La Generalitat quiere volver a ser propietaria de los edificios en los que trabaja
El departamento de Economía presenta un plan para aumentar del 22% al 68% las oficinas en propiedad del Govern
BarcelonaLa Generalitat de Catalunya quiere volver a ser la propietaria de la mayoría de edificios de oficinas en los que trabajan los funcionarios de la administración. El departamento de Economia ha presentado este lunes un plan para volver a ser "propietaria mayoritaria de los edificios que ocupa", ha explicado la consellera, Natàlia Mas, para revertir la situación creada por la venta de muchos inmuebles propios para obtener ingresos adicionales durante los años más duros de la crisis financiera.
En 2012, la Generalitat ocupaba unos 468.000 metros cuadrados, de los que el 63% eran propiedad del Govern y un 22% eran arrendamientos. Actualmente, la cifra es exactamente la inversa: el 22% de la superficie de oficinas de la Generalitat está en inmuebles propios, mientras que el 63% es de alquiler. El objetivo del Govern es llegar al 2038 superando los datos de propiedad de antes de la crisis y llegar, al menos, al 68% de los inmuebles propios y sólo un 13% de arrendados. Con más edificios de propiedad, el Govern tendrá "menos gasto directo e indirecto" para mantener los edificios, porque supondrá un "impacto directo" en el gasto en alquileres, pero también "con gasto asociado", como consumo energético, mantenimiento o vigilancia , ha asegurado Josep Maria Aguirre, director general de Patrimonio de la Generalitat.
Con esta medida, el Govern quiere revertir las ventas de inmuebles efectuadas durante el gobierno de Artur Mas entre 2012 y 2014, los años de la crisis financiera y de deuda, un momento de "ahogo financiero" y "extrema necesidad", según la consellera Mas. Entonces el departamento de Economia dirigido por el conseller Andreu Mas-Colell se desprendió de un elevado número de inmuebles (40, la mayoría en Barcelona) para incrementar los ingresos en un momento de máxima crisis y de aplicación de políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea.
Las operaciones fueron cuestionadas en 2018 por la Sindicatura de Cuentas, que consideró que el ejecutivo había vendido 14 edificios por debajo del precio de mercado y que el ahorro logrado pasando de un régimen de propiedad a uno de alquiler había sido negativo, extremo negado en ese mismo momento por el departamento de Economía , entonces con Pere Aragonès al frente.
Construcción y rehabilitación
Pese al incremento constante de la población y, por extensión, del número de trabajadores públicos, la Generalitat también quiere reducir un 22% en comparación con el 2012, hasta los 364.000 metros cuadrados, el total de superficie utilizada por el Govern en oficinas por a funcionarios, ya sea por una optimización de los espacios existentes como por la política de teletrabajo implementada a raíz de la pandemia, que hace que los empleados de la administración trabajen desde casa dos días a la semana. "Las mismas mesas dan servicios a un mayor número de funcionarios", ha dicho Aguirre.
En total, el Govern prevé que 10.000 empleados públicos vayan a edificios de nueva construcción con una superficie agregada de unos 145.000 metros cuadrados, mientras que unos 1.300 funcionarios ocuparán 35.000 metros cuadrados en inmuebles que ya son de la Generalitat y que serán objeto una "rehabilitación integral" para mejorar los espacios y hacerlos más eficientes energéticamente. Además, se optimizarán otros 47.000 metros cuadrados en otros edificios de propiedad que no tendrán que pasar una reforma total, donde trabajarán unos 1.200 empleados, y unos 800 trabajadores se situarán en oficinas arrendadas, pero que el Gobierno optimizará igualmente, que suman unos 59.000 metros cuadrados.
Aguirre ha justificado la compra de nuevos inmuebles de oficinas desde un punto de vista económico. Según los cálculos del Govern, cada euro invertido en oficinas la administración tendrá un retorno de 1,98 euros. La amortización de cada edificio es, en promedio, de unos nueve años -la cifra sube en el caso de las rehabilitaciones-, por lo que el departamento de Economía considera que es una buena inversión a largo plazo, dada la " voluntad de permanencia" de la Generalitat, ha dicho la consellera.
Todas las oficinas nuevas deberán ubicarse en suelo de equipamientos, por lo que el Govern descarta buscar emplazamientos en el mercado de oficinas, porque "sería mucho más puesto que edificar", ha comentado Aguirre. "La administración no debe competir con operadores privados", ha declarado. Además, elacuerdo de investidura entre ERC y PSOE prevé la creación de una comisión entre los gobiernos catalán y español para que este último le ceda oficinas que actualmente tiene vacías en Barcelona, lo que podría aumentar el porcentaje de inmuebles en propiedad, ha recordado Aguirre.
Nuevo edificio en Fira de Barcelona
El Govern ha anunciado también la adquisición de buena parte de la Torre Nova, un edificio de oficinas ahora en construcción junto a la futura ampliación del recinto Gran Via de Fira de Barcelona. El nuevo inmueble, situado en L'Hospitalet de Llobregat, tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados, la mayoría ocupados por la administración catalana, mientras que una parte se reservará en Fira 2000 (donde la Generalitat también tiene la mayoría). Según Aguirre, se ubicarán unos 1.200 empleados públicos a partir de 2027, cuando el edificio podrá entrar en funcionamiento.