Las elecciones y la vivienda

“¿Sabe un hombre cuándo ha acabado su época de relevancia? ¿Lo entiende? Lo sabe porque lo siente, pero no lo entiende. La agonía de la luz es una experiencia tan universal como incomprensible”, ha escrito Antonio Scurati.

Dos presidentes de la Generalitat, Companys y Tarradellas, regresaron con un gran apoyo social, uno en marzo de 1936, con la victoria del Frente Popular, y el otro en octubre de 1977 con la Transición. Dos momentos de cambio político en España.

El presidente Puigdemont ha estado nueve años en el exilio y regresa por la aplicación de una amnistía que el Tribunal Constitucional, con el apoyo del TJUE, ha declarado “justificada y de sentido común” contra la sentencia del Tribunal Supremo.

¿Es posible que el presidente Puigdemont considerara conveniente que su regreso coincidiera, como pasó con Companys y Tarradellas, con un hecho político relevante y capaz de cambiar el rumbo de la política española? No lo sabemos. En caso de que sí, podría ser una de las razones que han influido en el voto de Junts sobre los decretos de vivienda, que han precipitado unas elecciones generales y, todo parece indicar, la llegada al gobierno español de la derecha y la extrema derecha. Junts no desea este resultado final, sino que lo ve como una consecuencia de la incompetencia de los socialistas en una cuestión clave que afecta a España y Cataluña. El voto de Junts, pues, habría dejado este hecho en evidencia, más en España que en Cataluña. Siempre hay en Junts una voluntad de demostrar que el Estado no funciona y que el gobierno central es incompetente. Por eso le presentó al presidente Sánchez la propuesta de un nuevo decreto con unas medidas que sí estaban dispuestos a votar. "Ya lo hicimos con la ley de amnistía –vendría a decir Junts al PSOE– y tuvimos razón. Ahora es nuestro decreto el que funcionará".

Sea como sea, el presidente Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. ¿Había una mejor ocasión que ahora, para sus intereses? Necesitaba encontrar una razón electoralmente movilizadora, y la vivienda lo puede ser. Pero la cuestión sigue siendo la misma: ¿tenemos la solución? ¿La podemos explicar con credibilidad a la ciudadanía?

Si en España faltan 800.000 viviendas, que podrían costar unos 120.000 M€ sin el impacto del suelo, ¿de dónde salen, quién los financia, quién los construye y cómo se ponen en el mercado? El modelo para dar respuesta a este reto debe ser mayoritariamente vivienda público-privada, de alquiler social, financiada por capital público e inversión privada al 50%. Se trata de combinar préstamos a largo plazo del Estado (12.000 M€ al año, con endeudamiento durante cinco años por la parte pública, y un endeudamiento máximo de 60.000 M€) e inversiones de capital privado con seguridad de retorno a un interés del 5% con revaluación del activo por el crecimiento de la economía. Hay ahorro privado disponible: los últimos tres años el ahorro de las familias ha alcanzado máximos históricos. La cifra de inversión privada total en cinco años, que sería de 60.000 M€, se puede alcanzar.

En este modelo, el alquiler por vivienda sería de unos 8.000 €/año, el 30% de los ingresos de una familia de clase media-baja después de IRPF, que es de 25.000 €/año. Con este principio, el inversor privado no tiene casas, tiene acciones de una sociedad público-privada que alquila viviendas. Las acciones se pueden vender y comprar en el mercado de capitales. Quien pone el suelo a disposición del constructor, y esto es fundamental, deben ser los ayuntamientos, que tienen, y pueden aceptar un pago a 30 años con la garantía del Estado, porque aumentar la población del municipio genera riqueza y aumenta la recaudación fiscal.

Los números salen, pero hace falta un gestor público-privado en cada comunidad autónoma que saque adelante el modelo con la garantía del Estado. Hay modelos plausibles en Austria y Holanda con alquiler. En España se hizo en los 50, 60, 70, pero no con alquiler, sino con propiedad de cada familia. Pasados los años la gente se vendió las viviendas y esta capacidad se perdió, aunque cumplió la finalidad de producir casas para familias de economía reducida cuando se necesitaban.

En cinco años se pueden poner en el mercado las viviendas que necesitamos. El modelo es plausible. Tenemos las empresas, la capacidad administrativa y los medios materiales necesarios, capital, suelo, capacidad de construcción y gestión.

Ahora bien, la solución debe evitar el debate entre derecha e izquierda, que en este caso no es útil porque el reto es principalmente técnico. Lo que hace falta es una solución práctica realizable dentro del plazo y en la forma adecuada.

Sorprende, en este sentido, que en el debate del día 2 en el Congreso nadie hablara de qué solución específica necesitamos para hacer 800.000 viviendas en cinco años. El debate se limitó a los principios sociales y políticos, de justicia y de injusticia, a los fondos buitre... No era lo más importante. Lo era decidir cómo hacer lo que hay que hacer.