Escola Valenciana y el STEPV alegan que la reforma de la ley de plurilingüismo discrimina a los estudiantes de zonas castellanohablantes

ValenciaEscola Valenciana y el Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han presentado una batería de alegaciones a la reforma de la ley de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana. Consideran que va en contra de normativas como la ley de uso y enseñanza del valenciano (LUEV) o el Estatut y, además, supone "una discriminación" para los estudiantes de zonas castellanohablantes, ya que "el conocimiento del valenciano comporta más oportunidades en el ámbito académico, laboral, social y cultural", subraya la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó.

Estas alegaciones se han presentado después de que, dentro del anteproyecto de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2024 (ley de acompañamiento) se haya incluido la posibilidad de que, a partir del curso escolar 2024-2025 y en zonas de predominio lingüístico castellano, el valenciano deje de ser lengua vehicular obligatoria de asignaturas distintas a la de lengua. Es decir, en los municipios castellanohablantes desaparecerá la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de los contenidos en valenciano.

Esta modificación, además, permite que los estudiantes castellanohablantes puedan recibir toda la enseñanza en castellano –ni siquiera recibirían la asignatura de valenciano, porque la exención sigue vigente–. Mientras, los alumnos valencianohablantes no podrían recibir la enseñanza completamente en valenciano, su lengua, porque, además de la asignatura de castellano –de la que no hay posibilidad legal de quedar exentos– estarían obligados a cursar un 25% de las materias en castellano.

Asimismo, las alegaciones afirman que la disposición otorga a los consejos escolares y a los titulares de centros privados unas competencias que no están reconocidas por la normativa que regula los centros educativos y los órganos de representación de los consejos y, por tanto, sería contraria a ley. De hecho, han criticado que la medida no está basada en ningún criterio pedagógico ni lingüístico, y se insta al Consell a "ver las lenguas como puentes", entendiendo que "más conocimiento supone más oportunidades para el alumnado".