Déficit fiscal y exageración política

Ha vuelto a emerger ruidosamente el tema del déficit fiscal de Catalunya. Lo ha provocado directamente y con datos la consellera de Economía del gobierno de la Generalitat. El frame que se nos ha colocado es que el déficit con el Estado se ha disparado hasta el 10% del PIB catalán y una cantidad en el ejercicio 2021 de 21.982 millones de euros. Lo ha tildado de escandaloso, injusto e insostenible. Alguien, además, realizando una proyección histórica, ha hablado de una deuda acumulada de 240.000 millones de euros. Las cifras se han elaborado y vertido por la boquilla grande, sabedores quienes lo hacen que el público dispuesto a estos argumentos ya tiene la convicción previa de que hay un drenaje fiscal orquestado y sistemático. Fake news. Que exista cierto déficit fiscal y que aspiremos a otro sistema de financiación más transparente y más justo no se arregla con la exageración. Al contrario, con el exceso grosero se pierde buena parte de la razón que se pueda tener. No nos entenderemos ni mejoraremos el sistema de financiación si sólo, a ambos lados, se utiliza como un arma arrojadiza en forma de proclama dirigida a los acríticos adeptos. Esta estrategia se utilizó, y mucho, en los primeros años del Proceso. Se creía que, por la vía del bolsillo, se captarían nuevos adeptos al independentismo. El gran concepto que justificaba irse. Así se acuñaron los conceptos de "expolio fiscal" y de "Madrid nos roba". Había poco matiz y escasa explicación. Grandes números exhibidos sin base y de manera tendenciosa. Debía quedar claro que se abandonaban las pretensiones autonomistas de un nuevo pacto fiscal” Aunque Josep Borrell sea un caldo de gusto excesivo para muchos, lo explicó bastante bien en el libro Los cuentas y cuentos de la independencia. Hay en Cataluña y España sólidos académicos que lo han analizado, y es a ellos, y no a los políticos, a los que hay que recurrir para entenderlo y situarlo en su sitio.

Últimamente, y cabe suponer que para cargarse de razones para poner un precio más elevado en la investidura de Pedro Sánchez, se ha recuperado el argumentario. Probablemente compartimos que es necesario un gran acuerdo de financiación de tipo federal en España, con reglas explícitas y claridad de cifras. Que se publiquen balanzas fiscales, que se expliquen los complejos sistemas de cálculo y que todo el mundo tenga claro que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo y vivan donde vivan, recibirán las mismas prestaciones y servicios, gozarán de un nivel similar de infraestructuras. Porque existe un primer elemento de necesaria clarificación: tanto los impuestos como los servicios los pagan y los reciben las personas, no los territorios. Existe un mismo sistema fiscal, que es progresivo, según el cual si pagas más en impuestos significa que tienes un mayor nivel de renta. Justamente, por la vía del gasto y la inversión, si se hace bien, debería equilibrarse con una función solidaria e inclusiva. El segundo aspecto a clarificar es la complejidad del cálculo y su carácter imperfecto que hace que los resultados sean sólo relativamente ciertos. Donde se produce, dónde se cobra y se gasta, dónde se imputan beneficios y cargas... no es sencillo de distinguir. Tanto el método de cálculo que utiliza la Generalitat –el del flujo monetario– como el que predomina en el Estado –el del flujo de carga-beneficio– son aproximaciones a la realidad, pero no un retrato fidedigno. Las comunidades autónomas no son islas cerradas, sino que forman parte de economías y relaciones sociales muy imbricadas. Digo esto porque dar cifras muy precisas es siempre el comienzo del engaño. La territorialidad, aunque en relación a inversiones en infraestructuras tiene cierta importancia, en lo que se refiere a la prestación de servicios no tiene ninguna significación. Cierto es que los catalanes aportamos el 19,3% de los ingresos del Estado, pero demográficamente sólo somos el 16,4%; cifra de referencia para las comparaciones. Si no lo hacemos así, llegaríamos a la conclusión de que el mayor déficit fiscal lo tiene la gente de Pedralbes y de Sant Gervasi.

Hay mucho conocimiento y ciencia, pero también controversia, detrás de los cálculos fiscales. En Cataluña, por ejemplo, tenemos investigadores académicos que conocen el tema a fondo. Hay cierto acuerdo al hablar de déficit, pero con cantidades bastante más modestas, siempre difíciles de precisar, que poco tienen que ver con las salidas de tono políticas. Antoni Castells y toda la gente del Instituto de Economía de Barcelona son buenos y sólidos referentes. Que hay déficit fiscal parece incuestionable, pero en cifras que, pese a depender del ejercicio y de “si se neutraliza o no el efecto del ciclo económico”, no irían más allá de una décima parte de lo que afirma la Generalitat y aquellos que profesan la fe en el concepto de expolio. Debemos tener en cuenta que el sistema de cálculo –por eso se llama flujo monetario– no incluye aquellas funciones que tiene el Estado, como la defensa, la seguridad o las relaciones exteriores, así como todo el aparato administrativo central que, por lo menos sobre el papel, nos presta servicios a todos. Más allá del posible y probable desfase, un sistema de financiación, las balanzas fiscales, debe ser claro y justo a los ojos de la ciudadanía. Si no es así, es un fracaso y la base de la demagogia. Se puede avanzar y mucho. Apelar a tratos bilaterales al estilo del concierto económico y el cupo vasco no es muy realista. Éste es un sistema de solidaridad invertida que resulta imposible de generalizar. Es injusto en términos de equidad. El sistema que se proponga debería ser válido para todos.