La amnistía entra en la dimensión desconocida
Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta asustada por la ventana. Esta célebre frase de Francesco Carrara, jurista italiano del siglo XIX, resume perfectamente lo vivido en Cataluña y en España en los últimos años. Para combatir el independentismo catalán, el gobierno de Mariano Rajoy decidió externalizar a los tribunales un conflicto de naturaleza exclusivamente política, en una etapa de lawfare sin precedentes en un estado democrático. Se ha retorcido el derecho y se ha instrumentalizado la justicia para perseguir y condenar a los adversarios políticos blanqueando cualquier actuación de legalidad discutible. Contra los independentistas, el fin justificaba a los medios. Cárcel, inhabilitaciones, embargos, espionaje y campañas de deshumanización han sido prácticas habituales realizadas desde la absoluta impunidad. Y cualquier denuncia de esos abusos siempre termina en un cajón.
Esta dinámica, consentida por activa o pasiva por los grandes partidos españoles, se ha vivido con normalidad en un estado que tiene la maquinaria de la represión perfectamente engrasada. Pero, por el azar de la aritmética, esto empezó a cambiar cuando los diputados independentistas eran necesarios para conformar mayorías en el Congreso. En la anterior legislatura española, los votos de ERC sirvieron para reconocer la existencia de un conflicto político y para corregir, con los indultos, la vengativa sentencia dictada por el Tribunal Supremo por el 1 de Octubre contra medio Gobierno de Cataluña, contra la presidenta del Parlamento y contra los líderes de las entidades sociales. Esta corrección se hizo aún más explícita con la derogación del delito de sedición, también resultado de un acuerdo parlamentario. Y, en esta nueva legislatura, con Pedro Sánchez dependiendo de los votos de ERC y de Junts para ser investido, se ha conseguido que este jueves se haya aprobado una ley de amnistía que siempre habían considerado inconstitucional los mismos que ahora defienden de ello las virtudes.
Bienvenida sea la ley de amnistía y hay que agradecérselo a todos los que han hecho posible su aprobación y entre en vigor. Pero esto, que se celebra como un éxito desde las filas independentistas, se disimula desde las filas socialistas y se combate desde la derecha, es vivido como un auténtico ataque y como una desautorización en toda regla por parte de la judicatura, especialmente por la élite que controla el poder judicial. Como ya se ha visto en declaraciones, acuerdos e informes desfavorables, el Consejo General del Poder Judicial ha militado abiertamente en contra de la ley de amnistía y ha considerado que era una enmienda a la totalidad a la esforzada actividad judicial para castigar a independentismo.
Ahora, con la ley de amnistía en las páginas del BOE, empezará una segunda vuelta. La pelota está en manos de los jueces y tribunales que tendrán que interpretarla y concretar si se aplica, cómo se aplica ya quién se aplica. En un estado de derecho en el que el principio de legalidad marcara las decisiones judiciales, la aplicación de la ley de amnistía generaría pocas dudas y habría cierto automatismo a la hora de cumplir con lo que la mayoría absoluta del poder legislativo hubiera aprobado. Pero ya hemos comprobado docenas de veces que la previsibilidad que debería caracterizar la aplicación de las normas no siempre se practica cuando los destinatarios son independentistas, porque se acaban validando interpretaciones insólitas que antes nadie había imaginado.
Con la ley de amnistía ya hemos tenido indicios claros de que nos adentramos en una dimensión desconocida. Una muestra de ello es el envío a los más de cinco mil jueces y magistrados del Estado, realizado desde el correo corporativo del CGPJ, de una guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC y cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos sobre la ley de amnistía. Este hecho, que puede parecer anecdótico, es muy grave. Inevitablemente, pone en entredicho la neutralidad del poder judicial y atenta contra la tan predicada independencia judicial, que es el elemento nuclear de un estado de derecho.
Previsiblemente, la ley recién aprobada embarrancará en un mar de recursos y suspensiones que dilatarán en lo posible su aplicación. Se mire como se mire, hay una parte de la judicatura que no está dispuesta a enmendarse a sí misma comiéndose las sentencias que ha dictado. Por eso, convencidos de que tienen la sartén por el mango, harán un pulso al poder legislativo y al ejecutivo activando todos los resortes que puedan para intentar dejar la ley de amnistía en papel mojado.
