La energía eólica tendrá que crecer, también en el mar
El debate sobre el futuro parque eólico que se quiere hacer en la bahía de Roses está todavía muy encendido. En el territorio hay una plataforma muy activa que agrupa a varios sectores ecologistas y económicos que se oponen, pero desde la administración, tanto la catalana como la estatal, se tiene clara la apuesta por este tipo de energía y se querría que los proyectos pudieran empezar cuanto antes mejor.
Este año el ministerio para la Transición Ecológica tiene que aprobar los planes de ordenación de los espacios marítimos y convocar las primeras subastas de energía eólica marina de 2023, que serán las que determinarán en qué zonas y cuántos molinos se pueden poner en una primera fase. La competencia la tiene el Gobierno español porque la instalación proyectada se hace en aguas exteriores y tiene más de 50 MW de capacidad. Será Madrid, pues, como pasa muchas veces, quien tomará la decisión final, pero es responsabilidad de la Generalitat, y se ha comprometido a ello, velar porque todo este proceso se haga de manera consensuada con el territorio.
La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ya dijo hace meses que está de acuerdo con este parque eólico marino y que está consensuando con la empresa el proyecto para que se adapte a las demandas tanto de los pescadores como de los ecologistas. Los promotores del Parc Tramuntana también han dicho que están abiertos a adaptarse y proponen hacer una prueba piloto previa con entre 3 y 6 aerogeneradores que permitirán ver cómo será el funcionamiento.
El proyecto original consta de una treintena de aerogeneradores que tendrían 258 metros de altura y estarían a 24 kilómetros de Roses mar adentro. La medida exacta dependerá de lo que defina la subasta del ministerio y podría ser que se presentaran también otros proyectos porque el sector de las renovables, y más ahora con todas las ayudas europeas previstas, se está convirtiendo en un polo de atracción para las grandes multinacionales que quieren hacer la transición hacia las renovables.
Para la Generalitat, este proyecto puede ser fundamental para contribuir a la descarbonización de Catalunya y no podrá ser el único si se quiere revertir el retraso imperdonable que hay ahora en la implementación de la energía renovable. Estamos casi a la cola del Estado en renovables y, con el horizonte del cierre de las nucleares, los objetivos de reducir las emisiones por el cambio climático y la necesidad de ser más autosuficientes energéticamente, está claro que tiene que ser una apuesta prioritaria.
Sin embargo, lo que no puede pasar es que la resolución de Madrid llegue sin que haya habido previamente un pacto entre administraciones y, sobre todo, con el territorio. En el primer caso, el diálogo y el acuerdo de estrategias tendrían que ser uno de los ejes prioritarios del Govern para evitar imposiciones que no se avengan con la estrategia de país. En el segundo, tendría que ser el Govern el que liderara el debate y el diálogo con el territorio. Habrá que convencer de la necesidad de la infraestructura, pactar si hace falta las compensaciones y asegurar que unas infraestructuras básicas para todo el país tienen una distribución equitativa por todo el territorio.
