JOAN TALARN: «El 'garantismo' en una administración no debe repercutir en su eficacia»

Es la segunda legislatura en la que el exalcalde de Bellvís, Joan Talarn (de ERC), asume la presidencia de la Diputación de Lleida. Antes de las elecciones ya le había asumido pactando con Junts y ahora gobierna con el PSC, pero asegura que mantiene la misma hoja de ruta.

La actualidad nos manda. Hace dos semanas, el nuevo gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de ley del Estatut de Municipios Rurales. ¿Hacemos tarde?

Hacemos tarde en el sentido de que no debería pasar lo que muchos ayuntamientos pequeños afrontan, a pesar de tener una realidad muy distinta respecto a las ciudades. La aprobación es una de las muchas medidas que se toman para afrontar el despoblamiento rural.

¿La Diputación de Lleida está satisfecha con el contenido del proyecto de ley?

El anterior Govern hizo un magnífico trabajo poniendo de acuerdo a todas las entidades del mundo municipalista para hacer un documento que ayudara a los pueblos.

Aún queda aprobarlo en el Parlamento e implementarlo. ¿Será largo?

Esperamos que el trámite parlamentario sea breve, sin demasiadas modificaciones. Y debería entrar en vigor de forma inmediata. Pero esto no debe ser la única medida. Tiene que haber otros.

¿Cómo cuáles?

Mejorar la financiación de los pequeños municipios, invertir en comunicaciones y facilitar el acceso a la vivienda. La forestación no significa llenar de gente los pueblos, sino permitir que las personas que quieran quedarse puedan acabar haciendo.

La Diputación planea convertir en carreteras más de 200 kilómetros de caminos. ¿Es un modelo sostenible?

Es la solución más inmediata a un problema muy grande. Estamos en una demarcación en la que más de la mitad de municipios tienen menos de 500 habitantes con presupuestos muy bajos y términos muy importantes. Velamos por minimizarlo al máximo.

¿El territorio de Lleida es demasiado grande?

Proporcionalmente somos menos del 6% de la población de Cataluña, pero en cambio ocupamos un tercio de todo el país. Y la Diputación de Lleida es el ente provincial que dispone de menos dinero. Tenemos un problema en la gestión del territorio. Estamos muy orgullosos de nuestro paisaje, pero su conservación exige disponer de más dinero. Los ayuntamientos disponen de una financiación demasiado baja para poder atender no sólo a las personas, sino también al territorio. Es necesario revisar el modelo.

En cuanto a la limitación de licencias de viviendas de uso turístico, parece haber discrepancias de criterio entre ayuntamientos.

Tienen su autonomía municipal y la Diputación es muy cuidadosa de respetarla. Sí podemos hacer recomendaciones y acompañarlos.

¿Y cuál es la principal recomendación?

Pedimos un equilibrio. No estamos en contra de los pisos turísticos. Pero si dificultan el acceso a la vivienda, entonces sí que tenemos un problema. No debemos prohibir, sino legislar. Esto es lo que recomendamos a los ayuntamientos, que hagan una regulación.

Otro aspecto mencionado es el de la financiación municipal. Aquí hay mucho que mejorar, sobre todo en la lentitud de la Diputación a la hora de liquidar sus subvenciones, ¿no?

Tenemos dificultades para hacer llegar las subvenciones porque cada vez el control y su justificación son mayores.

¿Esto no es bueno?

Sí, hemos creado una administración garantistapero que puede repercutir en su eficacia. Y debemos hacer que esto no ocurra.

¿Lo están consiguiendo?

Precisamente tenemos medidas como los anticipos y, muy últimamente, las transferencias, que permiten adelantar el dinero sin ninguna justificación previa. Estamos tratando de ser aún más ágiles.

¿Cómo?

Pues revisando las bases de ejecución presupuestaria.

¿Qué significa?

Dentro del marco legal, intentaremos simplificar al máximo el proceso de ejecución del presupuesto para que un expediente no acabe dando tantos pases. Para que nos entendamos: un expediente debe salir de un sitio para ir a otro. Nos debe preocupar que el procedimiento sea legal, pero, por encima de todo, debemos velar por que las ayudas acaben llegando a la gente.

¿Cuál es su relación con el nuevo gobierno de la Generalidad del PSC?

Hasta ahora es muy buena. No puedo negarlo.

¿Hasta qué punto les afecta que ya no sea del mismo color político?

A nosotros lo que nos preocupa es nuestra relación con los municipios. A un presidente provincial no debe importarle el color político de los alcaldes, porque castigarlos significaría castigar a los vecinos. Y lo mismo ocurre con el presidente de la Generalitat. Debemos pensar en la mejora de los habitantes de cada municipio.

En los últimos encuentros de presidentes se habló de medidas contra la sequía. ¿Qué puede hacer la Diputación?

Siempre digo que no tenemos demasiadas competencias, pero sí muchas responsabilidades. Por ejemplo, en sequía no tenemos la competencia, pero sí somos quienes invertimos más en redes municipales de tuberías. Pedimos la máxima coordinación con la Agencia Catalana del Agua.

¿El proceso soberanista está detenido?

Yo soy independentista y defiendo el derecho de convertir a Cataluña en un país. Pero asumo que ahora mismo no es posible. Mientras no se den las circunstancias para volver, debemos seguir gestionando. Es necesario trabajar en la transformación económica del territorio.

O sea, ¿ahora toca ser prácticos?

No creo que sea esa la palabra exactamente. Trabajamos todos los días para que la gente, el día que puedan decidir el futuro del país, lo hagan en la mejor situación posible.