¿Alargar las medidas energéticas?
El memorándum firmado el 17 de junio por Irán y Estados Unidos no acaba de consolidarse. Ataques y represalias a banda y banda continúan tensando el estrecho de Ormuz y, de rebote, el precio del petróleo, que había recuperado, efímeramente, el precio de antes del conflicto. Las previsiones apuntan a que el precio por barril se mantendrá elevado si la situación no se estabiliza. En este contexto, el Banco Central Europeo subió el tipo de interés por primera vez en casi tres años, con el objetivo de frenar una inflación que había llegado al 3,2% en la zona euro.
En paralelo, los países europeos, de manera individual, también aprueban medidas para tratar de aligerar la situación a familias y empresas. ¿El país más generoso en medidas fiscales? El estado español, que parece que acabará gastando entre el 0,3% y el 0,4% del PIB. La Comisión Europea ya hizo una advertencia al gobierno español cuando, en marzo, redujo el IVA de los combustibles al 10%, en contra de lo que estipula una directiva europea.
Quizás por eso el segundo paquete de medidas, aprobado a principios de esta semana, mantiene solo la reducción del otro impuesto que grava la gasolina: el impuesto sobre los hidrocarburos. Hasta ahora habíamos gozado de 20 céntimos de descuento por litro, y esto se irá reduciendo a medida que avance el verano: 15 en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. De esta manera, se evita el efecto cohete –una subida rápida de precios– en plena temporada alta y se esquiva la polémica reducción del IVA de los combustibles. (Aun así, el real decreto incluye una salvaguarda para volver al IVA reducido si se produjera un aumento considerable en el IPC de la electricidad o del gas.) Conviene no olvidar que este segundo paquete de medidas se tiene que aprobar en el Congreso antes de un mes. Si finalmente la situación en Oriente Medio se estabiliza, el presidente podrá dejarlo caer sin dar muchas más explicaciones.
Una segunda crítica de la Comisión Europea al estado español es que el grueso de las medidas aprobadas no están focalizadas en los más vulnerables, sino que benefician a todo el mundo por igual, con independencia del nivel económico. Y a pesar del importante gasto en este tema, el estado español no ha conseguido una inflación muy diferente de la de países homólogos de la Unión Europea que han dedicado menos parte de su presupuesto a compensar los sectores afectados. La comparación es reveladora. Francia ha evitado rebajas fiscales generalizadas y, en lugar de eso, ha reforzado el cheque energético, que es una ayuda nominativa que llega automáticamente a seis millones de hogares según la renta y la composición familiar. Bélgica ha seguido una lógica similar con su tarifa social de la electricidad y el gas: un precio reducido que se aplica a quien ya recibe determinadas prestaciones sociales, sin necesidad de hacer ningún trámite. Ninguno de los dos países ha tocado el IVA ni ha subvencionado el precio del combustible para la población general, lo que les ha permitido un presupuesto más ajustado, exactamente el enfoque que Bruselas reclama a Madrid.
Las medidas universales tienen un coste más alto, pero contentan a todo el mundo. Quizás esta, y no ninguna otra, es la verdadera lógica detrás de estas medidas.