Las autopistas de Cedinsa ganaron un 20% menos al año antes de perder el Eix Transversal

BarcelonaCedinsa, la principal concesionaria de autovías de peaje a la sombra de Catalunya, cerró 2022 con un beneficio neto de 22,67 millones de euros, prácticamente un 20% menos que en el ejercicio anterior, cuando ganó 28, 28 millones, según las cuentas consolidadas presentadas en el Registro Mercantil. Estos resultados son los últimos de la concesionaria antes de perder la explotación de la C-25, el Eix Transversal, que la Generalitat decidió recuperar aprovechando una ventana que se abría al contrato.

La concesionaria, que también explota los ejes del Llobregat (C-16), Aro (C-35) y del Ter (C-17), ya superó en el 2021 el fuerte impacto del covid. Sin embargo, en el 2022 vio como la cifra de negocio perdía poco más de un millón de euros, pasando de los 112,7 millones en el 2021 a los 111,4 millones en el 2022. Sin embargo, queda lejos la sacudida pandémica . En el 2020 la cifra de negocio había caído a sólo 90,7 millones y el beneficio quedó en poco más de 21 millones, cuando un año antes, en el 2019, el anterior al estallido del covid, había facturado 112,6 millones y las ganancias habían subido hasta los 30,13 millones.

El peaje a la sombra consiste en un sistema en el que la constructora financia la obra y después cobra de la administración que ha hecho la concesión –en este caso la Generalitat– en función del tráfico que registra la vía. La concesión del Eix Transversal terminaba en 2040, mientras que la de la C-17 termina en 2039 y la de las otras dos vías de la compañía en 2038.

La Generalitat decidió en noviembre del año pasado recuperar el Eix Transversal, en la operación financiera más importante de su historia. Así, el Govern pagó 479 millones de euros a la concesionaria para recuperar la vía. Una operación que, según el departamento que dirige la consellera Natàlia Mas, permitirá a la Generalitat ahorrarse 791 millones de euros hasta el 2040, cuando terminaba inicialmente la concesión.

Litigio pendiente

La compañía, que inicialmente constituyeron constructoras catalanas, pero que ahora está controlada por el fondo francés Vauban Infrastructure Partners, reconoce en su informe de gestión que esta operación no afecta a sus cuentas de 2022. Pero indica que ha dado de baja el activo, incluidos los gastos financieros diferidos y las provisiones asociadas al mantenimiento y reparación, con un impacto positivo de 42 ,6 millones de euros.

Sin embargo, recuerda que presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión del Gobierno –aún por resolver– y pidió medidas cautelares para que quedara suspendida la decisión de la Generalitat, pero el TSJC las desestimó en enero de este año.