À Punt rompe récords de audiencia mientras Mazón maniobra para tener más poder en el ente

BarcelonaCuando terminó en 2023, la televisión pública valenciana À Punt tenía poco que celebrar. Cerraba el año con un 3,0% de audiencia, una décima menos que el año anterior. El descenso ciertamente era leve, pero el canal aparecía en última posición en el ranking de las autonómicas, lejos de resultados como las televisiones de Catalunya, Galicia o Aragón, donde superaban el 10%. Esta situación se ha dado la vuelta en los últimos días, en los que los efectos de la DANA han catapultado el canal a sus mejores resultados de cuota de pantalla. Cercanía, valores de televisión pública y una actitud crítica con la gestión del presidente valenciano Carlos Mazón –que maniobra para poder tener más poder en el seno del ente– han sido las claves de lo que podría convertirse en punto de inflexión de una marca que hasta ahora no había llegado a levantar el vuelo.

Las perspectivas para este 2024 no eran especialmente halagüeñas. Hasta el 4 de noviembre, À Punt marcaba sólo un 2,5% de cuota de pantalla, para una audiencia media de 15.000 espectadores. La llegada de la DANA impulsó a las audiencias hasta un 12,3% el 29 de octubre, y hasta un 13,5% al ​​día siguiente, lo que se tradujo en los dos mejores registros históricos de la televisión . Y los buenos registros han continuado una vez la situación crítica se ha superado pero la Comunidad Valenciana debe enfrentarse a las labores de rescate y gestión de los daños. En la última semana, el canal osciló entre el 4,6% y el 12,2% de cuota de pantalla. Si miramos desde el 28 de octubre, el canal ha promediado un 8,5% y eso le coloca en cuarta posición, por detrás de La1 (13,3%), Antena 3 (12,7%) y Telecinco (8,7%), y por delante de La Sexta (8,2%) y Cuatro (5,4%).

La cobertura que está haciendo À Punt del desastre natural contrasta por completo con la que hizo su antecesora, Canal 9, cuando se produjo el accidente del metro de Valencia, en el 2006. En aquella ocasión, la televisión estaba fuertemente controlada por el gobierno y los informativos tendieron a minimizar tanto como pudieron un caso que dejó 43 muertes. En el momento en que se clausuró Canal 9, los trabajadores tomaron control de las emisiones y se disculparon: “Canal 9 tuvo una actitud indigna para una televisión pública, que debía estar junto a sus ciudadanos. Las órdenes para silenciar esas voces, para no entrar en la investigación, para callar muchas cosas, salieron del despacho del Palau de la Generalitat”, dijeron.

El desprestigio y el ahogo económico provocaron que un canal que en 2006 marcaba un nada despreciable 14,3% pasara a tener tan sólo un 3,7% de seguimiento en 2013, el de su desmantelamiento, fruto también de un ahogo económico aplicado por el gobierno de Alberto Fabra.

En este sentido, uno de los clips que más ha circulado en redes es el que muestra en Victoria Rosselló, jefe de meteorología de la cadena, comentando en antena la lentitud del ejecutivo de Mazón a la hora de dar el alarma general: "Sabiéndolo como lo sabían, no fueron capaces de hacer llegar a la población el riesgo que había". Y añadía: “A las tres, ya lo largo de toda la mañana, tanto en redes como en el espacio del tiempo estuvimos diciendo que no debía salir de casa. Y la alarma general se dio a las 8”.

En guerra por la financiación

Para calibrar justamente los resultados de audiencia de À Punt habría que ponderar su presupuesto con el resto de televisiones. Con 84 millones de euros de aportación de la Generalitat, es una cifra notablemente inferior a las de los canales autonómicos líderes como TV3 (330 millones), la gallega TVG (119) pero superior a los 50 millones con los que Aragón TV alcanza su notable resultado.

Con todo, la llegada de PP y Vox al gobierno valenciano hizo temer una progresiva desarticulación de este medio público. Al fin y al cabo, la representante de la formación de ultraderecha en las Corts valencianas, María Llanos Massó, ironizaba en un tuit que la televisión debería llamarse “A punto... de cerrar”. Y, en otro tuit, el grupo parlamentario citaba los servicios informativos de la cadena y aprovechaba para amenazarles: “Aprovechad lo que le queda en el convento, que vamos a cerraros”.

Mazón, sin embargo, no asumió la exigencia de Vox y la salida de los de Abascal del gobierno, en julio, ha acabado de alejar el fantasma de la clausura. El presidente valenciano, por el contrario, ha centrado su estrategia en impulsar medidas que modifican el modelo del ente, aunque sea para evitar un desmantelamiento como el de Canal 9, con el ruido mediático que generó. Pero, mientras esto llega, el anterior gobierno dejó ligado un modelo de financiación y un contrato programa que garantizaba una cierta estabilidad de la cadena, puesto que fija un mínimo del 0,3% del presupuesto de la Generalitat como aportación pública a los medios (y un máximo del 0,6%). Los 84 millones otorgados en el 2024 suponen cumplir, aunque sea por lo mínimo, esta exigencia legal.

Eso sí, la nueva ley que se prepara incluye provisiones que le aseguran mayor capacidad de influencia. Para empezar, el actual Consejo Rector (donde están representados varios sectores de la sociedad civil) dejará paso a un Consejo de Administración al uso, donde sólo habrá partidos políticos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también controlada por el PP. Se cambia también el sistema de mayorías para nombrar a los responsables del ente, por lo que sólo haga falta mayoría absoluta y eso faculta a los populares a designar a los consellers sin tener que pactarlos con la oposición. Y, además, se eliminan las referencias a la protección del valenciano.

La cobertura de la DANA ha movilizado toda la estructura, pero también la ha tensionado: “En momentos así es cuando resulta más patente que nuestras posibilidades son limitadas porque también lo es nuestro presupuesto, un problema que arrastramos desde de la misma creación del ente”, detalla en el ARA el Consejo de Informativos que representa a los periodistas de la casa. “Y, sin embargo, se ha llegado a decenas de escenarios, se ha hablado con cientos de afectados, se ha actuado como medio oficial de servicio público para las comunicaciones institucionales, se ha entrevistado a decenas de especialistas y se ha luchado contra todas las dificultades que una cobertura como ésta conlleva”.

Preguntados sobre posibles injerencias desde el gobierno, el Consejo asegura que “no tiene constancia de que se haya transmitido ninguna consigna, instrucción, veto o prohibición a la hora de realizar las coberturas. Si los estamentos directivos han recibido alguna, no se ha transmitido al personal que elabora los informativos, al menos hasta el momento de escribir estas líneas”. Esto ha permitido, pues, trabajar "con muchas dificultades pero con libertad". Y añaden: "Pensamos que, considerando el historial de los medios públicos valencianos, esto es más que destacable".