La madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en el 2018, pide un pacto de estado para poner límites al 'true crime'

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en febrero del 2018, ha pedido hoy en una comparecencia en la comisión de interior del Senado un pacto de estado que ponga límites a las producciones de true crime y proteja a los afectados por delitos especialmente violentos para evitar su revictimización. Hace semanas, Ramírez confesó su temor porque una productora quiere hacer una serie documental sobre la muerte de su hijo, que fue asesinado por Ana Julia Quezada, pareja del padre de la criatura.

Este martes Ramírez ha explicado que finalmente la serie no se hará, según le ha asegurado la compañía que había puesto en marcha el proyecto. La mujer ha detallado que el lunes se reunió con la productora y que ésta se comprometió a no hacer el true crime. Sin embargo, Ramírez asegura que está pendiente de la confirmación de los abogados y que no tiene ninguna garantía de que otro no quiera hacer una docuserie sobre su caso. "Si sale, nos hará un mal público, porque seguramente volverá a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida", ha afirmado Ramírez.

La madre de Gabriel Cruz ha comparecido en el Senado por petición propia después de que le llegara la información que Quezada podía estar participando en un documental. Ramírez ha dejado claro que si le hubiera informado directamente, como le asiste el derecho que tiene como víctima, no habría tenido que acudir al Senado, donde ha hecho un relato detallado de lo que ha pasado y de los pasos que ha seguido acogiendo en el Estatuto de las Víctimas. Señaló que, según reconoce un escrito de la dirección de la cárcel de Brieva (Ávila) remitido a la justicia y que Ramírez leyó, Quezada justificaba su petición de participar en el documental en la necesidad de obtener ingresos para pagar la responsabilidad civil de su condena y por enviar dinero a su familia a la República Dominicana. La condenada también ha argumentado que quería participar en el true crime porque tenía "necesidad" de explicarse y contar la realidad de los hechos.

La propuesta de Ramírez de hacer un pacto de estado para poner límites al true crime toma como referencia lo que se suscribió contra la violencia de género para evitar la doble revictimización. La madre de Gabriel Cruz quiere que los condenados por delitos de gravedad "nunca puedan hacer un documental, una serie televisiva o un libro" y que se controlen las comunicaciones de los presos si pueden resultar perjudiciales para las víctimas.