"Nos hemos embarcado en un suicidio anunciado": los centros de datos de IA ya dejan a poblaciones sin agua

BarcelonaCon botellas de agua vacías en la mano, ciudadanos de la isla indonesia de Batam irrumpían esta semana al grito de "Agua, agua" en un macrocomplejo de centros de datos. Todos ellos protestaban porque hace meses que de los grifos de sus casas no sale agua. Mientras tanto, los centros de datos del Parque Digital de Nongsa, ubicado en la isla, sigue teniendo suficiente agua para que los ordenadores y los sistemas funcionen con normalidad. Ahora los habitantes de la isla, que intenta convertirse en un polo tecnológico, dependen de camiones cisterna para tener agua, según ha informado la BBC.

El caso de la isla de Batam es solo uno de los últimos en los que los centros de datos, construcciones que se han disparado para sostener la carrera por la inteligencia artificial (IA), acaparan el agua de las zonas donde están instalados. Quilicura (Chile), Dallas (Estados Unidos), Querétaro (México) y Canelones (Uruguay) son otros ejemplos donde los centros de datos están asfixiando los recursos hídricos –y también eléctricos– por la necesidad masiva de agua para refrigerar los servidores, y también para generar la enorme cantidad de electricidad que utilizan.

Según datos de la OCDE y la Universidad Cornell, por cada texto de 100 palabras o cada conversación con entre 10 y 40 prompts (indicaciones) se consumen hasta 0,5 litros de agua dulce, o el equivalente a 14 bombillas led encendidas durante una hora. La creación de imágenes con IA incrementa más las necesidades de agua: cada imagen generada consume entre 2 y 5 litros de agua, y los vídeos disparan aún más el consumo, unos 30 litros por cada minuto de vídeo. De cara a 2027 se prevé que el uso de agua global en torno a la IA sea de entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos, una cantidad que equivale a entre 4 y 6 veces el consumo de agua anual de Dinamarca.

Nueva extracción de recursos

Al igual que en la isla de Batam, Quilicura, al norte de Santiago de Chile, se ha erigido en polo de centros de datos del país y de América Latina. Con seis macrocomplejos de compañías como Google, Ascenty y Microsoft, la población vive una revuelta contra estas grandes instalaciones, que ponen en peligro su humedal, el más importante de la zona y uno de los más grandes de Chile, con 469 hectáreas y declarado bajo protección nacional.

Los primeros centros llegaron a la población chilena en el año 2010, pero un momento clave fue cuando Google apostó por Quilicura en 2015 e instaló allí su primer centro de datos en América Latina. Ahora la población chilena tiene una de las mayores concentraciones de centros de datos en América Latina, y los vecinos denuncian que estas instalaciones, conectadas al humedal, lo están secando por el consumo masivo de agua que necesitan. Google tiene derecho a extraer 50 litros por segundo –el equivalente al consumo de unas 8.500 familias– para refrigerar los miles de servidores y ordenadores.

Según informes oficiales de Google, el centro de datos de Quilicura consumió 461 millones de litros en 2024. A este consumo masivo se le suma el riesgo de sequías por el cambio climático, que podrían poner todavía más en peligro el humedal.

El problema de los centros de datos y el agua escaló en Chile hasta el punto de que el gobierno del país presentó un plan para descentralizarlos, con la idea de llevar los centros a zonas desérticas. También ha intervenido la justicia: un tribunal chileno bloqueó el intento de Google de construir un nuevo centro de datos en Cerrillos –al suroeste de Santiago–, que debía servir de apoyo al de Quilicura, por el impacto ambiental que implicaba. El nuevo centro al que aspiraba Google necesitaba 7,6 millones de litros de agua potable al día.

El caso de Quilicura no es el único. Querétaro, al norte de Ciudad de México, también sufre las consecuencias hídricas de los centros de datos. En esta población, el colectivo de estudiantes UEMAS ha sido de los más beligerantes y ha denunciado que la proliferación de estos centros de datos no aporta modernización, sino que es una nueva forma de extraer recursos: implica el sacrificio del suelo, saturar la red eléctrica y agotar el agua local.

Ahora bien, la rebelión ambiental contra los centros de datos no se limita al Sur Global. Ha llegado también a los Estados Unidos, de donde proceden buena parte de las empresas que los operan. En el retorno a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó una política desregulada para beneficiar la construcción de grandes centros de datos, tal como le exigían las grandes tecnológicas, pero se ha topado con quejas en los estados afectados por las instalaciones, como por ejemplo Nuevo México y Pensilvania.

En Pensilvania, la cuestión ha llegado tan lejos que la empresa NorthPoint Development ha propuesto pagar 10.000 dólares a cada familia del municipio de Hazle para que den apoyo a la construcción del centro de datos que la compañía quiere construir en la población.

"Un suicidio anunciado"

Ante la inquietud ambiental y energética, una veintena de estados de los Estados Unidos –gobernados tanto por demócratas como por republicanos– han aprobado medidas para interrumpir o prohibir la construcción de centros de datos, y siete más están tramitando ponerles límites. Texas –en manos republicanas– es uno de los estados con mayor concentración de centros de datos y ha puesto freno a la construcción de nuevas instalaciones, influido también por una posible victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el 3 de noviembre.

En Europa, la UE exige que los centros de datos con una potencia instalada de 500 kW o más deban notificar su consumo de agua y electricidad, y diversos países, como Alemania, Francia y los Países Bajos, han impulsado a toda prisa legislaciones que imponen restricciones a las instalaciones o medidas para que sean más sostenibles. En España, la regulación todavía está pendiente. Mientras algunos países se apresuran a intentar contener la expansión de los macrocentros de datos, en plena fiebre por la IA, la ONU ha pedido una moratoria. Lo reclamó el relator sobre el derecho al agua, con un tono contundente: "Nos hemos embarcado en un suicidio anunciado".