¿Otra vez sin alternativa al estado de alarma?
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes que el estado de alarma, la norma que da cobertura a las restricciones de movilidad para hacer frente a la pandemia, acabará el 9 de mayo, puesto que considera que no hará falta ninguna prórroga. El argumento del gobierno español es que con la aceleración de la vacunación después de esta fecha ya no harán falta restricciones tan severas como las actuales. El motivo real para que Sánchez no se plantee la prórroga, sin embargo, es que quiere evitar una negociación política durante la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Nos encontramos, así pues, una vez más con el calendario político interfiriendo en las decisiones sobre salud pública.
Durante todo este tiempo, el gobierno español no ha aprobado ninguna norma que haga innecesario acudir al estado de alarma para aprobar, por ejemplo, un toque de queda, de forma que a partir del 9 de mayo esta medida ya no se podrá implementar. Sí que se podrán aprobar confinamientos perimetrales, pero siempre con el aval judicial, una situación que ya se dio durante el verano y que provocó un auténtico caos, puesto que unos jueces aprobaban las restricciones y otros no. Aquí el gobierno español confía en una sentencia del Tribunal Supremo para unificar el criterio de los jueces, pero lo cierto es que los juristas creen que se pueden volver a producir choques entre las administraciones y la justicia.
En todo caso, es una temeridad dejar sin efecto el estado de alarma sin un plan B o una alternativa por si la situación se vuelve a complicar y hace falta, por ejemplo, mantener el toque de queda. Según los cálculos del mismo gobierno español, el 9 de mayo todavía no estará vacunado ni un 15% de la población española, de forma que no se puede confiar en una inmunización lo bastante elevada para que el virus esté bajo control. El principio de prudencia obliga a tener a punto algún tipo de cobertura jurídica por si hacen falta medidas más drásticas, al menos hasta julio, cuando se supere el 50% de vacunados. Además, los argumentos de la Moncloa para no renovar el estado de alarma son contradictorios con lo que dijo en octubre, cuando justificó la medida después de comprobar que las comunidades autónomas por sí solas no podían imponer el confinamiento de la población a una cierta hora o incluso aprobar cierres autonómicos.
La realidad es que, inmerso en la decisiva batalla política de Madrid, Sánchez no se quiere arriesgar a un proceso de múltiple negociación en el Congreso en el que tenga que hacer concesiones. Y por ello vuelve a pasar la pelota a las autonomías y a los juzgados, como hizo el verano pasado. En un país serio, la prórroga del estado de alarma tendría que ser consensuada por gobierno y oposición, dando por sentado que después son las comunidades autónomas las que deciden hasta qué punto quieren disponer de ella. Pero en España ni siquiera una pandemia es capaz de hacer actuar con responsabilidad a sus dos principales partidos políticos. Con el agravante que en esta ocasión los errores se pagan con vidas humanas.