El Govern quiere rebajar el IRPF a los sueldos por debajo de los 35.000 euros
El Govern ya ha iniciado conversaciones para los presupuestos con otros partidos y agentes sociales
BarcelonaLa Generalitat prepara una reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que afectaría a las personas con rentas inferiores a los 35.000 euros anuales de cara al próximo año. La medida afectaría a unos 2,6 millones de contribuyentes, un 77% del total que pagan este impuesto en Catalunya, y representaría un ahorro por persona de unos 125 euros de media en la declaración correspondiente al 2024.
La reforma afecta al tramo más bajo, que se reduciría del 10,5% al 9,5%, según avanzó La Vanguardia y ha confirmado el ARA. Al tratarse justamente de un recorte del tramo inferior, en principio la medida debería beneficiar a todos los contribuyentes que deben pagar IRPF. Ahora bien, el Govern prevé retocar los tipos más altos unas décimas para que el recorte del tramo inferior afecte sólo a las personas que tienen una base imponible de 33.000 euros (en sueldo se trata de 35.000 euros debido a las deducciones, según explican fuentes del departamento de Economía). La subida al resto de tramos servirá sólo para que las personas con una base superior a estos 33.000 euros acaben pagando lo mismo que en 2023.
Por tanto, si finalmente se aprueba, el dinero que dejará de pagar los contribuyentes beneficiados por la medida serán una pérdida de ingresos para las cuentas del Gobierno. En otras ocasiones los recortes impositivos a las rentas bajas se compensaban haciendo pagar más a los contribuyentes que más ganan, por lo que la Generalitat recuperaba una parte o todos los ingresos que perdía reduciendo el IRPF a los ciudadanos que menos ganan subiéndolo a las franjas más ricas de la población.
El IRPF tiene dos tramos, uno que lo marca el gobierno español y el otro que lo marcan los gobiernos autonómicos y que, por tanto, es diferente en cada comunidad. Así, aunque la recaudación la realiza la agencia tributaria estatal, aproximadamente la mitad de los ingresos correspondientes a este tributo en Cataluña van a parar a las arcas del ejecutivo catalán.
Negociaciones en marcha
Fuentes de la Generalitat confirman que las negociaciones para los presupuestos han empezado desde hace semanas, no sólo con otros partidos, sino también con sindicatos y patronales. De momento el Govern cuenta con los 33 diputados de ERC, pero necesitará el apoyo de otros grupos parlamentarios, sobre todo el PSC o Junts, que tienen 33 y 32 escaños, respectivamente. A raíz de la salida de Junts del Govern, el ejecutivo de Pere Aragonès aprobó las cuentas del 2023 con el apoyo del PSC y de los ocho diputados de los comunes.
Estas dos fuerzas, el PSC y comunes, han declarado que ven con buenos ojos la propuesta de la Generalitat, que debería incluirse en la ley de acompañamiento de los presupuestos que siempre se aprueba junto con las cuentas.
El PSC ha confirmado que está dispuesto a aportar su voto favorable a los presupuestos, pero siempre que se avance en el acuerdo firmado el año pasado, cuando la Generalitat se comprometió a aprobar definitivamente el plan director urbanístico para iniciar la construcción del macrocasino Hard Rock en el Tarragonès, a firmar un convenio con el gobierno español para sacar adelante el autovía B-40 (el Quart Cinturó) ya incorporarse a la comisión para la ampliación del aeropuerto de El Prat. De momento, de las tres condiciones la Generalitat sólo firmó el convenio de la B-40 en julio, mientras que en el aeropuerto no forma parte de la comisión.
En cuanto a Hard Rock, el plan director urbanístico está lejos de aprobarse porque el proyecto no cumple con los requisitos para recibir un informe ambiental favorable, que es indispensable. Además, tampoco se cumplen las condiciones de riesgo químico por la proximidad del emplazamiento con algunas fábricas del polígono petroquímico sur del Camp de Tarragona, y todavía sería necesaria una reforma de la ley catalana de juego, que de momento no se encuentra sobre la mesa. Sí que ha habido conversaciones entre Criteria –el holding de La Caixa propietario de los terrenos– y el departamento de Economia por el precio del suelo, que ronda los 130 millones de euros. La voluntad de la Generalitat es comprar el terreno y revenderlo al mismo precio en Hard Rock para que construya el complejo hotelero y de juego.