Enemigos del estado: Putin ahoga el exilio político ruso
El Kremlin retuerce las leyes para catalogar a sus críticos como terroristas y privarlos de la ciudadanía
MoscúVladimir Putin no basta con forzar a cientos de críticos con su régimen a huir de Rusia por miedo a acabar en prisión. También quiere hacerles la vida imposible en el exilio. Desde hace unos meses, las autoridades han empezado a añadir opositores al listado de terroristas y extremistas para dificultarles la financiación en el extranjero. Y ahora una nueva ley les estrangulará aún más económicamente y amenaza con dejarlos en la práctica sin ciudadanía.
La norma prevé la creación de un registro de enemigos del estado: emigrantes que, según las autoridades, estén eludiendo una condena en Rusia. La sentencia no necesariamente debe ser por hechos graves, sino que también se tienen en cuenta las sanciones administrativas por delitos como el "descrédito en el ejército", la fórmula más habitual de castigo a las personas contrarias a la guerra de Ucrania. Ahora bien, formar parte o no es decisión de la Fiscalía General, que hace y deshace con total discrecionalidad.
Quienes pasen a integrar esta lista se enfrentarán a varias prohibiciones: se les congelarán los fondos en bancos rusos y les transferirán los ahorros a cuentas supervisadas por el Estado; no podrán pedir créditos; no podrán vender ni sus pisos ni sus coches, ni designar a un apoderado para que lo haga; se les vetará el acceso a la plataforma electrónica de servicios públicos y perderán el derecho a la asistencia consular.
Pasaporte y ciudadanía
Este último punto es especialmente grave, según la ONG Primer Departament. Implica que los afectados no puedan renovar el pasaporte y, por tanto, "esencialmente, se les pretende revocar a la ciudadanía", con todos los inconvenientes que tiene no poder disponer de un documento de identidad. Uno de sus abogados, Maksim Oletxnik, explica al ARA que el Kremlin "quiere reprimir las voces críticas que abandonaron Rusia para denunciar las violaciones de derechos humanos".
Andrei Soldátov e Irina Borogan, dos periodistas que tuvieron que huir en el 2020 para no acabar en prisión, escriben en un artículo para el CEAP que el objetivo de la ley es "destruir la vida de los opositores y su base económica". Moscú, opinan, busca "intimidar y acosar" a personas como ellos y concluyen: "El lenguaje utilizado deja poco espacio para el entendimiento, no hay ninguna invitación a volver, bajo ninguna circunstancia, sólo la promesa de una presión implacable y despiadada".
La lucha de las autoridades rusas se enmarca en la obsesión por la amenaza que supuestamente representan a los exiliados políticos como agentes enemigos, colaboradores de Occidente. No en vano esta ley la ha redactada la Comisión para la Interferencia Extranjera, creada inmediatamente después de la invasión de Ucrania, y que fundamentalmente se dedica a reprimir a la oposición.
Todos terroristas
Otra vía que utiliza el estado ruso para tratar de provocar la muerte civil de los exiliados es la lista de terroristas y extremistas. Antes de la guerra, este registro incluía sobre todo a personas vinculadas al islamismo radical. Más adelante, se añadió la Fundación Anticorrupción de Aleksei Navalni y sus colaboradores, pero con el inicio de la invasión, empezó a ensancharse hasta albergar cualquier crítico con el régimen. En el último año, las cifras de "terroristas" se han disparado porque también se ha permitido incorporar a cualquier sospechoso de "desacreditar a las Fuerzas Armadas", es decir, cualquiera que haya cuestionado la guerra. Actualmente, consta de cerca de 25.000 personas.
La investigadora Alexandra Prokopenko apunta en un artículo para el Carnegie Center Rusia Eurasia, el Kremlin se aprovecha de los mecanismos del sistema financiero occidental para perseguir a los disidentes. Cuando un exiliado ruso aparece en una lista de terroristas y extremistas, automáticamente, a los bancos les salta una alarma. A continuación, las entidades piden documentación a los clientes, bloquean transferencias inocuas y les cierran las cuentas. "Las normas internacionales están formuladas de tal modo que todos parecen igualmente peligrosos: sea un preso político ruso o un auténtico combatiente de Estado Islámico", lamenta.
Borogan y Soldátov también advierten que esta estratagema del gobierno ruso puede limitar mucho los movimientos de los opositores en el extranjero. En 2022, Moscú incluyó a muchos de los críticos en listas con orden de búsqueda y captura internacionales, pero Interpol se negó a entregar a personas buscadas por delitos políticos. Sin embargo, el alivio que sintieron muchos exiliados en ese momento, se ha ido diluyendo a medida que Putin ha logrado cerrar acuerdos bilaterales de extradición con una veintena de gobiernos, entre ellos el de China, Marruecos, Chile, Tailandia, Egipto o Arabia Saudí. Ahora, los opositores son conscientes de que poner los pies en el país equivocado puede tener consecuencias fatales.