Una suntuosa mansión con vistas al mar corta el camino de ronda entre Lloret y Tossa
El caserón de lujo de un magnate de Kazajistán en Lloret, Can Juncadella, es el paradigma del interés privado por encima del público
GironaEl magnífico camino de ronda del sendero GR-92, que sigue todo el litoral mediterráneo desde Portbou hasta Tarifa, donde se junta en el Atlántico, tiene bastantes tramos cortados porque se han privatizado espacios de titularidad o uso públicos. En la mayoría de los casos se trata de chalés lujosos, construidos en primera línea de mar, que tienen jardines y zonas verdes ocupando el bonito sendero que recorre la costa. Uno de los puntos negros de la ruta GR-92 está a su paso por Can Juncadella, en Lloret de Mar (Selva), donde también se ha borrado el camino de ronda con un jardín privado. Una gran finca junto al mar, rodeada de vallas, propiedad de un expresidente de Kazajistán se alza desde hace años como el paradigma de la prepotencia de los poderosos por encima de las sentencias judiciales y las constantes reivindicaciones de colectivos que defienden el patrimonio natural.
La desestimación del último recurso de los propietarios de Can Juncadella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ya son seis las sentencias en el mismo sentido) volvía este verano a poner de manifiesto el incumplimiento flagrante de la orden de abrir el paso público en esta zona. El 23 de septiembre se reclamó una vez más la apertura del camino público con una caminata reivindicativa popular que reunió a unas 150 personas. "Pedimos que se ejecute la sentencia y el Ayuntamiento sea rápido al reabrir el camino de ronda", pedía entonces SOS Lloret. El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha abierto conversaciones con la propiedad "para encontrar el camino ideal para unir a Lloret con Tossa" y ya tienen una nueva reunión programada, pero la situación sigue atascada.
Jordi Palaudelmàs, portavoz de SOS Lloret, reconoce que es un caso “rocambolesco” que afecta no a uno, sino a dos caminos: un trazado de un kilómetro donde discurren conjuntamente el GR-92 y el camino de ronda, y la continuidad de estos dos caminos. El sendero GR-92 –etapa 11– existe y sería perfectamente transitable, pero existe una valla que impide el acceso. El camino de ronda, en cambio, ha sido borrado por el jardín del gran caserón y debería rehacerse. "Los dos trazados están perfectamente reconocidos y figuran en el inventario de caminos del POUM", advierte Palaudelmàs.
Los problemas de estos caminos barrados provienen de un convenio que hace años firmó el Ayuntamiento de Lloret, donde los propietarios se comprometían a acondicionar el camino de ronda para derivar el paso del GR-92, de modo que los dos caminos se unificaran en un solo sendero público. Como la propiedad incumplió parte del convenio con un jardín que se comió el camino de ronda, el ayuntamiento denunció el acuerdo y empezaron una serie de litigios con sentencias judiciales que siempre han reconocido el uso público de los caminos.
Política de hechos consumados
"Can Juncadella es un ejemplo de la política de hechos consumados con la que determinados propietarios actúan en la Costa Brava, casi siempre con el silencio o la inacción de las administraciones y con las protestas de la ciudadanía, sobre todo a través de las entidades conservacionistas", afirma el portavoz de SOS Lloret. A pesar del enquistamiento del caso, Palaudelmàs es "moderadamente optimista", ya que "la cultura expansionista que equiparaba infraestructuras con progreso" se está superando en beneficio de la preservación del medio natural. "En los últimos años ha habido un goteo de sentencias a favor de la protección del paisaje como no habíamos visto nunca", reconoce.
El trabajo de las entidades naturalistas y conservacionistas ha sido fundamental, según Palaudelmàs, en este cambio de visión y ha hecho que las administraciones abandonen la pasividad e inacción de años atrás. "Desde entidades como IAEDEN, Salvemos la Pineda de Gori y, sobre todo, con la creación de SOS Costa Brava, se han denunciado multitud de irregularidades urbanísticas".
Vigilantes armados, megafonía y perros
El único efecto que han logrado las sentencias es que cuando el GR-92 se adentra en Can Juncadella la puerta de la valla se mantiene abierta, para dar supuesto cumplimiento a los mandatos judiciales, pero nadie se aventura a ir más allá. Los caminantes se asustan ante los carteles que alertan de que se está entrando en una propiedad privada, frente a las cámaras de seguridad y, sobre todo, frente a las advertencias que se emiten por la megafonía que rodea la valla. Si alguien es lo suficientemente atrevido para adentrarse en la finca intentando recorrer el antiguo camino, como hicieron los activistas que convocó SOS Lloret hace unos meses, acaban chocando indefectiblemente con los vigilantes fuertemente armados del lugar, a menudo con perros, que intimidan a los excursionistas. En la protesta del pasado septiembre incluso acabaron interviniendo los Mossos d'Esquadra, que recomendaron a los manifestantes volver atrás. Jordi Palaudelmàs considera que el caso de Can Juncadella es un ejemplo, seguramente extremo, de cómo "muchos propietarios tienen mal entendido su derecho a la propiedad privada y han usurpado el uso público".
Mansión lujosa con helipuerto
La finca de Can Juncadella, reconvertida en mansión o incluso en “palacio babilónico”, según algunos invitados a sus fiestas, es propiedad desde 2007 del expresidente de Kazajistán Nursultan Nazarbayev y su familia. Su hija, Dinara, casada con el magnate kazajo Timur Kulibayev, acostumbra a invitar a magnates y millonarios de todo el mundo que en algunos casos atracan con yates portahelicópteros en las calas cercanas y aterrizan en el helipuerto de la finca, de veinte hectáreas. Se trata de un inmueble lujosamente ampliado y reformado de unos 3.000 metros cuadrados y que cuenta con 16 habitaciones y una veintena de baños.
Marchas ciudadanas contra los cortes en los caminos de ronda
Pasear por un camino de ronda a primera línea de mar sin chocar con tramos impracticables o directamente cerrados al paso de peatones mediante barreras colocadas por propietarios privados debería ser posible y es un derecho amparado por la ley de costas, pero a lo largo del litoral gerundense existen numerosos puntos en los que este derecho no se puede ejercer. Así lo denuncia la asociación SOS Costa Brava, que ya ha emprendido acciones judiciales o administrativas para garantizar el uso público de caminos de ronda en puntos del litoral gerundense como el golfo de Calella de Palafrugell, la zona de Cap Roig entre Calella y Mon -ras y Can Juncadella, en Lloret de Mar. La entidad asegura que todavía hay mucho trabajo por hacer para eliminar los obstáculos que impiden un paseo sin sustos en los caminos de ronda. Para el próximo año, la entidad ha anunciado que organizará varias marchas ciudadanas por los caminos de ronda del litoral gerundense que permitirán identificar todos los puntos impracticables y denunciarlos.
Pasividad de las administraciones
"Es inexplicable que a pesar de tener una ley que debe garantizar la servidumbre de paso en los caminos de ronda haya muchos tramos en los que esto no se cumpla y que a menudo las administraciones no reclamen, sino que deben ser asociaciones como SOS Costa Brava las que lo hagan", indica el abogado de la entidad, Eduard de Ribot.
En el golfito de Calella de Palafrugell, donde el Ayuntamiento de Palafrugell había aprobado un plan que permitía trasladar el camino de ronda por detrás de un macrochalet situado en el en lo alto del acantilado, la acción de SOS Costa Brava ha permitido que el proyecto obligara a recuperar el trazado del caminito público por delante del chalet, es decir, en primera línea de mar. Pero, pese a que era una condición para la construcción del chalet, "el propietario todavía no ha ejecutado esta restitución", lamenta De Ribot.
En el caso de Cap Roig, donde la Fundación la Caixa tenía aprobada la construcción de dos edificios nuevos y un auditorio semienterrado, SOS Costa Brava impugnó el proyecto por tratarse de una zona protegida. La entidad exigió que si el plan se aprobaba, se impusiera la ejecución del camino de ronda al paso de esta finca entre Calella y Mon-ras. "El auditorio ya se ha construido, aunque todavía no los otros dos nuevos edificios, pendientes de procedimiento judicial, pero no está ejecutado todavía el camino de ronda", dice De Ribot.
Entre los puntos donde la entidad quiere actuar el próximo año está en el camino de ronda cercano a la playa de Garbet, en Colera, donde los paseantes que hacen el caminito junto al mar se encuentran con un tramo cerrado al paso, ya que se encuentra el embarcadero y una piscina de la finca que hay justo frente al mar, propiedad de la familia Mateu.
Muchos de los puntos cortados se encuentran en acantilados, donde los propietarios de fincas situadas en estos lugares privilegiados se benefician de una mala delimitación del dominio público, según De Ribot. “La servidumbre de paso es de seis metros desde los mojones que marcan el derecho de dominio público, pero a menudo estos mojones no se colocan sobre los acantilados, sino a ras de playa. De esta forma, si el desnivel es acusado, este límite de seis metros queda a mitad de la pendiente, y encima ya no se mantiene una distancia para paso público”, indica el abogado.