Las estrategias del Proceso hasta hoy

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Imagen de archivo en el coche del expresidente y candidato de Junts el 12-M Carles Puigdemont.
23/10/2026 - 20:08 h
Analista de paz, conflictos y negociaciones

Una vez aplicada del todo la amnistía, el Procés se puede leer desde las estrategias de negociación de conflictos políticos. En el texto que sigue se identifican cerca de cuarenta estrategias diferentes con sus correspondientes acciones. Algunas fueron aciertos claros y otras, errores evidentes, en ambos bandos. Entre 2015 y 2019 el independentismo y el Estado chocaron frontalmente, y casi todas las herramientas que utilizaron eran de presión y de suma cero. El soberanismo convirtió las autonómicas de 2015 en unas elecciones plebiscitarias y presentó aquel momento como una excepcionalidad histórica única e irrepetible. Se apoyó en la movilización social masiva, en la desobediencia civil de las leyes de desconexión y del 1-O y en una escalada mal calculada. Con la DUI intentó fabricar un punto de no retorno que en realidad no existía. Este fue uno de los errores importantes: se generaron unas expectativas que no se podían cumplir. El Estado, por su parte, deslegitimó al Govern como interlocutor e invocó la doctrina de la no injerencia para cerrar cualquier mediación exterior. Durante el 1-O la policía actuó sin ningún protocolo de desescalada pactado, y después el Estado aplicó el 155 junto con la judicialización penal, en una escala dosificada de la represión. Además, empeoró deliberadamente la alternativa de no acuerdo del independentismo, con la presión de la interdependencia económica (la salida de empresas) y el aislamiento internacional. El exilio respondió con la internacionalización estratégica, la paradiplomacia y el recurso a instancias europeas, y las euroórdenes fueron el campo de batalla. Ambos bandos cayeron en el sesgo de atribución hostil y convirtieron la dimensión emocional en un campo de batalla. En el campo independentista, la incapacidad de construir una plataforma de coalición unificada acabó rompiendo a ERC, Junts y la CUP. En el del Estado, el gran espóiler estructural (el elemento que lo revienta todo) fue la ausencia de un pacto de Estado con el PP.

Desde 2018, y sobre todo desde 2021, el conflicto pasó de la calle a la vía institucional, y la aritmética parlamentaria fue la palanca decisiva. El gobierno español aplicó medidas de gracia de manera gradual: indultos, reforma penal de la sedición y la malversación, y la ley de amnistía. Cada paso funcionó como un gesto de confianza progresivo y como una garantía de salida digna, con eufemismos técnicos como "desórdenes públicos agravados" o "normalización". Hubo una doble mesa de legitimidad: la mesa de diálogo con ERC era la formal, y el canal discreto con Junts en Suiza, con un mediador internacional y mucha diplomacia del silencio, era el real. También se recurrió a la ambigüedad constructiva sobre el "conflicto político" y el "reconocimiento nacional", y a la compartimentación temática, que separó la amnistía del referéndum. La agenda se amplió con la financiación singular, la condonación del FLA, Rodalies y el catalán en la UE, de manera que había más cosas que repartir. Con Illa el clima se desescaló: se congelaron los símbolos conflictivos y se desarmó la palabra. Cada parte pudo presentar la amnistía como una victoria propia, y este es uno de los grandes aciertos del periodo. Aun así, el proceso ha sido frágil. Junts rompió con el PSOE en 2025 con una amenaza de abandono de la mesa. Además, la resistencia del Supremo a amnistiar la malversación mostró que el poder judicial podía hacer de espóiler y que lo que se había pactado era fácilmente reversible. El aval del Constitucional de octubre de 2026 cierra esta vía y hace efectivas las garantías personales y el retorno de los exiliados. Todavía queda pendiente casi todo lo que daría estabilidad al acuerdo: un pacto previo sobre las reglas del juego, una reforma estatutaria o constitucional pactada con validación democrática, pactos transversales que lo protejan de un cambio de gobierno, mecanismos de garantía y verificación, y políticas de memoria y reparación. En resumen, se han desjudicializado a las personas, pero el conflicto de fondo continúa abierto.

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