Los nuevos criterios alejan a Barcelona de las consultas ciudadanas

BarcelonaDespués de diferentes reveses judiciales y que se acabara declarando nulo el reglamento de participación ciudadana que Barcelona impulsó el mandato pasado, el gobierno de Colau retoma el reto de facilitar las consultas populares, que era uno de los caballos de batalla de los comuns cuando ascendieron a la alcaldía. Pero lo hace con unas capacidades mucho más limitadas de lo que querría y de lo que intentó en la fallida multiconsulta que tenía que preguntar a la ciudadanía sobre la municipalización del agua y sobre el cambio de nombre de la plaza Antonio López.

El Ayuntamiento ya ha aprobado en comisión de gobierno el nuevo reglamento de participación, que asume los límites marcados por las sentencias judiciales contrarias al anterior, e incluye como principal cambio la multiplicación casi por seis de las firmas que serán necesarias recoger si se quiere impulsar una consulta popular: se pasa de las 15.000 que fijaba el reglamento tumbado a las 88.709, que es lo que fija la ley catalana de consultas.

Un hito que, en la práctica, hace casi imposible promover una iniciativa de este tipo: los impulsores de la campaña por municipalizar el agua, después de esfuerzos ingentes, consiguieron presentar unas 23.000 firmas. Ahora tendrían que casi cuadruplicar esta cantidad y, si lo consiguieran, superar todavía un segundo obstáculo: que la mayoría absoluta del plenario apoyara la votación, mientras que antes era suficiente con la mayoría simple. Ahora se acata lo que fija la ley de bases estatal. Son dos de los cambios que incorpora el nuevo reglamento de participación que promueve el gobierno municipal después de que se hayan inadmitido sus recursos contra las sentencias que atacaban al texto inicial.

"Entendemos que como Ayuntamiento no tenemos capacidad de regular las consultas. A pesar de que no estamos de acuerdo, lo tenemos que acatar porque las sentencias ya son firmes", expone el regidor de Participación del consistorio, Marc Serra, que apunta que, en la propuesta inicial, el Ayuntamiento daba por hecho que podía hacer valer el régimen especial de Barcelona, reconocido en la Carta Municipal, para fijar sus criterios sobre consultas populares y hacerlas más accesibles a la ciudadanía. Cerrada esta vía, ahora centrarán esfuerzos en presionar para que se modifiquen las leyes catalana y estatal y pueda ser factible celebrar consultas en propuesta de la ciudadanía. Si quien las quiere formular es el mismo consistorio, las tiene que proponer la alcaldesa o dos quintas partes de los regidores.

"Una victoria de Agbar"

"Las sentencias implican un retroceso en Barcelona, pero las leyes están para cambiarlas", defiende Serra, que admite que con los criterios del nuevo reglamento se hace complicado pensar en que habrá una multiconsulta en este mandato, y señala a los grupo de presión como responsables de los bastones en las ruedas a la participación. "Esto lo ha ganado Agbar", remacha la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, en referencia a la batería de recursos que presentó la empresa de forma directa e indirecta contra la multiconsulta. Desde entidades como la misma FAVB, que participó en la recogida de firmas para la votación sobre el agua, y el Consell d'Associacions de Barcelona ya han tildado de "infranqueable" la barrera actual de firmas e instan a acelerar los cambios legales y a flexibilizar criterios.

Según el reglamento que ahora se plantea, cuando se logre el 50% de las firmas necesarias se tendrá derecho a la subvención prevista, y el plazo para recogerlas todas será de tres meses con uno de prórroga si hay causas justificadas. También aumenta el número de firmas que habrá que reunir para promover una consulta ciudadana en el ámbito del distrito. Una cifra que varía en función de la población que vive en cada zona: en el Eixample, por ejemplo, harían falta 14.400 apoyos, y en les Corts, 4.500.

De momento, lo que el gobierno municipal quiere conseguir con el nuevo texto es abrir un nuevo periodo de "seguridad jurídica" en cuanto a la participación ciudadana después de que el intento anterior acabara dinamitado por una cuarentena de recursos, uno de los cuales, el que presentó Abogados Catalanes por la Constitución, llegó a tumbar del todo el documento. Según el regidor de Participación, el nuevo reglamento está calcado al anterior en más de un 90% del redactado, pero incluye cambios para corregir los "problemas de forma" que frenaron el de 2017 y suma experiencias surgidas de la pandemia, como la participación telemática. También consolida los presupuestos participativos, que se consideran un éxito: los 76 proyectos más votados este año se repartirán una inversión de casi 30 millones de euros.

En el nuevo texto también se rebaja en algunos casos el límite de edad de los 16 años para la participación en aspectos que afecten a la juventud y la infancia, pensando especialmente en procesos que tengan que ver con debates en escuelas e institutos, después de que estas reivindicaciones coparan el debate de los presupuestos participativos de este año. El reglamento se aprobó el jueves en comisión de gobierno y ahora se tiene que llevar a los plenarios de los distritos. El gobierno prevé poderlo aprobar en marzo definitivamente con un apoyo político amplio, como pasó hace cuatro años, cuando el texto sumó los votos de BComú, PSC, ERC, dos regidores de la CUP y el regidor no adscrito.