La Fiscalia pide imputar a Aguirre, Cifuentes, Güemes, Lamela, Monzón y otros 20 por financiación irregular
El juez García-Castellón dictará un auto con las citaciones para septiembre
MadridLa Fiscalía Anticorrupción solicita imputar a alrededor de 25 personas en relación con cuatro piezas separadas que investigan diversas operaciones de financiación irregular del Partido Popular de Madrid y presuntas comisiones en lo que se presenta como el impulso final de la llamada Operación Púnica. Según un escrito presentado este viernes, día 2 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción define el plan de actuación sobre esas cuatro piezas, que forman parte de las once que ha totalizado la investigación de Púnica.
Las fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, piden que declaren en calidad de imputados/investigados las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que se unen a quien ya tiene esa condición, Ignacio González. Las fiscales solicitan también la imputación de los que fueran consejeros de Sanidad del gobierno de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela.
No se limita la acción investigativa a los políticos.
Un aspecto clave de la presunta financiación irregular citada son los pagos de 566.497 euros, entre otros, realizados por la empresa de consultoría Indra a las campañas de la candidata del PP, Aguirre, en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011.
Las fiscales solicitan que declare en calidad de investigado Javier Monzón, quien fuera presidente de Indra en la época en que se realizaron dichos pagos calificados como “desviación de fondos para realizar pagos al Partido Popular de Madrid”.
El que fuera número dos de Monzón, el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, como otros ejecutivos de Indra, se mantienen como imputados. Durante la investigación, las fiscales confirmaron que no existe constancia de los trabajos realizados por dos sociedades a las que Indra pagó los citados 566.579 euros y que fueron canalizados a las campañas de Esperanza Aguirre, según el último informe de 20 de junio pasado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Monzón es desde mediados de 2018 presidente no ejecutivo de Openbank, filial del Banco Santander, y pasó de la vicepresidencia no ejecutiva de Prisa a presidente no ejecutivo del consejo de administración de dicho grupo en diciembre de 2018.
Las fiscales solicitan, asimismo, la imputación de la empresa Indra como persona jurídica.
Fuentes jurídicas señalan que las fiscales consideran tan “amarradas” las imputaciones de pagos irregulares que han optado por citar a la empresa como responsable.
Se da la circunstancia, según señalan fuentes jurídicas, que Indra ha reconocido, en una sentencia penal dictada por la Audiencia Provincial de Madrid respecto de una deuda de la empresa con Hacienda, haber realizado facturación falsa. La sentencia se ha dictado con la conformidad de Indra. Las fiscales, pues, han decidido iniciar la fase final de la investigación con Indra como persona jurídica imputada.
El escrito de las fiscales García Cerda y Gálvez, ha sido supervisado cuidadosamente desde hace semanas, según fuentes consultadas por ARA, por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La decisión de presentarlo en estas fechas obedece, según esas fuentes, a la necesidad de avanzar en el último cuatrimestre de 2019 hacia el procesamiento (conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado) de los investigados.
Las cuatro piezas que van a recibir un impulso en los próximos meses son, precisamente, la número 6 o contratación de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez (presuntos amaños en los contratos públicos de eficiencia energética de más de una decena de consistorios de la Comunidad de Madrid); la número 8 u operaciones de lo que se conoce como “la CAM de Francisco Granados” es decir, la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid; la 9 relativa a “los hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del partido Popular de la Comunidad de Madrid” y la número 11 referida a la contratación de Alfedel, la empresa de asesoría escolar de la trama de Púnica para montar la construcción de una red de colegios concertados a través de concursos públicos presuntamente amañados.
La pieza de financiación del PP de Madrid une en una sola las investigaciones de Lezo y Púnica.
Fuentes jurídicas aseguran a ARA que el juez García- Castellón dictará un auto con los hechos que describen ampliamente las fiscales García Cerda y Gálvez para empezar a tomar declaraciones de los imputados/investigados en septiembre próximo.
