Las elecciones del ‘non take-up’
Hemos entrado de lleno en la viciada carrera electoral. Empezamos a oír más estupideces de las habituales, demagogia escabrosa. Y no solo por parte de los políticos, también en el eco popular en las redes sociales, en los bares, en los hogares. Los medios de comunicación, algunos cada vez más especializados en la infoxicación, contribuyen a ello con creces.
¿De qué hablamos? Las derechas buscarán rehuir el problema de la vivienda y centrarse en Ceuta en lugar de Maricarmen. Básicamente harán culpable a la inmigración del empobrecimiento de la clase media y de la pérdida de identidad. Si vamos más al detalle, atribuirán a los recién llegados la culpa de los salarios bajos y el abuso o acaparamiento de los servicios y ayudas públicas. La responsabilidad de los sueldos debería recaer, en primer lugar, en quienes los pagan, no en quien los recibe, que es el eslabón débil del sistema... En fin. Pero ahora quiero centrarme en el segundo punto. En concreto en las ayudas, la paguita, que dicen algunos desde la comodidad del sofá.
Pongamos datos. Más de la mitad de las personas sin hogar de Cataluña son extranjeras (54%). El riesgo de pobreza es del 17,2% si tienes nacionalidad española y del 48,6% para los de fuera (y esto contando también a los expats). La tasa de non-take-up(personas que tienen derecho a ayudas pero no las reciben por desconocimiento o porque no saben cómo acceder a ellas) fue en 2025 del 64% en el ingreso mínimo vital. Todavía es peor con el complemento de ayuda para la infancia: el año pasado se quedaron sin él un 78% de los posibles beneficiarios, muchos niños migrantes o hijos de migrantes. Con la renta mínima garantizada el non-take-up se sitúa en el 30% (datos de 2022, las últimas disponibles).
Contra la idea de abuso, la realidad dice que hay infrautilización de las ayudas. La pobreza y la exclusión social a menudo van unidas y conforman un círculo vicioso. Las administraciones públicas y las entidades sociales no logran romperlo. No llegan ni de lejos a todos los afectados. Las barreras burocráticas, la digitalización, la telaraña institucional, las trabas al empadronamiento e incluso la vergüenza hacen que mucha gente en situación de precariedad manifiesta no reciba el apoyo que le correspondería, amparado por la Constitución –tan santificada por algunos– y por el Estatuto. ¿Somos o no somos un estado social y democrático de derecho? ¿Hasta qué punto es real la protección social?
La población de Cataluña que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social llega al 24,8% (uno de cada cinco). El 8,9% sufre privación material grave. Son porcentajes altos y enquistados. Casi cuatro de cada diez personas que trabajan perciben ingresos por debajo del salario mínimo, que ha pasado de 735 euros al mes en 2018 a 1.221 euros al mes en 2026. Aun así, actualmente tener trabajo no garantiza una vida digna. El problema de la vivienda ha agravado mucho la situación, y ha socializado el malestar también en la clase media. Los hogares con niños son los más precarios: un 30,8% están en riesgo de pobreza. El retrato robot de los que peor lo pasan sería una mujer inmigrada y racializada que vive sin papeles, sin pareja, que hace trabajitos de lo que puede y que tiene hijos a su cargo.
Pero si la cosa va como dicen las encuestas (todas menos el CIS), estas serán las elecciones del non-take-up: la mayoría votarán a la derecha y a la ultraderecha que, magnificando la sospecha de abusos, harán que las ayudas sociales públicas se reduzcan o que acceder a ellas sea todavía más complicado. Siguiendo el modelo de Ayuso en Madrid, también irán hacia la privatización (y no precisamente a través de entidades sociales sin ánimo de lucro) de los sistemas de salud y educación. Trumpismo de manual: rebaja de impuestos y un estado menos social. La labor de sustitución que hace el citado tercer sector será más necesaria que nunca. Pero estas entidades, que palpan cada día una dura realidad en la calle, están a la vez al límite de su capacidad de atención y en parte también dependen de los presupuestos públicos (unos presupuestos que, en el caso catalán, quedarán una vez más anclados en el déficit fiscal: no habrá nueva financiación). Si el 29-N los votos no desmienten las encuestas, los próximos años vamos hacia una sociedad más desigual, con un previsible aumento de la pobreza.
