La democracia sin crédito

El malestar actual de la democracia no admite eufemismos. Las instituciones que la sostienen han perdido la confianza de la mayoría de la ciudadanía que deberían representar. Los datos, acumulados encuesta tras encuesta, dibujan una erosión que no es coyuntural sino estructural, y que conecta con la crisis del modelo democrático liberal en todo Occidente, pero que en España adopta formas propias y particularmente preocupantes.

Según la encuesta de la OCDE sobre confianza en las instituciones públicas, solo un 37% de los españoles declaran una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno, por debajo de la media de los treinta países analizados. Pero el dato verdaderamente alarmante es el de los partidos políticos: tan solo un 18% de la población confían en ellos. La justicia no ofrece refugio: un informe de Funcas de febrero de 2026 constata que la desconfianza en el poder judicial ha crecido ocho puntos desde 2023, y según una encuesta del CIS de 2025, el 71,5% de los españoles lo suspenden como servicio público. En Cataluña, el último Barómetro del CEO, de noviembre de 2025, recoge valoraciones de los gobiernos que no llegan al 5 sobre 10. La monarquía es la institución que genera menos confianza, con un 1,8 sobre 10. Estamos en una espiral descendente.

Pero las encuestas, por obstinadas que sean, no explican por sí solas el malestar. Para entender la profundidad del descrédito hay que mirar cómo vive la gente. La crisis de legitimidad institucional no es solo un problema de percepción: es el resultado de una distancia creciente entre lo que la política promete y lo que la vida cotidiana ofrece, y la situación de los jóvenes es un buen ejemplo. En España, el 85,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años no se han emancipado, un récord histórico. La tasa de emancipación juvenil ha caído al 14,5%, y la edad media para independizarse supera ya los 30 años. Los salarios jóvenes han subido un 10,8% desde 2008, mientras que los alquileres han subido un 54%. Una persona joven asalariada debería destinar más del 100% de su sueldo neto a pagar un alquiler. La vivienda ha dejado de ser un elemento de estabilidad para convertirse en un factor de empobrecimiento: el 29,3% de los jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social, y tener estudios superiores o trabajo ya no da garantías. La familia sigue siendo, en algunos casos, el elemento que sirve de amortiguador de este conjunto de circunstancias.

Cuando la vida material se va degradando sin respuestas claras, las instituciones democráticas van perdiendo la consideración de mecanismo de protección y, si se añaden constantes situaciones hipotéticas o reales de corrupción y mala administración, entonces va ganando espacio la idea de que esto de la política es una especie de club cerrado donde unos cuantos discuten entre ellos sobre cómo se distribuyen el poder. La política se vive como un espectáculo distante, irritante y estéril. Y no es una percepción del todo injusta: el sistema ha tolerado durante décadas una cierta impunidad de los poderosos que alimenta esta lectura. El caso del rey emérito es la expresión más descarnada, pero el problema es sistémico: expresidentes en consejos de administración de empresas reguladas, puertas giratorias sin periodos de enfriamiento, regulación inexistente del lobbismo, financiación de los partidos que va generando episodios poco edificantes.

En este vacío de credibilidad, el poder judicial ha acabado asumiendo un protagonismo que desborda sus funciones habituales. Ante la incapacidad de la política para resolver sus propios conflictos y la creciente sensación de parálisis institucional, los jueces se han erigido en árbitros de disputas que son más políticas que jurídicas. La judicialización del conflicto catalán fue su ejemplo paradigmático, pero la dinámica se ha generalizado: instrucciones interminables, decisiones coincidentes con calendarios electorales, magistrados convertidos en protagonistas constantes. El resultado es un poder judicial atrapado en la polarización, que ha ido dejando de ser percibido como garante imparcial para convertirse en un actor más del conflicto. Y cada decisión judicial leída en clave partidista profundiza la erosión.

Cuando todo esto se proyecta sobre el mapa político, el panorama se oscurece. La alternativa de gobierno disponible es una coalición PP-Vox que para muchos representa la antítesis de la regeneración: retroceso en derechos, centralismo hostil a la plurinacionalidad, retórica que capitaliza el hundimiento de la confianza en lugar de combatirlo. Sin ir a buscar la voz más descarnada de Abascal, solo hay que recordar aquellas declaraciones de Feijóo donde acabó afirmando que democracia y prosperidad no eran compatibles, acercándose a Peter Thiel de Palantir cuando decía que democracia y libertad no pueden ir juntas. Las fuerzas progresistas y defensoras de la pluralidad y el estado de derecho se encuentran en un dilema incómodo: criticar las instituciones es imprescindible para reformarlas, pero hacerlo sin propuesta creíble es arriesgarse a hacer el juego a quien quiere una democracia más y más restringida. La salida pasa por conectar la agenda de regeneración institucional con las condiciones materiales de vida de la gente: no basta con reformar el CGPJ o regular el lobbismo si al mismo tiempo no se garantiza que trabajar permita vivir con dignidad. En tiempos de crisis sistémica, defender la democracia no puede significar solo defender el statu quo, debe significar, por fuerza, transformarla desde abajo, de manera que dé sentido a lo que afirma solemnemente el artículo 9.2 de la Constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas”.