Más gente sin casa y menos margen para detener la escalada de desahucios

GeronaLas entidades provivienda de las comarcas gerundenses constatan un repunte de los desahucios en la demarcación, en una lógica que se refleja no sólo en el aumento de casos, sino en la intensidad en el tiempo y en las formas de ejecución, incidiendo consecuentemente en el margen que tienen estos espacios colectivos para detenerlos o retrasarlos. Casos recientes muestran lo que está ocurriendo en distintos lugares de las comarcas gerundenses.

Desde el Sindicato de Vivienda de Salt denuncian la contundencia con la que se están ejecutando los desahucios estos últimos meses: “Por primera vez, nos hemos encontrado un desahucio con presencia de cinco furgonetas de mossos armados con metralletas, o desahucios de pisos de la Generalitat ejecutados sin un aviso ni de fecha, ni temprano. Nos encontramos cada vez más casos de desahucios en los que, en la misma notificación, los juzgados informan que ya han obtenido la confirmación de la disponibilidad de los servicios de orden público para ejecutar el lanzamiento. Todos estos factores están ahí para dificultar que podamos actuar, o que cuando lo hagamos sea demasiado tarde, ya que últimamente llevamos un ritmo de dos desahucios por semana". Ayer, el miércoles, un desahucio con presencia de furgones policiales se saldó con tres detenciones de miembros de este sindicato.

En la primera mitad de este año se practicaron 597 desahucios en las comarcas gerundenses, un dato que auguraba una tendencia bajista en comparación con el primer semestre del 2022 (694), pero que no acabó confirmando. Se contabilizaron cuatro desahucios diarios en la demarcación de Girona entre julio de 2022 y junio de 2023. Aunque el dato fue a la baja en el tercer trimestre de este año, en el que se contabilizaron 192 desahucios, en tratarse de los meses de verano la bajada debe enmarcarse en un contexto de menor actividad judicial en el que la ejecución de sentencias de este tipo suele registrar en tierras gerundenses un descenso de más de 100 casos en comparación con el trimestre anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con la llegada del mes de septiembre y la reanudación de la actividad en los tribunales, los casos se han ido acumulando a pesar de la plena vigencia hasta finales de este mes de diciembre deuna moratoria estatal que suspende los desahucios de vivienda habitual de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En un contexto de estancamiento de los salarios y de encarecimiento del coste de vida que se explica por las subidas acumuladas del IPC, con precios de alquileres marcando records –el precio medio de alquiler en Girona se sitúa actualmente en torno a los 770 €, según datos de la Cámara de la Propiedad de Girona–, las subidas de precio que derivan en dificultades para pagar el alquiler se han convertido en la causa principal de los desahucios.

Desahuciado pese a pagar el alquiler

El caso de la Burama (nombre ficticio para mantener el anonimato de la persona afectada), vecino de Banyoles, pone de relieve el papel cómplice de los poderes públicos: “Me llegó una citación judicial para echarme del piso en diciembre del 2022 porque la vivienda había cambiado de propietario, y me asignaron una abogada de oficio al mes siguiente. Hace dos meses (septiembre 2023) me citaron en servicios sociales para hablar supuestamente de mi situación de discapacidad (por movilidad reducida); al llegar me presentaron un papel a firmar para dejar el piso. Llamé directamente a la abogada y me dijo que no firmara, y no firmé. Las técnicas intentaron convencerme para llegar a un acuerdo con el propietario y marcharme del piso, aunque yo no les paraba de decir que no entendía por qué iba a marcharse si, aunque cobraba poco, nunca había dejado de pagar".

Desde los servicios sociales del Ayuntamiento derivaron la Burama a la oficina de vivienda, donde la tranquilizaron diciéndole que aunque haya sentencia desfavorable tendría seis meses antes de la ejecución en busca de otro piso. Sin embargo, un mes después, una comitiva de mossos se presentó en su casa para informarle de que tenía que recoger sus pertenencias y marcharme del piso de inmediato: “Me permitieron llamar a mi abogada, que me dijo que no les hiciera caso porque no le constaba ninguna notificación de los juzgados ordenando que me desahuciaran, y me recomendó que fuera a poner denuncia en la comisaría sobre la actuación de los mossos. No me atendieron porque tenía que pedir cita, y cuando volví a mi casa me encontré con que habían forzado la puerta y habían cambiado la cerradura”.

Al volver a llamar a su abogada para informarla de la situación, no se pudo comunicar: “Unos días después la secretaria de la abogada me cogió el teléfono y me dijo que le dolía porque sí habían recibido la resolución judicial, pero que la abogada se había confundido de caso”. Hasta la fecha, Burama no ha logrado volver a hablar directamente con la abogada y sigue sin alternativa habitacional. Atribuye su situación a la negligencia de su abogada ya la actuación de los servicios públicos.

Al límite de frenar los desahucios

Flora Ridaura es técnica de los servicios de Cáritas de Salt, desde donde apuntan a un cambio de escenario en la ejecución de lanzamientos: “En meses anteriores y hasta este verano hemos vivido un momento, dentro de todo, fácil, porque se sumaron varias circunstancias: hubo una huelga de funcionarios (de la administración de justicia) que nos fue a favor, algunas veces era el primer intento, y otras éramos mucha gente en la puerta y la comitiva judicial ya ni se acercaba. Ahora muchos de estos casos que detuvimos se han reprogramado para ser ejecutados estas semanas y se está llegando al límite de la capacidad que tenemos para frenarlos”.

Define así las dificultades con las que se encuentran: “Los desahucios afectan principalmente a familias en situación de vulnerabilidad con menores o mujeres solas. Pronto caerá el decreto de la moratoria, que no ha sido útil para frenar los desahucios, y la nueva ley de vivienda estatal debería paliar las carencias que permite que, pese a estar prohibidos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, se sigan ejecutando porque no se ha hecho el cambio necesario en la ley procesal (LEC) que afecta a la ejecución de sentencias”.

Sandra Riera, vecina del Barri Vell de Girona, denuncia que ha vivido un caso de desahucio invisible que cuelga de una causa judicial sobre una ejecución hipotecaria: “Entré en el piso en septiembre del 2020 con un acuerdo directo con los propietarios y un contrato verbal. Un año más tarde, al ver que había muchas cosas que no me cuadraban, como que no quisieran arreglar el horno o que no me permitían que me empadronara en el piso, pedí la nota simple en el registro de la propiedad y voy descubrir que estaban en un proceso de ejecución hipotecaria desde 2016”.

Con el acompañamiento del Sindicato de Alquiladoras de Girona, Riera decidió personarse en los juzgados para entregar toda la documentación que tenía y hacer constar que estaba alquilando ese piso. El caso derivó, en octubre de 2022, en una citación de Riera en los juzgados como segunda adquirente para delimitar su derecho sobre la vivienda: "Los propietarios son una pareja, el hombre fue asesor técnico de la concejalía de Vivienda en el Ayuntamiento de Figueres, en manos de la CUP en el anterior mandato, ante esta citación mi abogado les citó como testigos, y aprovecharon para alegar que él vivía en el piso y que sólo me habían alquilado una habitación. Aunque aportamos conversaciones de WhatsApp y grabaciones que le desmentían, la juez no lo valoró y resolvió que yo era tercera ocupante que convivía con el propietario, comprando su relato”.

Desahucio invisible

Tras esta sentencia, Riera se vio sitiada tanto por los propietarios como por la presidenta de la comunidad, a la que éstos dieron el papel de administradora del piso, con el objetivo de echarla, aunque ella no había causado molestias antes y que había pintado el piso. “El acoso ha sido continuo, la presidenta de la escalera pasaba notas en todos los pisos diciendo que yo ocupaba. Tenía que ir después desmitiéndolo piso por piso. Me pusieron silicona en la cerradura dos veces. La segunda vez, a mediados de octubre de este año, tuve que cambiar la cerradura, que había quedado inutilizada, y fue lo que provocó que mi supuesto compañero de piso (el propietario) me denunciara por haber vuelto al su domicilio habitual después de vacaciones y haberse encontrado el bombín cambiado”. Este juicio acabó con un acuerdo para que Riera dejara el piso a mediados de este mes: “Lo que han hecho básicamente es encontrar la forma de que se marchara inventándose de que vivía conmigo. He sufrido un desahucio invisible a través de amenazas, insultos y coacciones”.

La falta de vivienda pública, la presencia creciente de fondos de inversión en el mercado de alquiler o la falta de aplicación de una regulación efectiva que detenga la escalada de precios y proteja a las familias en situación de vulnerabilidad explica la emergencia habitacional actual.