La detención y la hipótesis probable

Un observador imparcial podría pedirse tranquilamente cómo es que, si el Congreso de los Diputados (sede de la soberanía nacional española) aprobó la ley de amnistía para los encausados ​​por el Proceso, el presidente del Parlament, Josep Rull, se ve en la necesidad de aclarar, en el curso de una entrevista, que “Puigdemont no será detenido en el Parlament”.

¿Por qué Rull tiene la necesidad de referirse a un escenario hipotético? Y sobre todo, ¿por qué Puigdemont debería ser detenido si está amnistiado? Esta es la pregunta que hay que repetir, por evidente que sea la respuesta, que es que entre la ley y la frase de Rull está el despecho del Tribunal Supremo, erigido en intérprete airado de “Puigdemont en prisión”, un grito del populacho justiciero que parece salido de una obra del tiempo de Calderón de la Barca, una especie de metonimia de la traición imperdonable en España.

Pero hay otra razón que explica la disonancia entre la amnistía y el sujeta y no enmendalla orgulloso del Supremo, que, sacando la espada, se ve obligado a sostenerla ya no envainarla por una cuestión de honor: ahora sí es posible el regreso de Puigdemont. El presidente en el exilio ha tenido seis años y ocho meses para pensar qué hace con su vida, y cuál sería su actitud en caso de encarcelamiento. Y volver ahora que está amnistiado es lo que corresponde en justicia. La posibilidad de ser detenido y preso es un incentivo para poner a España ante el espejo de Catalunya y de Europa. Es posible que el encarcelamiento tuviera ahora consecuencias menos coléricas que las que ocurrieron en la historia con el nombre de Urquinaona, pero la digestión del caso no será fácil para nadie; y si alguien quiere ahorrarse la vergüenza y los problemas de un estado de derecho fallido cuando debe aplicarse en Catalunya, que empiece a pensar cómo evitarlos.