Las ‘misiones’ del juez García-Castellón

MadridManuel García-Castellón (Valladolid, 1952) está en el centro de lo que podría llamarse la España Penal, es decir, el estado judicial en el que se ajustan las cuentas de la política española.

Si el juez Baltasar Garzón lo estaba en los años ochenta y noventa del siglo pasado, ahora es el turno de García-Castellón.

No es su primera incursión en el estrellato judicial. Ya en 1994, un año después de aterrizar en Madrid desde Valladolid, tuvo entre manos, en aquel mes de diciembre, otra misión, también en la Audiencia Nacional, pero en otro juzgado, el central número 3: la de enviar a prisión a Mario Conde, el expresidente del Banco Español de Crédito (Banesto) la noche del 23 de diciembre de 1994. Una decisión que adoptó de oficio, ya que el entonces fiscal de la causa, Florentino Ortí, y su jefe, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Pepe Aranda, decidieron, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, no solicitarla.

Entre 2000 y 2017, García-Castellón ocupa sucesivamente dos destinos de campanilla: magistrado de enlace en París (2000-2011) y en Roma (2011- junio de 2017).

El juez Eloy Velasco, que está en comisión de servicios en el juzgado del que es titular García-Castellón, consigue después de una instrucción agresiva de casos que afectan al PP -Púnica y Lezo, entre muchos otros- obtiene una plaza en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

El 24 de mayo de 2017 esa plaza para sustituirle sale a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que conoce a García-Castellón, le sugiere regresar a España dado el tiempo transcurrido -más de 16 años- en el extranjero y el hecho de que es conveniente que el titular del juzgado se haga cargo en lugar sustituirle otra vez por un juez en comisión de servicios. García-Castellón sostiene, empero, que es iniciativa suya, dado el tiempo transcurrido.

Las de Púnica y Lezo son algunas piezas de caza mayor del PP que García-Castellón instruye. Tres presidentes de la Comunidad de Madrid del PP están en las causas en investigación.

Pero hay dos piezas del caso Tándem-Villarejo que ocupan ahora el tiempo y la energía de García-Castellón: Corinna zu Sayn-Wittgenstein y la pieza Dina, el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, excolaboradora de Pablo Iglesias.

Y, en ambos, la conducta del juez es simétrica. Intenta convertir el caso Juan Carlos I (presunta comisión de 64,8 millones de euros en 2008 que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo) en el caso Corinna y el caso Dina en caso Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno.

¿Cómo?

El juez García-Castellón, pese a tener la información desde enero de 2019 de un presunto encargo de Corinna a Villarejo para espiar a su empleada doméstica, Noelia Muñoz, decide utilizar el hecho el pasado mes de julio para reabrir una pieza que investigaba los audios donde Corinna hablaba a Villarejo de las cuentas suizas de Juan Carlos I y el cobro de comisiones en el proyecto AVE Medina-La Meca en 2011 y que fue archivada en 2018.

El hecho invocado por García-Castellón no es nuevo, según señalan los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, en sus escritos.

Pero, además, no está claro el delito que pretende perseguir. Porque cuando Corinna habla con Villarejo sobre el presunto espionaje a su criada, octubre de 2016, el policía ya se ha jubilado, lo que descarta el delito de cohecho. Los fiscales señalan que el juez en lugar de investigar primero e imputar después (a Corinna y otras tres personas) lo hace al revés. Incluso si deseaba perseguir un presunto delito de revelación de secreto (al parecer Corinna le dio a Villarejo el número del teléfono móvil de su empleada), el juez debía contar con una denuncia de la perjudicada.

Pero, si sigue la descripción de los fiscales, el juez quería reabrir la pieza a toda costa. Si confirmaba que Villarejo estaba jubilado y que Noelia Muñoz no quería denunciar a Corinna (para la que trabaja en Londres desde hace más de veinte años), no tenía caso, y, por tanto, no podía plantearse interrogar a Corinna, que, según entiende, es una de sus grandes misiones.

La conducta del juez es simétrica a la que aplica en la pieza Dina que desde hace meses ha convertido de facto en el caso Pablo Iglesias. El juez tuvo conocimiento en marzo de 2019, por la declaración de Iglesias que el entonces editor Antonio Asensio entregó al dirigente de Podemos en enero de 2016 de la tarjeta del móvil robado a su excolaboradora, que tuvo acceso a la tarjeta y que la retuvo varios meses antes de devolvérsela. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que el juez le ofreciera personarse como perjudicado. Pero desde hace meses, el juez considera que Iglesias le engañó e investiga otros delitos como el de daños informáticos o simulación de robo.

Los fiscales le han solicitado que llame a declarar a la perjudicada, Dina Bousselham, para preguntarle si quiere acusar a Iglesias por haber abierto la tarjeta y retenerla durante meses antes de devolvérsela. Pero el juez ha rechazado citarla. Porque sabe que de hacerlo ello conduciría a archivar la causa.

“El juez García-Castellón no quiere investigar a Juan Carlos I sino investigar a Corinna”, señala una fuente judicial consultada por ARA. “Quiere ser quien le ponga el bozal a Corinna, los mismos que malmeten contra los fiscales son los que impulsan esa conversión del caso Juan Carlos I, que investiga la Fiscalía del Supremo en caso Corinna. El juez cree que está haciendo un gran servicio a España”. La misma fuente añade que es la conducta del juez en el caso Dina. “Iglesias abrió la tarjea y se la quedo varios meses, eso está mal pero no es delito. Pero como sabe que Dina Bousselham no va a ir contra Iglesias por revelación de secretos el juez invoca el delito de daños informáticos. El juez estaba al principio en una autopista de peaje y cogió una carretera nacional, luego una comarcal, siempre ve un camino y cuando parece que se termina, sale otro sendero”.

En los próximos días, el juez García-Castellón admitirá a trámite una querella de Vox, cuya personación ha admitido en la pieza Dina. Esa querella va dirigida contra Pablo Iglesias, el fiscal Ignacio Stampa, Dina Bousselham y la letrada Marta Flor Nuñez.

“Sobre Pablo Iglesias e Ignacio Stampa, que son aforados, el juez no puede pronunciarse. No puede ‘desgajar’ a ambos y enviar lo que dicen los querellantes a la Sala Segunda del Supremo. Simplemente debe decir que no puede pronunciarse. Veremos cómo lo hace”, señaló la fuente consultada.