España defiende (con la boca pequeña) el derecho de autodeterminación de los palestinos

BarcelonaEspaña ha presentado este lunes sus argumentos a la vista que se celebra en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, por la ocupación israelí de los territorios palestinos. Hablando en nombre del reino de España, el diplomático Emilio Pin, jefe adjunto de la asesoría jurídica internacional del ministerio de Asuntos Exteriores, recordó la jurisprudencia del tribunal en el sentido de que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania "vulnera al derecho internacional, no sólo porque es contraria a la Convención de Ginebra, sino porque impide el ejercicio del derecho a su autodeterminación del pueblo palestino”.

Como ha recordado y reiterado el diplomático español, el derecho a la autodeterminación está recogido en la carta fundacional de la ONU. Pero no es éste el criterio que el gobierno español aplica en otros casos, como ha ocurrido recientemente con el Sáhara Occidental. Pedro Sánchez dio un giro en la posición histórica de España, que defendía el derecho de los saharauis a un referéndum de autodeterminación para decidir si quieren formar parte de Marruecos, para pasar a defender el plan marroquí de una autonomía, que justamente niega ese referéndum. Todo ello para conseguir la cooperación de Rabat en el blindaje de la frontera sur de España al paso de los migrantes. Tampoco España ha reconocido nunca el derecho a la autodeterminación de Kosovo, contra el criterio de la UE y la ONU, en este caso por motivaciones internas: reconocer la independencia de Kosovo sería incompatible con negar los referendos de autodeterminación de Catalunya o la resto de naciones del estado español.

Ocupación "ilegal" de Palestina

La vista que acaba hoy en La Haya, después de una semana de sesiones, es el resultado de la petición de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022, que pidió al tribunal que emitiera una opinión consultiva sobre la ocupación de los territorios palestinos. Han participado 52 países y tres organismos internacionales, y ha coincidido en el tiempo con la ofensiva israelí sobre Gaza que ya ha dejado 30.000 muertes en la franja y ha motivado otro proceso por genocidio impulsado por Suráfrica en el mismo tribunal y en el que España ni ningún otro país occidental han apoyado.

España también ha defendido ante el Tribunal que los asentamientos israelíes en Cisjordania "no tienen validez legal" y "constituyen un gran obstáculo para la creación de un estado palestino. Siguiendo el criterio del derecho internacional, Pin ha defendido que Israel tiene la condición de "potencia ocupante" tanto en Gaza como en Cisjordania y que como tal no puede "deportar o trasladar a parte de su población civil al territorio que ocupa".

Aunque no ha llegado a utilizar el término apartheid por referirse al sistema judicial al que están sometidos los palestinos en los territorios ocupados, como han hecho organizaciones de referencia en materia de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, el representante español sí ha hablado de "discriminación institucionalizada". "Los tribunales militares israelíes imponen la ley militar a los palestinos, los tribunales israelíes aplican la ley civil israelí a los israelíes, incluidos los colonos", ha advertido Pin. También denunció que las fuerzas israelíes vulneran el derecho al trabajo, a la protección de la familia ya un nivel de vida adecuado de los palestinos". Y destacó que Israel vulnera la Convención de los Derechos del Niño, con la "detención, interrogatorio , procesamiento y encarcelamiento de numerosos niños palestinos por las fuerzas de empleo israelí". El diplomático ha remachado que nada de eso está justificado por una situación de conflicto.