La amnistía: una victoria política
El 4 de noviembre de 2019, cuando solo hacía tres semanas que el Tribunal Supremo nos había condenado por el referéndum del 1 de octubre, comenzaba la campaña electoral para las elecciones españolas del 10 de noviembre. Era la segunda convocatoria en pocos meses, después del fracaso de la investidura posterior a las elecciones del 28 de abril. Aquel día, en un acto político de Esquerra Republicana en la antigua prisión Modelo de Barcelona, junto con el cabeza de lista Gabriel Rufián, reclamamos la aprobación de una ley de amnistía.
En aquel momento, nadie hablaba de amnistía. Era una quimera. Para muchos, era una propuesta tan alejada de la realidad política española que parecía más una declaración de principios que un objetivo posible. Pero había una convicción: si el conflicto era político, su solución debía ser política y no judicial.
Diez meses después, el 3 de septiembre de 2020, superados los momentos más críticos del coronavirus, en el Ateneo Barcelonés se presentaba Amnistía y Libertad, una entidad nacida con la voluntad de impulsar esta reivindicación. Y el 16 de marzo de 2021, se registraba en el Congreso una proposición de ley de amnistía, aunque no prosperó por falta de apoyos.
En cambio, poco después llegaron los indultos, que permitieron salir de la prisión a los nueve condenados que todavía cumplían pena allí. Y, por exigencia de ERC en las negociaciones para la investidura, se terminó aprobando una reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición, que hizo posible que Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull y Quim Forn dejaran atrás una condena injusta que les había privado de sus derechos civiles y políticos.
Después de esto parecía que la amnistía había quedado definitivamente fuera de la agenda. Tanto es así que Salvador Illa con contundencia decía que “¡Ni amnistía, ni nada de eso!”, y sostenía que “la amnistía no es factible desde el punto de vista del estado de derecho”.
Pero después de las elecciones españolas de julio de 2023 se abrió un nuevo escenario y las urgencias políticas del PSOE convirtieron una quimera en una ley. La necesidad de Pedro Sánchez de contar con los votos del independentismo hizo posible aquello que durante años se había considerado imposible y el 30 de mayo de 2024 el Congreso aprobaba la ley de amnistía.
La ley de amnistía no es producto de la genialidad jurídica de nadie. En política, las cosas suceden cuando hay actores políticos dispuestos a convertir una reivindicación en una condición. La determinación de ERC y Junts de situar la amnistía como una exigencia para la investidura explica buena parte de lo que ha sucedido.
Los indultos ya habían sido un reconocimiento del error del Estado a la hora de dar una respuesta penal a una cuestión política. Y la amnistía supone el paso definitivo para sacar de los tribunales una cuestión que todo el mundo sabe que es de naturaleza política.
Ante esto, una parte de la cúpula judicial ha vivido esta rectificación como una derrota propia y ha vivido como una dolorosa bofetada lo que han aprobado las Cortes y lo que ha dictado el Constitucional. En términos futbolísticos, Marchena y Llarena han recibido una tarjeta roja que les expulsa del terreno de juego por haber infringido las normas que debían haber respetado.
Que el máximo intérprete de la Constitución concluya que el Tribunal Supremo ha vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de participación política, es probablemente el reproche más severo que se puede formular a un tribunal que tiene precisamente la función de preservar las reglas del estado de derecho y de la democracia.
La aplicación de la amnistía es, por tanto, una victoria jurídica de todas las personas que durante estos años han batallado en los tribunales y en el ámbito internacional. Pero es, sobre todo, una victoria política de gran trascendencia y de difícil digestión para una parte importante de la sociedad española.
La legislatura de Pedro Sánchez está liquidada, pero con la amnistía no se acaba nada. El conflicto político entre Cataluña y el Estado sigue vigente, aunque el independentismo tenga que recomponerse después de una década de represión. La aplicación de la amnistía permitirá recuperar los derechos civiles y políticos de los condenados por el 1 de octubre y el retorno de los exiliados, dejando atrás una etapa nefasta en la que se subcontrató a los tribunales la respuesta a un conflicto político. Es una gran noticia que se ponga fin a una década de judicialización de la política catalana y que el protagonismo retorne a las propuestas políticas y a la ciudadanía.
