualdad de la sociedad británica.

Promesas incumplidas

Al llegar al poder en julio de 2024, el entonces primer ministro, Keir Starmer, prometió que, a lo largo de la legislatura, su gobierno construiría 1,5 millones de viviendas. Hace solo unos días, durante la celebración del congreso anual del Partido Laborista, su sustituto, Andy Burnham, se volvió a comprometer –ya lo había hecho a finales de agosto y a mediados de julio– a impulsar el programa de construcción de vivienda pública más ambicioso desde la posguerra. Este es uno de los muchos retos de su legislatura.

¿Conseguirá Burnham llegar al millón y medio de viviendas prometidas? El profesor Webb lo ve difícil. "Habría que acelerar radicalmente el ritmo de construcción y reforzar la capacidad de las administraciones locales, que han perdido parque, personal y la experiencia desde los años noventa". Los datos indican que, actualmente, se entregan unas 12.000 viviendas de alquiler social y 65.000 viviendas protegidas o asequibles anuales. Un ritmo todavía muy insuficiente para alcanzar la meta de la legislatura.

Como en España, en el Reino Unido la extrema derecha también señala a la inmigración como uno de los factores que explican la crisis actual de la vivienda. Nada más lejos de la realidad, según Jonathan Webb. "No hay ninguna evidencia de que la inmigración haya contribuido significativamente a los problemas de oferta de vivienda. La causa de la crisis actual es bien sencilla: durante demasiado tiempo no hemos construido suficientes viviendas y, cuando lo hemos hecho, nos hemos centrado en construir viviendas para la propiedad". Una propiedad también difícil de adquirir en estos momentos. Los datos oficiales confirman que en 2025 la vivienda media de este tipo en Inglaterra costaba 7,6 veces los ingresos anuales medios de un trabajador a tiempo completo: 300.000 libras frente a 39.300 (353.000 frente a 46.000 euros).