Las asociaciones feministas están preocupadas, muy preocupadas, y es normal que lo estén. En los últimos años el acceso a las subvenciones y a las ayudas que las mantienen vivas ha incrementado de manera tan exponencial los obstáculos a los que se ven sometidas que se diría que existe una conjura para desactivarlas. Es de suponer que esta conjura no existe –me refiero fuera del ideario de ultraderecha–, pero el feminismo institucional que nació aquí en los años ochenta (conselleria de Igualdad y Feminismos, Instituto Catalán de las Mujeres, etc.) debe ser consciente de que su existencia no sustituye a la suma de iniciativas feministas organizadas, porque desempeñan roles diferentes que se complementan.
Todo el mundo entiende que en nombre de la transparencia la burocracia se sofistique, pero no hasta el punto de convertirse en burrocracia. Cuando a decenas y decenas de asociaciones les llegan repetidamente requerimientos de todo tipo y condición porque no han puesto bien una crucecita en alguna casilla extraviada entre los muchos formularios que han llenado, es que algo no funciona. Ahora y aquí esto está sucediendo. Justificar una subvención se ha convertido en un deporte de riesgo que hace que, a la mínima que se despisten, la pierdan.
Hace muy poco que en estas mismas páginas Ingrid Guardiola, actual directora del Bòlit –el centro de arte contemporáneo de Girona–, se lamentaba de la “hipergestión pública”, de un modelo muy poco eficiente. El problema es que la bulimia institucional está derivando en la anorexia de sectores que necesitamos en buena forma, y uno de ellos es el feminismo, que con su labor de denuncia y formación suple lo que las propias instituciones no hacen, y que a menudo las enmienda.
Una de las asociaciones veteranas que sufre esta creciente exigencia kafkiana de las administraciones es la ADPC (Asociación de Mujeres Periodistas de Catalunya), que entre otras cosas otorga desde hace muchos años los Premios de Comunicación No Sexista, todavía tan necesarios. La ADPC ha dejado de pedir ayudas que antes le llegaban ante la imposibilidad de hacerlo sin dedicarle más horas que al trabajo que llevan a cabo, que es mucho. Marta Corcoy, su presidenta, aplaude la posibilidad de realizar trámites de forma telemática que el covid ha impuesto, pero se queja de la falta de empatía de las administraciones con las entidades que no disponen de grandes estructuras administrativas y se basan en el voluntariado.
Hay que recordar aquí que las asociaciones trabajan de manera voluntaria, regalando horas y horas; cualquiera que forme parte de alguna de ellas sabe que la dedicación es heroica. Las mujeres y las minorías que ocupan los espacios feministas ya sufren suficientes violencias para además tener que sufrir este nivel de trabas burocráticas. Si el dinero público no sirve para facilitar la supervivencia de sus proyectos, me pregunto para qué sirve. Es necesario debilitar la rigidez de los procesos económicos para mantener un tejido social plural y cohesionado; hay que humanizarlos.
